El proyecto de movilidad de las jubilaciones sigue mostrando un panorama complicado. Lo concreto y real es que hasta el momento no hubo mayores avances, a pesar de que existen determinadas versiones que surgieron en los últimos días, que señalan que esa iniciativa podría empezar a cobrar vida.

Esta herramienta, la movilidad, vendría a solucionar el problema de un millón de jubilados y pensionados que sufrieron una caída de su poder de compra, comparado con 2001, de entre el 23 y el 30%, si se considera el índice de inflación oficial.

El mecanismo de movilidad de los haberes, según la mayoría de los expertos y de los proyectos legislativos en danza en el Congreso, no debería regirse por la evolución de los precios, sino por la suba de los salarios, o bien por un índice que combine el alza de los ingresos laborales con la marcha de la recaudación de recursos destinados a pagar las prestaciones.

Los legisladores Claudio Lozano y María América González lanzaron en su momento una “Campaña nacional de junta de un millón de firmas por la movilidad”, para que el Congreso de la Nación brinde tratamiento a los proyectos de ley que establecen la movilidad, donde recordaron el conocido “fallo Badaro” de la Corte Suprema de Justicia, que estableció la movilidad de las jubilaciones y exhortó al Congreso a sancionar una ley.

Si bien son unos 40 los proyectos presentados por diputados de todos los bloques, incluso del bloque kirchnerista, ninguno de ellos llegó al recinto. Es el caso de los diputados misioneros del Frente para la Victoria Lía Bianco y Miguel Angel Iturrieta que ya el año pasado presentaron un proyecto de ley que se encuentra en estudio para modificar la ley 24.241 de sistema integrado de jubilaciones y pensiones en relación a la naturaleza y garantía del Estado.

El proyecto fue girado a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cuya secretaria es la diputada Bianco y a la de Presupuesto y Hacienda, conducida por otro kirchnerista.

Los legisladores misioneros explican en los fundamentos del proyecto que el espíritu de la Ley 24.241, que contempla la movilidad de las prestaciones, se vio alterado por modificaciones sufridas en su articulado originadas por situaciones que se dieron en el plano económico del país, “dejando en el camino el justo reconocimiento del valor de las prestaciones previsionales, al inmovilizar la unidad de referencia para establecer la movilidad de las mismas y, a partir de ese momento, los ingresos de la clase pasiva dejaron de tener una actualización automática para depender de decisiones alejadas de la realidad y de las necesidades de los beneficiarios, generando los perjuicios que todos conocemos”, señalan.

Y explican que “por eso este proyecto de ley se basa en volver al espíritu original de la ley, actualizando el valor del haber previsional en función del aumento de remuneraciones de la clase activa, para lo cual los índices existentes, por las características de las pautas de elaboración, pueden limitar el efecto buscado”.

En tanto, desde el Gobierno incluyeron en el Presupuesto 2008 la necesidad de crear un sistema que actualice haberes previsionales, con lo que se intenta un gesto de respuesta al planteo de la Corte vinculado con la actualización de los haberes del sistema de reparto que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Pero como no alcanza sólo con gestos, el Congreso se verá obligado, tarde o temprano, a devolverle a los jubilados algo que antes del menemismo era un derecho adquirido. Los que saben en el Congreso opinan que habrá que esperar al cambio de Administración para que eso ocurra.