Las peticiones porteñas sobre una mayor independencia y control sobre el transporte, el Puerto y la Justicia se encuentran bien guardadas en el cajón de las dulces promesas. Con la pobre cosecha electoral del 28 de octubre y la decisión del Gobierno central de no hacerle nada sencillo, se le hará muy cuesta arriba al jefe porteño electo Mauricio Macri imponer su deseo de lograr la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la reforma de la Constitución Nacional en 1994 así lo estipula.

Constitucionalmente se trata de un pedido justo, pero políticamente se transforma en una decisión políticamente incorrecta, ya que se pone en juego la relevancia de una figura opositora como la de Macri, de cara al 2011, por lo que Cristina Fernández y el jefe distrital del FpV, Alberto Fernández, no dejarán que el líder del PRO obtenga la tan mentada y añorada autonomía para la ciudad que gobernará durante los próximos cuatro años. Los primeros choques entre el kirchnerismo y el macrismo ya se han producido antes de asumir la jefatura de Gobierno.

El nuevo mapa en el Congreso, con mayoría oficialista, sumado a la pobre obtención de bancas de diputados macristas por la Capital Federal complica aún más la situación para Macri. Además, la discordia no sólo es entre la Nación y la ciudad, sino que se suman las provincias y sus legisladores que de ninguna manera permitirán que se le asignen recursos y fuentes de ingresos como es el puerto de Buenos Aires. Ante esta problemática que pareciera recrear la puja unitarios versus federales, la conducción del bloque del Frente para la Victoria prefiere mantener la unión de sus miembros y que no se divida en una lucha entre porteños y provincianos, por lo que dejarán para el futuro cualquier derogación de la Ley Cafiero.

El caso más reciente fue el tema de la Policía, donde el pedido comenzó siendo el traspaso de la Policía Federal a manos de la ciudad y sólo se obtuvo un pequeño paso como fue la derogación del artículo 7 de la Ley Cafiero, donde se prevé la posibilidad de que la ciudad forme su propia fuerza de seguridad, pero no se le asignan recursos.

A la hora de hablar de autonomía, lo primero que se expone es un concepto muy complejo que todos coinciden en cambiar pero que nunca se comenzó a debatir: una verdadera reforma de la Coparticipación Federal. Entonces, los timoneles de los bloques se encuentran en una gran encrucijada y, por ende, pierde la autonomía y el sueño de Macri.

Los proyectos de ley que piden por el transporte, la Justicia y el Puerto están en diversas comisiones, pero no son tratados.

Las distintas iniciativas en reclamo del traspaso del Puerto, la Justicia y el transporte han sido giradas a varias comisiones, siendo la de origen la más a fin. Por ejemplo, los proyectos sobre el transporte se encuentran en las comisiones de Transporte, Justicia, Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto de la Cámara baja. Esta modalidad fue adoptada luego de una decisión de la presidencia de Diputados, a cargo de Alberto Balestrini, cuando se derogó el mencionado artículo 7. También se decidió que estas iniciativas debían cumplir ese recorrido legislativo comenzando por el más acorde, según el pedido. Por lo tanto, los proyectos tienen un largo camino.

Transporte

La ciudad no tiene la facultad de diseñar los recorridos de los colectivos y trenes que funcionan en el distrito. En este caso, el pedido a la Nación es el traspaso del ordenamiento del transporte a la jurisdicción exclusiva a la ciudad, donde se crearía el Ente Coordinador del Transporte del Area Metropolitana de Buenos Aires (ECOTAM). Entre los proyectos sobre este tema se destacan dos. El primero abarca a toda la oposición, enmarcada por los diputados Delia Bisutti, Silvana Giudici, Oscar Aguad, Pedro Azcoiti, Roberto Iglesias, Miguel Angel Giubergia, Claudio Lozano y los macristas. El segundo proyecto pertenece exclusivamente a los diputados del PRO Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Cristian Ritondo.

Justicia

En gran medida, las iniciativas son coincidentes en el sentido de traspasar a la ciudad las competencias propias de la Justicia que hoy están bajo la órbita federal, sin lograr ellos, a raíz de un desvirtuado interés estatal, el reconocimiento de raigambre constitucional que ampara a la medida. En este sentido las iniciativas solicitan el pleno ejercicio de la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales del Trabajo, Civil, Comercial, Correccional y Criminal, y de la Inspección General de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble a la órbita de la Capital Federal. Los firmantes son los diputados Eugenio Burzaco, Cristian Ritondo y Federico Pinedo, todos del PRO. También existe otro proyecto donde se agrupan estos mismos legisladores junto a Silvana Giudice y Delia Bissuti. En este ámbito existe una intención del presidente Néstor Kirchner, quien firmó la aprobación del convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad, suscripto el 1 de junio de 2004 entre Kirchner y el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.

Puerto

Sobre este reclamo existen cuatro proyectos vigentes, de los cuales uno pertenece al electo jefe de Gobierno Mauricio Macri. Aquí se pide que se cumpla con lo establecido en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, donde dispone que el Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas. Esto contrasta con lo dispuesto en la Ley 24.093 (Actividades Portuarias) y sus decretos reglamentarios que rige actualmente.
Las voces que proclamaban una autonomía completa en las elecciones de la ciudad se han callado y la decisión política marca la agenda. Una vez más, los porteños deberán esperar.