Por Pamela Fedra Vallet

Hasta ahora resultó fallido el intento, de parte del cuerpo, para reunir el quórum necesario dentro de las comisiones de Legislación General y del Trabajo y de Asuntos Constitucionales, con la intención de dar tratamiento a los proyectos que buscan modificar, a través de la derogación o modificación, la ley que creó la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Capital Federal (CASSABA). Por lo tanto, en la última reunión, los legisladores luego de tantas idas y venidas, y tras no lograrse el quórum por parte de la comisión de Asuntos Constitucionales, resolvieron llegar a un cuarto intermedio, sin fecha estipulada.

A pesar de este fracaso, diversas fuentes dan cuenta de la posibilidad de que haya voluntad para votar a favor de que la ley sea optativa. Al respecto, el presidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad, Jorge Rizzo, expresó que hay posibilidades de aprobar “un proyecto para convertir a CASSABA en voluntaria”. Lo llamativo de esta declaración fue que, si bien la agrupación política que lo respalda exigía la derogación definitiva de la norma y de la Caja, Rizzo no mostró disconformidad alguna ante la posibilidad de modificar la ley 1.181.

Cabe recordar que la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionada por la Legislatura. La ley 1.181 nació cuestionada y continúa siéndolo por el mecanismo del cálculo de los aportes, por rigores formales y por amenazas. En ese sentido, también aparecen formalidades tales como declaraciones juradas con cruce a la AFIP, censo obligatorio y una doble imposición tributaria sobre la misma tarea, lo que la transformaría en inconstitucional ya que se debe tributar un impuesto sobre la misma tarea dos veces.

Por el momento, y según dejaron trascender algunos de los diputados integrantes de las comisiones, “se habría arribado a un consenso entre representantes de los principales bloques de la Legislatura para pedir el tratamiento preferencial de los proyectos relacionados con CASSABA para el mes de octubre”.

Por lo tanto, de concretarse dicho acuerdo, se votarían tres iniciativas: una impulsada por el vicepresidente del Palacio, Santiago De Estrada, que propone que la contribución a CASSABA sea voluntaria; la de Jorge Enríquez y Fernando Caeiro, que busca derogar la ley argumentando que “es mejor que caiga ahora, cuando la caja previsional recién comienza su funcionamiento, que en el futuro, cuando resolver los problemas de la transición sea más complejo”; y la de Roberto Destéfano y Alejandro Rabinovich, que apuntan a hacer optativo el aporte.

Parlamentario dialogó con Carlos Caruso, el abogado que mediante un proyecto pretende obtener la presidencia de CASSABA. La iniciativa, que llevó bastante tiempo de estudio y elaboración, promete ser el método más eficaz para resolver la problemática que gira en torno a la Caja de Abogados de la ciudad. Con la misma, el abogado llamó a la reflexión del cuerpo para que analicen su propuesta y la incorporen a la votación junto con las otras propuestas.

En ese sentido, Caruso expuso la necesidad que los abogados hagan “funcionar los dos hemisferios cerebrales”.

“Hasta hace un tiempo, la ciencia sólo sabía que entre los dos hemisferios cerebrales se repartían las funciones racionales y las creativas, pero no se entendía la función del cuerpo que los unía, porque, aun seccionado, cada hemisferio seguía cumpliendo igualmente con su parte. Sólo mucho tiempo después se entendió que el enorme valor de esa conexión era la de permitir el funcionamiento simultáneo para lograr resultados de alta complejidad”, argumentó.

En una entrevista con Parlamentario, Caruso explicó que “la problemática de CASSABA dista mucho de ser entendida a fondo y se viene prestando para la manipulación y la demagogia de los dirigentes antes que para el interés de los representados”.

“Cualquiera sabe que una propuesta que contribuya al bienestar de los abogados y de su familia seguramente será satisfactoria para la mayoría los abogados, pero también se sabe que los bolsillos, mayoritariamente de ingresos inconstantes de los abogados, son poco propensos a cargas que no estén perfectamente justificadas”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “cuando las autoridades anteriores del Colegio Público prepararon el anteproyecto de creación de CASSABA, que la Legislatura sancionó en noviembre del 2003, despreciaron semejante detalle”, y “ahora -enfatizó- las actuales autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo explotaron y vienen presionando a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para lograr la derogación de la Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”.

“En uno y otro caso los dirigentes dicen que actuaron en nombre de la mayoría circunstancial que los había elegido, o mejor dicho en nombre de la minoría circunstancial que los había elegido, porque en el Colegio Público vota sólo la quinta parte del padrón y gana el que obtiene un tercio de esa quinta parte. Es decir manda el que representa matemáticamente el 8 % de los matriculados Por eso no es verdad que CASSABA haya sido refutada por ninguna mayoría”, denunció el doctor Caruso.

En tanto, manifestó que “esas razones son las que, en su momento, justificaron la creación de CASSABA, reemplazando a un régimen de autónomos donde el 85% de los aportantes la evadían sistemáticamente”. “Históricamente, casi todas las listas internas del Colegio Público, cada dos años, en cada acto eleccionario, anhelaban la organización de la Seguridad Social de los abogados. Hasta el propio actual presidente Rizzo, aparente paladín de su derogación, votó por su creación según consta en el acta 102 de la Asamblea de Representantes”, sostuvo el jurista.

Al finalizar la entrevista, Caruso dejó entrever que las posturas derogatorias y sostenedoras de la actual CASSABA no atienden los reclamos de sectores innecesariamente agredidos, ni acceder a modificar las situaciones conflictivas. Para paliar esa problemática, “se asomó un último proyecto que estudió las situaciones que merecen ser modificadas y estudiadas y que obligó a los legisladores a poner un paréntesis para estudiar a fondo en la casa política”, expresó el abogado.

En tanto, manifestó que “las posturas de hacerla optativa es ridícula, con un costo también ridículo”. Asimismo, recordó que “el artículo 62 de la ley obliga a todos los abogados matriculados en la ciudad a realizar un aporte del 5 por ciento de sus honorarios judiciales y extrajudiciales y a una contribución del 3% del monto de la tasa de Justicia, lo que hace que se encarezcan notablemente los aspectos judiciales y los gastos de la población en general”.

“Si los abogados pudiésemos desentender de los intereses de los dirigentes y concentrarnos en el bienestar de nuestro sector, los dos hemisferios cerebrales estarían funcionando las dos instituciones”, sentenció Caruso.

Por el momento, el futuro de CASSABA sigue en vilo, con un destino incierto. Sin embargo, están los que se atreven a decir que el cuerpo llegará a un acuerdo para los primeros días de octubre. Habrá que ver para creerlo. Lo cierto es que, pase lo que pase, al parecer, la batalla no va a cesar.