Por Pablo Winokur

En los últimos días el Gobierno Nacional dispuso un nuevo aumento para los jubilados, en todas sus escalas. La noticia obviamente fue recibida con mucho entusiasmo por los jubilados, pero dejó un sabor amargo para los especialistas en la materia. Nadie puede estar en contra de un aumento en las jubilaciones, pero sí en la forma en que éstos se asignan.

¿Por dónde pasa el problema? La ley argentina, Constitución Nacional incluida, garantiza la movilidad de los haberes jubilatorios. Y la Corte Suprema de Justicia falló, hace ya un año, en el caso “Badaro, Adolfo Valentín c/ANSeS s/reajustes varios”, que obliga a que el Congreso dicte una ley al respecto.

Sin embargo, pasado un año, sólo hubo promesas y pocas respuestas; muchos proyectos y pocas resoluciones. Y así seguirá, al menos que la Corte reaccione y vuelva a tomar cartas en el asunto.

Oídos sordos

En agosto de 2006 la Corte Suprema de Justicia ordenó actualizar los haberes jubilatorios en función de criterios objetivos. Aseguró que la movilidad está garantizada en el artículo 14 bis (ver recuadro) y que dicho criterio debe ser razonable y no desconocer el derecho del beneficiario a una subsistencia digna, acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral.

Lo más interesante es que el fallo, en su punto 15, asegura que la movilidad “no es un reajuste por inflación, sino que es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecido de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores...”.

Dicho esto, el Congreso debió ponerse a trabajar para subsanar la situación. ¿Por qué no se trató hasta ahora? En la Cámara alta, Gerardo Morales -titular de la Comisión de Trabajo- se defiende por la mora y tira la pelota al oficialismo. “Nosotros estuvimos todo el año convocando a sesiones para tratar éste y otros temas sobre los cuales hay muchos proyectos en la Comisión, pero lamentablemente el oficialismo no está dispuesto a dar el quórum necesario para que las reuniones prosperen. Es una lástima porque, además, ya anunciaron que no harán más sesiones hasta las elecciones de octubre”, dijo a Parlamentario.

Desde el oficialismo se defienden y aseguran que el tema de la movilidad requiere más tiempo de análisis, lo cual no es sencillo en un año electoral y con tan pocas sesiones. No obstante, destacaron que el presidente Néstor Kirchner tuvo una voluntad histórica de mejorar la posición de los jubilados y aseguran que es “el que más aumentos dio en la historia”.

Pero no todos coinciden con esto. Consultado sobre el tema, el diputado del PRO Luis Galvalisi se animó a cuestionarlo. “Cuando el Presidente habla de la mejora de las jubilaciones, solamente incluye en su agenda a aquellos jubilados que cobraban la mínima”. Recordó, además, que todos los aumentos dejan la jubilación “muy por debajo de la línea de la indigencia”. El legislador denunció además que la caja superavitaria del ANSeS se está utilizando para financiar otras cuestiones como la deuda pública.

Por izquierda -aunque en este caso los extremos parecen juntarse- María América González también criticó la falta de respuestas del Gobierno y elaboró, junto a Claudio Lozano, una propuesta que plantea un mínimo ambicioso, incluso para quienes no aportaron. Pero no se ilusiona con que una propuesta así pueda prosperar en este gobierno. “El sistema previsional no es ajeno a la lógica distributiva en la que está inserto”, aseguró.

Proyectos varios

Entre ambas cámaras hay 28 proyectos de ley en estado parlamentario que intentan regular el tema de la movilidad jubilatoria. De ellos, sólo ocho son de autoría de legisladores oficialistas. El resto es de la oposición.

Entre las posiciones, las hay variadas. Desde los más ambiciosos, hasta los más racionales. Otros, como uno de autoría de Susana Genem, sólo dicta un aumento similar a los que dio el Poder Ejecutivo y patea el tema para adelante.

En el medio están los que simplemente piden la restitución del 82% móvil, como los de Raúl Solanas, Francisco “el Barba” Gutiérrez o los sanjuaninos Roberto Basualdo y César Gioja, Luis Barrionuevo, entre otros. Ricardo Gómez Diez también establece ese porcentaje, pero agrega una recomposición por CER hasta tanto se termine de ajustar la movilidad.

Otras propuestas también piden que se ajuste por el índice de precios al consumidor (IPC). El hombre de Recrear Hugo Martín y los radicales Alejandro Nievas y Miguel Angel Giubergia sugirieron que el ajuste se haga en forma trimestral de acuerdo al incremento del IPC. Claro que esta propuesta deja relegado al Ejecutivo la facultad de aumentar las jubilaciones a través del Presupuesto. El mecanismo del IPC sólo serviría para que la inflación no se devore los ya alicaídos haberes, pero no los pondría en una escala digna: al menos no sin la voluntad política del Ejecutivo de turno.

Otras ideas son más ambiciosas. Por ejemplo, el hombre del PRS, Carlos “Querubín” Sosa, dicta la vuelta a la movilidad por sector económico, pero además establece un piso equivalente al 50% del mínimo para quienes no hicieron ningún aporte. María América González y Claudio Lozano también plantean un mecanismo alternativo. Crea un Coeficiente de Actualización y Garantía de Movilidad (CAM) que se compone en un 50% por el aumento del salario de los trabajadores registrados, en un 23% por el aumento de los recursos previsionales y en un 27% por el aumento de los recursos fiscales aplicados al sistema previsional. Lo interesante de esto es que nunca la jubilación será inferior a esto, además de garantizar el 82% móvil. También promueven una asignación universal, que según los cálculos podría financiarse muy fácilmente con los recursos existentes en el sistema.

Debate de fondo

El problema y el debate que aparece entre los juristas tiene que ver con qué pasaría si la Corte se expidiera y dictara la obligatoriedad de la movilidad, pero el Congreso y el Ejecutivo hicieron caso omiso a dicho pedido. ¿No estaría la Corte limando su poder al emitir fallos que no se cumplen? Esto mismo podría ser aplicado al caso de la limpieza del Riachuelo.

Sin embargo, esto no sería así. Según diversos constitucionalistas consultados por Parlamentario este tipo de iniciativas, por parte del Poder Judicial, responderían a toda una tendencia internacional denominada “Cortes Activistas”: se trata de que los magistrados generan fallos que actúan creando nuevos derechos y que promueven que el poder político actúe.

Justamente el Congreso se aprestó a tratar la Ley del Divorcio una vez que un fallo judicial dictó inconstitucional la Ley de Matrimonio Civil previa a 1987. También se animan a señalar que recientes fallos contra la despenalización de la tenencia de estupefacientes podrían inducir a que el Congreso modifique la legislación.

¿Podrá entonces la Corte generar la presión suficiente para que el Gobierno avale mecanismos más transparentes de aumentos en los haberes jubilatorios? El tiempo lo dirá. Por ahora, según concuerdan propios y ajenos, el amperímetro no se moverá hasta pasadas las elecciones.