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La crisis energética en la mira

30-11-2007

El futuro de las tarifas y su incidencia en la inflación abren interrogantes sobre lo que sucederá el próximo año.

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Las últimas novedades sobre el futuro reacomodamiento de tarifas de servicios públicos fueron positivas, pero han quedado algo desactualizadas. Sobre todo porque el último anuncio de que no habrá aumento de las tarifas eléctricas hasta 2008 fue antes de las elecciones.

Los voceros de la Casa Rosada en la materia, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el de Combustibles, Cristian Folgar, habían anunciado por aquel entonces que durante este año no habría suba de tarifas para los usuarios residenciales de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, y que la revisión tarifaria integral (RTI) que contendrá subas en las facturas que pagan los hogares, se aplicará desde febrero del año que viene. Mientras tanto, las empresas y el Gobierno negocian cuál será el número final.

Desde esos anuncios a esta última y álgida etapa del año, los índices inflacionarios aumentaron considerablemente, y es por ello que existe una gran preocupación empresarial sobre cómo será resuelto el problema por parte del Gobierno: ¿lo absorberán las empresas o la inflación se trasladará de lleno a las tarifas?

Fue justamente durante el coloquio de IDEA que los empresarios alertaron sobre la situación energética que consideraron “crítica”, hablaron de la posibilidad de cortes en el verano -el primero de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta- y plantearon que se deberán invertir 4.500 millones de dólares al año en la próxima década para solucionar el problema, al tiempo que recomendaron duplicar las tarifas.

A ese duro diagnóstico que los empresarios discutieron en Mar del Plata se sumaron otros del Consejo Mundial de Energía: se limitó el gas en el invierno, siguen bajando las reservas de petróleo y gas, no alcanza la producción de gasoil propio, se incrementa la generación con fueloil, deficiencia en seguridad energética, entre otros.

Casi como en repuesta a tan drásticas advertencias, la semana pasada el Senado nacional aprobó dos proyectos de ley para subsidiar el precio de las garrafas para consumo domiciliario en varias provincias que no disponen del tendido de red de gas. La primera de las iniciativas contempló a las provincias del Noreste (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y el norte de Santa Fe), y fue convertida en ley, ya que contaba con sanción de la Cámara de Diputados.

A su vez, el senador radical jujeño Gerardo Morales logró la aprobación de otro proyecto que incluye en el régimen de subsidios a las zonas de la Puna y la cordillerana. Esa iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados y comprende a Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Así se modifica el artículo 45 de la ley 26.020, que creó el régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP). Con esos proyectos se busca enfrentar la crisis de las últimas semanas por la escasez de garrafas. La diputada Cinthya Hernández (UCR-Río Negro), integrante de la Comisión de Energía, remarcó que “lo que paso en el Senado se hace cada año, porque es la única manera de poder ayudar a los sectores de más bajos recursos. Obviamente ésa no es una medida de fondo, pero desde el radicalismo creemos que hay que volver a la tarifa social y equilibrar los servicios dejando de subsidiar a los sectores de mayores recursos”.

Respecto de la suba de tarifas, la diputada rionegrina informó que “en el Presupuesto 2008 no figuran aumentos”. Sin embargo advirtió que “eso no alcanza para quedarnos tranquilos: si observamos el ritmo de la inflación, podemos prever que tendrá su efecto sobre las tarifas de servicios”.

En tanto desde el oficialismo prefieren manejarse con cautela y remitirse a lo expresado por el subsecretario Cameron, sobre todo porque a días del recambio presidencial y de las autoridades en las cámaras parlamentarias, todo puede cambiar. La titular de la Comisión de Energía y Combustible, la fueguina Rosana Bertone (FpV), estaría confirmada en su cargo, pero faltan definiciones sobre la conducción de la comisión bicameral que se encarga de los contratos con las empresas de servicios.

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