A pesar de contar con un régimen legal completo, la Argentina no posee una política pública integrada y efectiva capaz de garantizar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en lo que respecta al ámbito social, laboral, político, económico y cultural.

Si se centra esta problemática en el ámbito porteño, se puede dilucidar que pese a la existencia de leyes que los amparen, muchas de ellas no se cumplen y, por lo tanto, hay una enorme cantidad de barreras que le impiden a aquellas personas con capacidades diferentes integrarse plenamente a la sociedad.

Como bien se sabe, la falta de diseño en los puestos de trabajo, la falta de rampas en edificios públicos o de espectáculos y la ocupación por parte de automóviles en las esquinas, la falta de adaptación de los ómnibus, los problemas en la integración educativa, son algunas de las tantas barreras que deben sortear a diario. En todos estos casos se cuenta con una ley, pero que no se aplica en todos los ámbitos.

Los individuos con capacidades diferentes tienen las mismas necesidades que cualquier persona, pero con la diferencia de que en su caso se enfrentan con dificultades para satisfacerlas: necesidades fisiológicas, de seguridad, de capacitación, y de realización.

Ante esta problemática, presente en la mirada de toda la población y de los funcionarios y legisladores, el diputado arista Juan Manuel Velasco presentó hace pocos días en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que propone crear un defensor que se encargue de realizar acciones positivas para así disminuir las desventajas que presenta, en muchos casos, la integración social de las personas con discapacidades.

En los argumentos del proyecto -que se encuentra ahora en la Comisión de Justicia- el arista hizo hincapié en la necesidad de reforzar la defensa de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad a través de una figura específica que sea capaz de atender a aquellas personas, vigilar que no se produzcan actos de discriminación, contribuir a fortalecer el cumplimiento del ordenamiento jurídico poniendo en conocimiento de las instituciones responsables los actos, condiciones o normas que imposibiliten o dificulten a las personas con discapacidad ejercer sus derechos sociales imprescindibles e irrenunciables.

Al respecto, el legislador manifestó confiar en que se apruebe la iniciativa, al tiempo que explicó que la misma “tiene como fin la protección integral de los derechos de las personas con necesidades especiales que se encuentren en el territorio porteño y así poder garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales”.

Es necesario que el conjunto de la sociedad logre un cambio de visión y se genere conciencia sobre este problema que afecta a muchos individuos. Es importante hablar del tema, reconocer la ausencia de conciencia social y la responsabilidad que tiene el Estado y la comunidad con ellos para, de esa forma, poder erradicar la discriminación y lograr que su derecho a realizarse plenamente, con autonomía y dignidad, sea respetado.

Se torna imprescindible trabajar para que se sientan integrados en la sociedad, se deben equiparar las oportunidades. El acceso a la educación y al trabajo es esencial para canalizar y potenciar su inclusión porque, si bien el trabajo es un derecho, no siempre se ve al trabajador con discapacidad como una persona integral sino que se lo acota a sus limitaciones y las aumentan, ya que el mercado en general no le ofrece otras alternativas.

Mientras tanto se aguarda que el proyecto impulsado por Velasco sea tratado a la brevedad en el recinto, ya que tiene miras a beneficiar a un sector que está bastante desprotegido ya que va más allá del asistencialismo.