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Los fideicomisos se convirtieron en los últimos tiempos en la herramienta económica con mayor desprestigio en nuestro país. Aunque ya casi nadie los mencione, la figura existe y su creación es un recurso válido, aunque puesto en duda por toda la oposición en el Congreso Nacional.
Entre otras cosas, durante todo 2007 especialistas en la materia señalaron que los fondos fiduciarios públicos constituyen mecanismos poco transparentes, donde se eluden los controles del gasto, no existe información suficiente sobre su función y destino, ni responsables, ni contabilidad; hay desconocimiento sobre los montos recaudados, los beneficiarios de los subsidios, o las obras que se ejecutan.
Lo cierto es que como en nuestro país el Presupuesto Nacional es anual y no existe la figura de presupuestos plurianuales, esto es, gastos que pudieren votarse por un período mayor a un año, los llamados fideicomisos sirven para afectar fondos por un lapso mayor, garantizando el pago de deudas o la ejecución de obras públicas o el financiamiento de subsidios. La finalidad original era que el Tesoro no se apropie de esos fondos y los distraiga para otros fines.
Consultada por Parlamentario, la diputada radical Alicia Tate (Santa Fe), integrante de la Comisión de Finanzas, señaló que “los fondos fiduciarios son un instrumento perverso creado a los efectos de garantizar la discrecionalidad del Gobierno en la utilización de recursos públicos con fines poco transparentes y sin control alguno”.
“Sumado a dichos fondos y con la vigencia de los ‘superpoderes’ votados por el oficialismo, el Ejecutivo nacional se encuentra en inmejorables condiciones de disponer de 15 mil millones de pesos por fuera del Presupuesto para la realización de supuestas obras de infraestructura. Obras que tenían que realizar las propias empresas de servicios de acuerdo con los contratos de concesión pero que, sin embargo, terminan financiando los usuarios a través de dichos fondos”, se alarmó la diputada radical.
En cambio, para el reelecto senador Miguel Pichetto (FpV-Río Negro) no es cierto que no exista información, ni responsables ni contabilidad precisa sobre los fondos fiduciarios públicos. “Hay un sólido mecanismo legal que asegura los controles de tales subsidios”, sostiene el principal aliado de Cristina Fernández en la Cámara alta.
El senador rionegrino había señalado que las opiniones que ponen en duda la transparencia en la utilización de fondos fiduciarios por parte del Estado Nacional son producto de “malentendidos o falta de información”.
En ese sentido, Pichetto aclaró que “los fondos están regulados por las disposiciones de la Ley de Administración Financiera y por ello son controlados por la AGN y la SIGEN”. En segundo término, aseguró que “no es cierto que puedan ser creados por el Poder Ejecutivo, ya que la Ley 25.152 lo prohíbe expresamente. Sólo lo puede hacer el Congreso”.
“No es cierto que estén fuera del control presupuestario -prosiguió Pichetto en su explicación-. Por el contrario, es el propio Congreso el que aprueba en planilla anexa al Presupuesto un detalle de los flujos financieros y uso de los fondos fiduciarios”, y remató: “Tampoco es cierto que durante el gobierno del presidente Kirchner se crearon la mayoría de estos fondos, fue durante la era de (Carlos) Menem que se crearon seis fondos fiduciarios, con (Fernando) De la Rúa nueve, uno más durante la gestión de (Eduardo) Duhalde y dos en la Administración Kirchner”.
El debate está planteado en estos términos desde hace tiempo, y lejos de poder arribar a un consenso, en lo que queda de este período parlamentario el tema no volverá a entrar en discusión.
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