Tras el polémico caso de Shell, surgieron, desde distintas partes, advertencias sobre actitudes intimidatorias por parte del Poder Ejecutivo bajo la presión de la Ley de Abastecimiento, una norma que sigue generando gran polémica.

El puntapié inicial de estas advertencias lo dio, hace pocos días, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entidad que denunció que la utilización de la suspendida ley de abastecimiento es “ilegal y arbitraria” y destacó que las acusaciones oficiales que pesan sobre la petrolera Shell por este tema “constituyen un caso paradigmático de esa ilegalidad”.

Mediante un comunicado, firmado por su presidente, Enrique del Carril, y por su secretario, Héctor Huici, la entidad profesional advirtió sobre las consecuencias que puede tener para la economía argentina la aplicación de esa ley. “Su resolución dejará asentada una trascendente perspectiva para el país que, en definitiva, afectará la cantidad y tipo de inversión con el que se construirá la economía nacional en los próximos años”, señaló. La polémica Ley 20.680 de Abastecimiento fue sancionada el 24 junio de 1974 y prevé para las empresas o establecimientos que no la cumplan sanciones que van desde multas y clausuras hasta cuatro años de prisión. Después de algunos intentos de aplicación en los 70, el gobierno de Néstor Kirchner la aplicó por primera vez en diciembre del 2005, cuando impuso a la petrolera Shell una multa por 23 millones de pesos, tras argumentar que desabasteció al mercado de gasoil.

No obstante, la vigencia de la Ley de Abastecimiento fue muy cuestionada desde algunos sectores. Cabe recordar que la misma está suspendida, pero no derogada; es decir que tiene vigencia de aplicación, al menos en tanto sigan en vigencia la emergencia económica y pública.

Consultado por este tema, el diputado del PRO Capital Federal Luis Galvalisi explicó a Parlamentario que la Ley de Abastecimiento “es como la de Coparticipación, está vigente pero en el aire, no se aplica, porque hay normativas previas para que quede en suspenso, por ejemplo los pactos fiscales en el caso de la Coparticipación”.

“La crítica del Colegio de Abogados, con la que coincido a grandes rasgos, tiene que ver con que es un absurdo aplicar la ley contra una sola empresa, como en este caso la petrolera Shell”, señaló el diputado.

“A esta altura ya creo que el caso Shell es un problema de partes, es decir, el Gobierno está enojado con la empresa y le busca el pelo al huevo, buscando excusas arbitrarias para sancionarla”, agregó el legislador del PRO.

En el mismo sentido, el Colegio de Abogados había destacado que el conflicto con Shell “se inscribe dentro de una política más amplia que impulsa el Gobierno, de confrontación no sólo con las empresas”. Galvalisi reconoció, además, que la Comisión de Defensa del Consumidor, de la cual forma parte, no se reúne hace al menos dos meses y que no tuvo en temario hasta ese entonces un replanteo de la Ley de Abastecimiento.

Desde el oficialismo, otro integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor en Diputados, Osvaldo Nemirovsci (FpV-Río Negro), ensayó una respuesta teórica para defender que la actitud gubernamental: “Es una obligación del Estado fiscalizar las condiciones en que se desarrollan las actividades del mercado, para tratar que el mismo funcione regularmente, en caso contrario, corregir y/o solucionar las irregularidades, pues como en un momento lo señalara Jacques Attali, el mercado sin Estado es un mercado negro”, sostuvo.

“Por lo demás, no cabe olvidar que, especialmente a partir de la última reforma de la Constitución Nacional existe un mandato con jerarquía supralegal, por lo tanto de obligado acatamiento de preservar los intereses económicos de los consumidores, ello según lo indicado en el nuevo artículo 42 de la Constitución”, agregó el diputado Nemirovsci en diálogo con este semanario.