El proyecto que envió el Poder Ejecutivo para reformar el Código de Justicia Militar será analizado el próximo 22 de agosto en la Comisión de Defensa de la Cámara baja. Los diputados deberán emitir un dictamen favorable y luego tratarlo en el recinto de manera rápida ya que es un compromiso pendiente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El eje principal de las reformas está centrado en establecer que los delitos militares se juzguen en los mismos tribunales que los de carácter civil. Además, la eliminación definitiva de la pena de muerte y la prohibición para que los homosexuales accedan a las Fuerzas Armadas.

Otro punto saliente del proyecto consiste en el otorgamiento de garantías de defensa en un pleito judicial, donde será libre la elección de un abogado, lo que hasta ahora no era un derecho para los militares.

Al igual que todos los proyectos que envió el Ejecutivo, ya existían varias iniciativas para cambiar algún aspecto del Código, pero éstas no son tenidas en cuenta y el debate se lleva a cabo sabiendo que es muy difícil cambiar algún artículo. En estas condiciones trabaja tanto el Senado como Diputados, por lo que es una queja constante de la oposición.

En este caso, el sector político que se opone a esta reforma proviene del PRO, cuyo referente en la materia, la diputada Nora Ginzburg, disparó que “no es un avance para los derechos humanos, es una barrabasada”. “Ninguno de los otros países que pasaron por dictaduras feroces derogó el fuero militar, porque eso significará destruir principios básicos como los de jerarquía y disciplina”, aseveró la legisladora.

A pesar de la queja de la oposición por el escaso debate, este tema fue uno de los que tuvieron mayor exposición en comisión, con reuniones conjuntas de la Comisión de Defensa con Legislación Penal de la Cámara baja, donde participaron la ministra de Defensa, Nilda Garré, el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, y el coronel auditor Manuel Lozano, quien es asesor jurídico de la Dirección de Planeamiento del Estado Mayor General del Ejército y en la actualidad se encuentra en comisión en la Auditoría General de las Fuerzas Armadas.

En junio de este año se hizo presente, en una de las reuniones conjuntas, la ministra, quien defendió el proyecto alegando que “básicamente es una iniciativa que aspira a que las mismas garantías que tenemos cada uno de nosotros también alcancen a los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

En aquella oportunidad, también la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Rosario Romero, expresó que “la derogación de dicho Código, de la mano de la introducción en nuestro Código Penal de los delitos cometidos por personal militar, será un avance, como sin duda lo será la otra parte que este proyecto contiene, que se refiere al tratamiento de las faltas disciplinarias. Este abordaje tendrá en cuenta el derecho de defensa, para salir de un proceso eminentemente inquisitivo y avanzar hacia un proceso donde el imputado realmente pueda ejercer su derecho de defensa”.

La misma ministra dejó en claro que existía una urgencia porque el Estado argentino fue intimado a reformar el Código por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia que elevó el capitán Rodolfo Correa Belisle, sancionado por declarar contra sus superiores en el caso Carrasco. Esto dejó sentado que en las próximas sesiones se aprobará en Diputados.