La regulación de la actividad tabacalera ha generado un debate que provoca pasiones encontradas en el Congreso Nacional. Durante los últimos tiempos, se presentaron en ambas Cámaras numerosos proyectos al respecto. Sin embargo, las posiciones enfrentadas no permiten seguir adelante con ninguno de ellos.

Por un lado, el proyecto de ley impulsado desde 2005 por el ministro de Salud, Ginés González García, que busca entre otras cuestiones prohibir fumar en espacios públicos cerrados y limitar la venta y la publicidad de cigarrillos ha sufrido diversos contratiempos. A tal punto que perdió estado parlamentario y debió ser presentado nuevamente en abril de este año.

Otra iniciativa, con propuestas más extremas que el proyecto de Ginés, fue presentada recientemente por un grupo de diputados de las comisiones de Salud y Acción Social y Prevención de las Adicciones, quienes le dieron dictamen favorable en tiempo récord e intentaron habilitarla para su tratamiento en el recinto.

La discusión parece dormirse o acelerarse en función de los tiempos políticos más que atentos a las necesidades de la sociedad. Ante estos cambios, ¿cuál es la posición de la industria? Parlamentario consultó a Nobleza Piccardo, una de las compañías líderes del mercado con más de 100 años de trayectoria en el país. Facundo Etchebehere, director de Asuntos Corporativos, señaló que apoyan la idea de “sancionar una normativa que permita alcanzar el objetivo de proteger la salud de la población, y que a la vez establezca un marco regulatorio razonable que dé previsibilidad a la industria, regulando razonable y equilibradamente a toda la cadena de valor de la actividad tabacalera, es decir la producción, comercialización y consumo del producto”.

En algunos distritos, como la ciudad de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tucumán han avanzado con normativas para restringir o incluso prohibir en algunos casos el consumo y la publicidad del producto. La dispersión normativa no parece ser el camino más conveniente. El directivo de Nobleza Piccardo aseguró que “si bien los objetivos son compartidos, es necesario aprobar un marco regulatorio nacional que contemple a todos los sectores involucrados: comunidad científica, productores, distribuidores, kiosqueros e industria tabacalera”.

En el mismo sentido, Etchebehere considera esencial que “la regulación que se apruebe, permita ordenar al sector dentro de parámetros coherentes, claros y precisos. Ya que el peor escenario es el de la incertidumbre”.

Respecto al debate legislativo, la industria tabacalera evalúa que es conveniente evitar las posiciones extremas. “No es cierto que una regulación excesivamente estricta reduzca en forma automática el consumo de tabaco. La experiencia internacional demuestra que muchas regulaciones exageradas son contraproducentes”, afirman en la empresa que produce Camel, Lucky Strike, Viceroy y los tradicionales Jockey y Parisiennes, entre otras marcas.

En la visión del sector, el debate no debe plantearse en torno de la opción entre prohibir el tabaco y dejar las cosas como están. El responsable de Nobleza Piccardo considera que se trata de “una falsa antinomia que sólo contribuye a impedir encontrar una solución de fondo. Es necesario regular, con principios claros, razonables y equilibrados, que consideren la totalidad de los aspectos que derivan de una regulación en este sentido”.

Por otra parte, “generar regulaciones extremas iguala a la industria formal con la informal, colocando a la primera en desventaja frente al contrabando y a la actividad ilegal”, aseguró Etchebehere.

La industria cree que existen alternativas que facilitan la convivencia entre quienes eligen fumar y quienes no lo hacen. “Los legisladores pueden facilitar el ámbito de discusión entre todos los actores que directa e indirectamente tienen que ver con la industria”, afirma el directivo de la tabacalera, y advierte que “es imprescindible tener en cuenta que la excesiva discrecionalidad de la autoridad regulatoria puede ser una herramienta peligrosa. La previsiblidad sólo estará dada por una ley que no deje en manos del funcionario de turno determinaciones de fondo”.

El desafío que se plantea es cómo motorizar el cambio cultural de toda la sociedad y en esta cuestión los legisladores tienen un rol importante para construir esos consensos. La problemática es amplia y por ello debería ser discutida por comisiones como las de Comercio, Industria, Economías Regionales o Presupuesto y Hacienda, además de Salud o Prevención de las Adicciones. Es difícil que en un año electoral el Congreso logre establecer estos acuerdos, pero todo indica que sería conveniente en el largo plazo tanto para la industria como para la sociedad en general.