Por Pamela Fedra Vallet


En los últimos años, varios organismos mostraron su preocupación ante un problema que viene en ascenso: el turismo sexual infantil, que engloba en muchos casos el tráfico de niños, su utilización para la prostitución y la pornografía.

Como se evidencia, los derechos del niño son violados de manera sistemática ya que miles de chicos son sometidos a realizar trabajos forzados o son abusados a partir del comercio o del turismo infantil. Esta situación -que décadas atrás podría haber resultado anecdótica- en la actualidad cobró una importancia radical debido a tan significativo aumento.

Dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires esta problemática comenzó a preocupar, desde hace un tiempo, al Gobierno porteño. Pero, sin embargo, se está ante un vacío legal que no permite luchar contra ese delito de manera apropiada. Además, no existe plena conciencia de que el turismo sexual infantil existe en la ciudad.

A finales del año pasado, el entonces jefe Gobierno porteño Aníbal Ibarra, junto a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, María Elena Naddeo, y al subsecretario de Comunicación Social, Daniel Rosso, presentó una campaña contra la explotación sexual infantil a través de un programa de atención y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de la explotación sexual infantil.

Este año, en la Legislatura, fue presentado un proyecto de ley, impulsado por la diputada kirchnerista Inés Urdapilleta, que propone una modificación al Código Contravencional, con el objeto de penar con 90 días de arresto, clausuras o multas de hasta 300 mil pesos a los representantes de turismo que “faciliten el acceso a actividades sexuales con niños y adolescentes”.

A pesar del esfuerzo realizado para disminuir este fenómeno, que afecta a un conjunto amplio de niños y adolescentes, desde el Gobierno se podría hacer mucho más. Parece ser que no tienen en cuenta que, tanto la actividad turística infantil como las otras formas de abuso hacia el infante, generan a los chicos daños físicos y psicológicos que resultan, en muchos casos, irreversibles.

Si bien es muy difícil tener conocimiento de las variables que determinan el aumento de extranjeros que utilizan el turismo como vía para explotar sexualmente a los niños, es evidente la urgencia que este tema exige y es necesario que desde el Gobierno se generen acciones para prevenir, evaluar e intervenir en el problema para, de esa forma, generar bases legales que garanticen el respeto de los derechos humanos de la infancia.