A principios de este año se dio media sanción, en la Cámara de Diputados, a un proyecto de ley de autoría de la arista Marcela Rodríguez, que apunta a modificar la Ley de Divorcio, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

¿Cuál es la idea de la propuesta? Según la ley vigente, una vez que fue tomada la decisión de iniciar el trámite del divorcio, el matrimonio debe comparecer ante el juez, quien tiene la obligación de celebrar una audiencia en la que deben intentar conciliar a las partes, luego de escuchar las razones que constituyen los motivos que hacen moralmente imposible la vida en común.

Dicho en otros términos, actualmente el juez se mete en la vida del (¿ex?) matrimonio y actúa como si fuera un psicólogo de pareja: les pide a dos personas adultas que revean su decisión de no estar más juntos. “El Estado adopta una posición paternalista impropia de una concepción de Estado respetuosa del ámbito de autonomía personal de las personas, vulnerando también su dignidad”, considera Rodríguez en su propuesta.

En su momento, la decisión tenía un fundamento: generar una medida gradual, dado que hasta entonces no existía la Ley de Divorcio y esto permitía morigerar algunas críticas.

Hoy, el rol del juez convenciendo a los cónyuges de permanecer juntos no tiene sentido. Por eso, la propuesta con media sanción en Diputados establece que “el juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos”. Luego del proceso, que deberá ser ratificado por ambas partes, “la sentencia se limitará a expresar la existencia de motivos que hacen moralmente imposible la vida en común, evitando mencionar las razones que la fundaren”. Es decir, no más explicaciones.

Luego, el proyecto giró al Senado, donde el trámite se complicó, pese a haber conseguido el dictamen.

Derechos del niño

El proyecto ingresó en la Comisión de Legislación General del Senado en abril de este año y recién el 23 de agosto obtuvo dictamen de la misma. El despacho mayoritario fue firmado por su presidente Nicolás Fernández, Norberto Massoni, Guillermo Jenefes, Graciela Bar, Sonia Escudero, María Laura Leguizamón, Marita Colombo y Carlos Rossi. Todos se mostraron de acuerdo con no realizarle modificaciones a la media sanción de Diputados.

La única firma en disidencia total fue de la puntana Liliana Negre de Alonso, siempre dispuesta a defender los derechos de “la familia”. “No puedo admitir la modificación, que pretende transformar el procedimiento vigente en un mero trámite administrativo. El matrimonio tiene carácter público y como tal debe ser tratado”, argumentó.

Sin embargo, no fue esta disidencia absolutamente minoritaria lo que vino trabando su tratamiento definitivo. El dictamen pide dejar “a la vista” otra propuesta de la senadora sanjuanina Marina Riofrío. La crítica al proyecto de Diputados es que no establece claramente los acuerdo previos que debe realizar el matrimonio y que el juez debe ratificar. La idea de Riofrío dice que “la demanda conjunta deberá contener acuerdos sobre los siguientes aspectos: 1. Tenencia y régimen de visitas de los hijos; 2. Atribución del hogar conyugal; 3. Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos menores e incapaces, incluyendo los modos de actualización”.

En síntesis, exige la presentación de un convenio regulador de las consecuencias del divorcio. “Se comprende que dos personas adultas que llegan a la difícil instancia del divorcio no requieren que un juez los inste a reconciliarse: su decisión, tan libre como la expresada al momento de contraer el matrimonio, debe ser respetada. Como contrapartida, los cónyuges deben hacerse cargo de que ese mismo consentimiento para el divorcio se extienda a todas sus consecuencias personales y patrimoniales para poder considerarlo como un consentimiento pleno e integral”, explica Riofrío. “El acuerdo de los cónyuges sobre el régimen de alimentos, tenencia de hijos, atribución de la vivienda y la forma en que se liquidarán y se adjudicarán los bienes de la sociedad conyugal son objeto de arduas tratativas que se realizan extrajudicialmente. Al llegar a la coincidencia sobre esos ítem las partes recién acuden al tribunal”, agrega.

La comisión decidió dejar a la vista este tema. Y especialmente las legisladoras mujeres temen que la ausencia de una cláusula como la que propone Riofrío pueda dejar desamparadas a muchas mujeres que se hacen cargo de sus hijos y que -por la falta de intromisión del juez- no encuentren resguardados derechos tales como la vivienda o los alimentos de sus hijos.

Pese a esto, se especula con que el embrollo jurídico será sorteado y que finalmente el proyecto que viene de Diputados será aprobado con algunas modificaciones, antes de fin de año.