La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ganó relevancia cuando trató una ampliación del universo de beneficiarios de las jubilaciones extraordinarias que otorga el Instituto de Previsión Social bonaerense, de tal manera que los ex intendentes también gocen de las mismas prerrogativas que actualmente poseen los ex gobernadores, ex vicegobernadores y ex legisladores provinciales.

El tema rápidamente obligó a las máximas autoridades a fijar posición.

Tanto desde la propia Presidencia de la Nación como desde la gobernación se instruyó a la “segunda línea” que manifieste su oposición sobre esta posibilidad que surgió, ya se sabe, como un “reclamo puntual” de intendentes que participaron de una “reunión ejecutiva” del partido del Gobierno, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El tratamiento del expediente D-1135-07-08, que establecía las modificaciones a la ley 5.675, reveló, una vez más, la “inconsistencia” de la conducción del bloque del FpV -primera minoría-, la “distancia que separa” a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las negociaciones y quienes se “limitan” a respaldar esas acciones y, finalmente, se puso en duda la “eficacia de la metodología” que esa conducción viene desarrollando desde que asumió.

También, el rechazo de la sociedad en torno de la cuestión hizo reflexionar a más de un diputado que se preguntaban: ¿cómo es posible firmar un proyecto, luego votarlo y finalmente tener el tupé de decir que no se está de acuerdo con ese proyecto?

Hay que resaltar que muchos diputados sostuvieron su posición de aprobar el proyecto, que incluye a los ex intendentes entre los “privilegiados”, con el argumento de que si existe para los legisladores también deberían ellos -los intendentes- gozar de esos beneficios.

Planteada así la cuestión empezó a cobrar forma y se “dobló la apuesta”. Y algunos diputados que firmaron, y por consiguiente son coautores del proyecto de ampliación de la ley Mercante, ahora pretenden avanzar en la derogación de la iniciativa.

La táctica legislativa implica, en principio, “descomprimir” vía “acuerdo de caballeros” para estudiar la cuestión a fondo y trabajar los consensos, pero con “pronunciamiento” sobre la cuestión de fondo.

Las opciones que se “tiraron a rodar” son de todos los colores. Algunos sostienen que se deberían modificar los requisitos para acceder a los beneficios y así poder extenderlo a los intendentes.

Otros entienden que los legisladores no deberían ser contemplados en la normativa, por lo que se caería el ingreso de los intendentes y también están aquellos que directamente hablan de derogación. Pero también hay otra categoría de actores -que algunos denominan “los santiagueños”- que confían en que no hay que hacer nada y no son muy locuaces.

Jubilaciones

El Estado bonaerense debe pagar más de un millón y medio de pesos por mes para cubrir las jubilaciones de privilegio de 154 ex funcionarios -o sus viudas, ex esposas o hijos- que hicieron el trámite en el Instituto de Previsión Social para ser beneficiados con la llamada “ley Mercante”.

La suma total de erogaciones alcanza casi los 20 millones de pesos anuales, que se reparten entre los ex funcionarios por haber ejercido los cargos de gobernador, vicegobernador o legislador bonaerense, con o sin mandato cumplido.

Comparaciones odiosas

Veinte millones también es el presupuesto, por caso, del Hospital de Junín, donde se atiende a 200 mil personas al año, tiene 180 camas, 18 mil consultas odontológicas y 7.000 egresos.

La ley que otorga jubilaciones de privilegio a ex gobernadores y ex legisladores bonaerenses rige desde hace más de medio siglo en la provincia de Buenos Aires. En esos 54 años sólo una vez se modificó: en 1993 se aprobó una reforma para que ningún ex gobernador cobrara una jubilación de privilegio menor al 82 por ciento móvil del sueldo de un gobernador en actividad. Es decir para aumentar el privilegio.

Desde ese año no se volvió a hablar de las jubilaciones para ex funcionarios, hasta que la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Ismael Passaglia, dio media sanción al polémico proyecto que extiende la ley 5.675 -promulgada por el gobernador Domingo Mercante- a los intendentes de la Provincia.

El proyecto fue consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria, donde participan todos los bloques políticos constituidos. Fue votado sólo por las bancadas del kirchnerista FpV y el PJ luego que los demás bloques abandonarán la sesión por la aprobación de la ley de Educación. Se votó “sobre tablas”, sin haber pasado por comisión alguna de la Cámara baja y con el aval (léase firma) de 12 diputados del PJ, 11 del FpV y 1 de la UCR. Y sin discusión.

¿Salida?

El compromiso sellado en la reunión de Labor Parlamentaria, que siguió a la polémica sesión, permitió que el bloque del ARI pida el tratamiento sobre tablas de una iniciativa que solicitaba la derogación de la ley Mercante pero sin discursos. La moción de tratamiento fue rechazada y pasó a comisiones para ser analizada junto con otras propuestas que ya tenían estado parlamentario sobre la misma cuestión.

Pero entre tantos, dimes y diretes en Diputados, recientemente en el Senado bonaerense se presentó un proyecto que establece en su artículo 1° la derogación de la ley 5.675 que instituye el régimen previsional para ex gobernadores y ex vicegobernadores y jubilación o retiro extraordinario a ex legisladores de la provincia de Buenos Aires.

En su artículo 2° consigna que se derogue la ley 8.320 que instituye el régimen previsional provincial para Legisladores de ambas Cámaras de la Legislatura provincial, según texto ordenado por el Decreto Nº 1066 del 12 de mayo de 1995.