Se echó a rodar el rumor: antes de fin de año la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobaría el proyecto que busca implementar, en el territorio bonaerense, la denominada AFIP provincial o, mejor dicho, la Administración de Recursos Provinciales, área autárquica del Ministerio de Economía, que reunirá a las actuales Dirección Provincial de Rentas, de Catastro y de Servicios Informáticos.

El proyecto de la diputada Dulce Granados ya está en manos de Felipe Solá, Daniel Scioli, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y la Comisión de Presupuesto que preside Nicolás Dalesio, coautor -junto al presidente de la bancada del FpV Fernando Navarro- de la iniciativa.

La idea es que sea aprobada antes del término de la actual gestión, para que quede como “herramienta” para la próxima Administración, conforme a la idea del aspirante oficial, según informaron fuentes ligadas al actual recaudador Santiago Montoya, que en persona se muestra distante.

En tanto, las partes se encuentran realizando las modificaciones pertinentes -las cuales, según advierten fuentes legislativas, “serán muchas”- antes que sea tratado en los recintos.

La iniciativa, que tiene como antecedente próximo una idea del propio Montoya, fue, en su momento, relativizada por el ex ministro Gerardo Otero, aunque ahora, tiene la venia “parcial” de Fernández, quien pretende introducirle algunos cambios aunque la estructura original se mantendrá tal cual está.

Sin embargo, para que la norma vea la luz, deberá enfrentar el veto proveniente de Balcarce 50, que teme que otras provincias traten de imitar la creación de este organismo. De todas formas, advierten que el candidato está “convencido” de realizar la reforma. Un ponzoñoso observador preguntó si el proyecto lo había presentado el “macrismo”.

Se suscribe en el proyecto que está en evaluación la figura del administrador provincial, quien “estará facultado para impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la Administración de Recursos Provinciales a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración”.

La nueva dependencia podrá “ejercer las funciones de juez administrativo” y “conceder esperas para el pago de tributos”, además de “requerir directamente el auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad y policiales para el cumplimiento de sus funciones y facultades, sin perjuicio del ejercicio de sus propias atribuciones”.

Otra de las atribuciones que se le asignan es la de “solicitar y prestar colaboración e informes, en forma directa, a organismos internacionales competentes en la materia”.
En tanto, su patrimonio estará formado por todos los bienes “que le asigne el Estado Provincial y por aquellos que les sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica, quedándole afectados íntegramente los bienes propios, los cedidos en uso, créditos, derechos y obligaciones de la Dirección Provincial de Rentas, de Catastro y de Servicios Informáticos”.

El candidato

El candidato a gobernador por el oficialismo, Daniel Scioli, afirmó que sus mayores preocupaciones pasan por la “seguridad y una mayor recaudación”, dos ítem que generaron más de una controversia con la actual Administración provincial.

Por caso, la recaudación le valió el enojo por parte de Felipe Solá, quien lo cruzó desde EE.UU. -donde estaba de gira para pedir créditos al BID y BM-, aunque luego intentó sanear diferencias a su regreso tras una hermética charla.

La preocupación de Scioli sobre la cuestión es interpretada por algunos como un apoyo al proyecto en estudio.

Luego que la noticia -sobre la creación de una AFIP en la provincia de Buenos Aires- se conociera, el ex titular de la DGI, Luis María Peña, vio como innecesaria dicha iniciativa.

“La Dirección de Rentas, como está ahora, es la AFIP bonaerense”, expresó el ex funcionario, al tiempo que aseguró que “las facultades que tienen las direcciones de Rentas de las provincias las ejercen con la plenitud con la que pueden ejercerla, es decir que nunca van a poder inmiscuirse en cuestiones que están regidas por los códigos de fondo, vale decir que la ley Penal Tributaria no la va a poder aplicar porque son facultad del Gobierno federal”. Además, insistió que ya se cuenta con “todas las facultades posibles y las está ejerciendo con plenitud” el organismo actual y calificó, como balance final, de “imposible” sancionar una ley Penal Tributaria” como se esbozó en algunos ámbitos no del todo definidos.

Nuevamente aparecieron “luces rojas” en algunos ámbitos sobre los límites y posibilidades que tendría el nuevo organismo, básicamente en aquellos que tratan de mantener informados a los funcionarios del Gobierno Nacional.