En la agenda legislativa porteña uno de los temas que más repercusión originó fue el de la Autonomía plena de la ciudad y, a raíz de varios proyectos presentados por diputados, ha comenzado el análisis de esta cuestión que tanto desvela a algunos políticos. Se han transferido ciertas competencias judiciales a la ciudad, se han aprobado dictámenes derogando artículos de la Ley Cafiero y se han aprobado convenios entre la Nación y la ciudad para coordinar políticas de seguridad. Si bien este avance procura ser gradual y progresivo, debido a la complejidad y magnitud de competencias y recursos que involucra, tiene un objetivo claro y definido: alcanzar una ciudad de Buenos Aires autónoma.

Con referencia a este tan polémico tema, el diputado socialista Norberto La Porta presentó un proyecto de resolución mediante el cual convoca al cuerpo legislativo a una sesión especial para el próximo 10 de octubre. Cabe recordar que hace diez años, también un mes de octubre, se sancionó la Constitución de la Ciudad. Para esta oportunidad se tiene previsto hacer partícipes de la sesión a jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman, a legisladores y senadores nacionales representantes del distrito capitalino, entre otros.

Según declaraciones efectuadas por el legislador socialista, la iniciativa sufrió varios obstáculos y oposiciones desde diversos bloques. Sin embargo, ya logró reunir veinte firmas, lo que permite confirmar su tratamiento según lo indica el reglamento de la casa política.

Al respecto, el legislador sostuvo que “la deuda de la autonomía de la ciudad lleva ya diez años y no creo que sea conveniente tomar aspectos parciales en el tema, como el solo traslado de la Policía”.

Cabe recordar que la autonomía de la Capital Federal, así como sus facultades de legislación y jurisdicción y la elección por el voto popular de su jefe de Gobierno, se encuentran consagradas desde 1994 por la Constitución Nacional en su artículo 129. El mismo artículo establece que una ley debe garantizar los intereses del Estado nacional en la Ciudad mientras ésta sea la Capital Federal del país. Esa norma fue sancionada en 1995 (bajo el número 24.588) conocida como Ley Cafiero, y su constitucionalidad -como se ha comentado en ediciones anteriores- fue puesta en cuestión por diversos juristas, quienes sostienen que se excede en sus atribuciones y lesiona la autonomía establecida por la reforma de 1994.

Haciendo referencia a la falta de cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Nacional, el legislador manifestó que “en las condiciones actuales seguiremos con una Ciudad sin policía propia, sin justicia ordinaria local, sin control sobre sus servicios públicos básicos y sin injerencia sobre su puerto. Resultante, una situación inconstitucional e inequitativa para los ciudadanos de Buenos Aires en relación con sus pares del resto de las provincias argentinas”.

En contradicción a lo establecido por las facultades jurisdiccionales otorgadas por la Constitución, la Ley Cafiero impide que la ciudad cuente con su propia justicia ordinaria, no le permite crear órganos propios de seguridad y restringe sus competencias en lo que concierne a la fiscalización de los servicios públicos, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia y el puerto. Como se sabe, en la actualidad las decisiones sobre estas cuestiones, que tanto afecta a los porteños, son tomadas desde la esfera del gobierno nacional. Por lo tanto, los vecinos de la ciudad poseen escaso y casi nulo peso institucional y carecen de representación, control y participación.

Este desafío que deberán enfrentar desde el ámbito capitalino, tal como lo manifestó La Porta, “debería considerarse como política de estado y superar toda postura y partidaria”.

Sólo resta esperar que la aprobación del proyecto de resolución se materialice para poder ser tratado en el recinto legislativo y de esa forma permita acelerar el proceso de la autonomía porteña que avanza a paso de tortuga.