Por Pablo Winokur

Una de las principales víctimas de la crisis de 2001/02 fueron los partidos políticos. El “que se vayan todos” no logró un recambio dirigencial, pero sí consiguió que desaparecieran de la vida ciudadana los partidos, que fueron reemplazados por figuras mediáticas o billeteras circunstanciales.

Desde el retorno de la democracia hasta ahora, la Argentina era un país con un sistema de partidos ordenado, con dos estructuras políticas que, finalmente, lograron democratizarse y estructurarse: el peronismo y la UCR.

El peronismo -históricamente autodefinido como “movimiento”- sentó sus bases y devino en un partido político moderno, con estructura partidaria y en donde las candidaturas se definían en forma democrática. La elección interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero fue un cabal ejemplo de esto.

En el radicalismo nunca habían tenido mayores problemas. De hecho, un viejo chiste dice que para el partido centenario gobernar es un mal que sucede entre interna e interna. Más allá de las fracturas que sufrió a lo largo de la historia (“se rompe pero no se dobla”), la UCR siempre tuvo más clara la forma en que se definirían las candidaturas.

Un bipartidismo clásico con una tercera fuerza rotativa, que podría servir de árbitro en alguna elección o en el Parlamento a la hora de gobernar (PI, UCeDé, Frepaso, AR, etc...). Así se definió hasta el 2001 el sistema político argentino. Pero la crisis se los devoró y hoy estamos como estamos. Ahora el eje del sistema vuelve a estar en torno de una persona (K o anti K) y ese dilema atravesó transversalmente a distintos partidos históricos como el radicalismo, el socialismo e incluso el propio peronismo.
Entre los polos opositores que surgen ninguno parece trascender el personalismo: Macri, Lavagna y Carrió no logran constituir espacios políticos que trasciendan sus nombres, mientras que el PJ anti K no logra sumar un nombre que traccione votos reales.

La Justicia interviene

En este marco, con el Partido Justicialista intervenido hace ya tres años y la UCR con serios problemas para disciplinar a todos sus integrantes de acuerdo con la voluntad de su cúpula directiva, la Justicia Electoral acaba de crear un Consejo Consultivo de Partidos Políticos que sirva como marco para debatir el presente y futuro de las estructuras. La idea es acordar un temario de discusión con los 39 partidos nacionales antes del 28 de octubre de este año (fecha de las elecciones nacionales) y que esto permita escuchar las causas por las que estos no convocan a elecciones internas para definir las candidaturas.

Según la resolución, firmada por los jueces Rodolfo Emilio Munné, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corchera, la creación de un cuerpo de estas características está fundado en el modelo de países como Panamá, México y Nicaragua. También Costa Rica dispuso una medida similar, a partir de la creación de un Consejo de carácter consultivo para servir de “vínculo permanente” entre el Tribunal Electoral de ese país con las agrupaciones políticas, “a los efectos de que por su medio puedan contribuir en la actualización y mejoramiento continuo de la institucionalidad y los procesos electorales, así como la normativa que los rige”.

La idea en este marco es que los partidos puedan expresar cabalmente los motivos por los cuales no pueden convocar a internas partidarias para definir candidaturas. La mayoría de ellos aduce que la estructura no les permitiría generar tamaño esfuerzo logístico y presupuestario. Sin embargo, aquellos con mayor estructura -como el PJ y la UCR- tampoco lo hacen.

Hasta ahora no hay mayores precisiones sobre los alcances de este nuevo Consejo. De hecho, Parlamentario se contactó con distintos referentes de los partidos nacionales con representación en el Congreso quienes aseguraron que hasta ahora sólo se enteraron del tema por los diarios y todavía no fueron convocados. El tono osciló entre la cautela y el escepticismo.

Para qué sirven los partidos

Los partidos políticos le dan previsibilidad al sistema democrático. Cuando las decisiones políticas son tomadas por hombres (o mujeres), éstas quedan libradas al capricho o voluntad de esa persona. Si las decisiones son tomadas por estructuras, éstas se hacen más previsibles y estables en el tiempo.

Sin embargo, no se deben equivocar los conceptos. Muchas veces se habla de la necesidad de internas abiertas para consolidar y democratizar a los partidos, pero quedó demostrado que no es ésta, en sí misma, la salvación del sistema: así se observó cuando se sancionó la ley 25.611 -que entre otros puntos dictaba las internas abiertas y obligatorias- que nunca fue puesta en práctica plenamente y tuvo que ser derogada en diciembre pasado.

Las elecciones internas abiertas son sólo uno de los mecanismos para elegir candidatos. Las “primarias”, como a veces se denominan, son un mecanismo que funciona muy bien en los Estados Unidos, pero no tiene por qué ser trasladable a otro país donde la realidad es absolutamente distinta. Aquí las internas funcionaron muy bien (el ejemplo de Menem vs. Cafiero es un buen ejemplo) y también lo han hecho las internas abiertas (pero no obligatorias) en casos como el Frepaso en 1995 (Chacho vs. Bordón) o la Alianza en 1999 (De la Rúa vs. Fernández Meijide). Otros ejemplos se podrían poner a nivel subnacional.

Ambos sistemas funcionaron bien en esa Argentina, pero nada garantizaría que funcionen en ésta en que los partidos no existen y buena parte de esos 39 son sellos de goma. Los partidos son débiles y someterlos a internas obligatorias podría generar un desgaste muy grande y sin sentido. ¿Contra quién debería competir Elisa Carrió en una interna? ¿Contra Eduardo Macaluse? ¿Contra Patricia Bullrich? ¿Contra quién debería competir Cristina? ¿Contra Nilda Garré o contra su marido? ¿Y qué pasa si éste no quiere ser reelecto? ¿Se lo debe obligar por ley?

La respuesta a los problemas internos de los partidos políticos argentinos no se debe buscar en el sistema electoral: no se puede imponer por ley un sistema de selección interno, como ya quedó demostrado. Pero sí es posible probar otros mecanismos, como el prohibir a una persona afiliada a un partido presentarse a través de otra lista (es decir, o se desafilia o se prohíbe su postulación) o incluso derogar la denominada ley de neolemas (que permite a un mismo partido presentar distintas fórmulas).