Por Pablo Winokur

Sabía usted que en la Argentina está permitida la pena de muerte para determinados casos? Los militares tienen derecho a aplicarla con sus propios pares en caso de considerar que éstos cometieron una falta grave.

En pleno siglo XXI, esa ley sigue vigente. Claro que en caso de intentar hacerla efectiva, la vigencia de la Constitución Nacional prohibiría tal acción, pero en los papeles la normativa lo autoriza.

¿Sabía usted que los militares tienen una justicia propia, y que no se rigen por los mismos marcos normativos que el resto de las personas? La siguiente crónica cuenta acerca de los poderes especiales que tienen los uniformados para juzgarse a sí mismos, y del intento del Congreso y el Gobierno por modificar esas normas preexistentes.

La garra de Garré

La primera piedra pesada fue arrojada por la ministra de Defensa, Nilda Garré, cuando anunció que el Gobierno estaba trabajando en el tema. “La lógica es que un soldado es un ciudadano como todos nosotros: unos trabajan de soldados, otros de abogados y otros de maestros. El oficio es una circunstancia, pero básicamente somos ciudadanos, y entonces debemos estar sometidos a los mismos jueces. La unidad de la jurisdicción nos parece un principio fundamental que impone nuestra Constitución y las normas internacionales”, sostiene. En síntesis, la ministra está intentando que los militares sean juzgados por la Justicia Penal como cualquier hijo de vecino.

Para ello planteó la creación de una comisión ad hoc -compuesta entre otros por el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni- que va a analizar qué modificaciones pueden introducirse dentro de la justicia militar.

Sin embargo, no es la primera vez que se anuncia una reforma así y -según fuentes autorizadas- no será la última: “Cada vez que vino un ministro anunció que iba a reformar el código de Justicia Militar. Pero al concluir su gestión nunca terminan de hacer su tarea y el que sigue vuelve a empezar todo de cero”, dijo un experto en el tema que pidió guardar el anonimato.

El comentario fue convalidado -aunque no expresamente- por el ex ministro de Defensa y actual presidente provisional del Senado, José Pampuro quien aseguró a Parlamentario: “Me parece muy importante trabajar el tema y hacer las reformas necesarias. No podemos seguir teniendo un Código de Justicia Militar de hace tantos años. Yo en mi gestión trabajé mucho para lograrla y la actual ministra está continuando con eso a través de la creación de esta comisión”.

- ¿Pero usted estaría de acuerdo con derogarlo del todo? -preguntó Parlamentario.

- No. Creo que debe haber una justicia militar, aunque se deben hacer reformas para adecuarla a los tiempos que vivimos.

Así se ratifica la idea previa: cada ministro que asume al frente de la cartera de Defensa llega con una idea nueva y distinta tanto en teoría como en la práctica. Poco antes de dejar el cargo, Pampuro había anunciado que la reforma estaba casi lista; hoy Garré conforma una comisión que tardará -por lo menos- seis meses en emitir un dictamen. Pampuro dice querer reformas, mientras que Garré plantea una eliminación casi total de dicho código. “Lo único que se trataría en una instancia interna -casi administrativa- son las infracciones a las que les corresponden sanciones disciplinarias y se resuelven dentro de las fuerzas”, explicó Garré al exponer su idea al respecto. Todo lo demás –por ende- quedaría a cargo de la justicia penal.

Visiones encontradas

También en el Congreso el tema tiene larga data. Sin embargo, hoy el único proyecto en estado parlamentario al respecto es de autoría del senador Rubén Giustiniani, quien plantea lisa y llanamente la derogación del Código de Justicia Militar y busca habilitar una nueva instancia judicial para algunas cuestiones menores dentro de los cuarteles: todo lo demás quedaría en manos de la justicia penal, a la que se dotaría de diferentes instrumentos legales para juzgar a los militares.

Otra que estuvo a punto de presentar un proyecto fue la senadora justicialista Marita Perceval, quien preside la Comisión de Defensa de la Cámara alta. Sin embargo, a último momento debió cajonear su propio proyecto por motivos de oportunidad política. Básicamente, el ingreso de una iniciativa de este tipo por parte de la titular de la Comisión de Defensa, habría significado una clara desautorización a la comisión creada por la ministra Garré para analizar el tema, máxime si se tiene en cuenta que el contenido de ambos proyectos estaría en clara desintonía: mientras Perceval estaría proponiendo una reforma similar a la que en su momento había anunciado Pampuro, Garré estaría más cerca de hacerlo a la “Giustiniani”, es decir eliminando de cuajo dicho código.

¿Cuáles serían los principales puntos de la reforma? El problema es que ahora se mantiene la estructura de la jerarquía militar durante el juicio: los que juzgan no son jueces sino militares; los propios militares que juzgan –y en general también acusan- ponen al abogado defensor. Y para colmo, piden al acusado que jure decir “la verdad y nada más que la verdad”, lo cual en la justicia ordinaria es sólo para los testigos. En definitiva, con este procedimiento violan el principio de que nadie está obligado a declarar en su contra. De más está decir que no hay instancias de apelación.

Una vez realizado el juicio las penas pueden oscilar entre la destitución o suspensión de empleo, calabozo, fajinas y hasta pena de muerte.

Frente a esto aparece nuevamente la dicotomía: algunos dicen que la aplicación del Código de Justicia Militar sólo debe ser para causas extremas, y otros hablan de adecuarlo a principios constitucionales.

Quienes creen esto dicen que las relaciones entre militares son “muy específicas”, y por lo tanto deben ser medidas con una vara especial. También aseguran que estos códigos militares “específicos” existen en distintos países del mundo como Chile, Perú, Gran Bretaña, Brasil, Italia y España, cada uno con sus particularidades. Y si lo tienen estos países, ¿por qué no nosotros? Otros en cambio dicen -como Giustiniani- que hay que eliminar casi todo, dejando sólo algunos artículos. Esto sería en base a los modelos adoptados por Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Francia, Austria y Alemania -todos países que fueron seriamente perjudicados por abusos militares-, que sólo habilitan el juzgamiento interno en tiempos de guerra o para aquellos que se encuentran fuera del país. En épocas de paz, los temas quedan librados a la Justicia ordinaria.

“¿Por qué los militares han de tener su justicia propia? ¿Por qué el Código Militar han de aplicarlo los militares? ¿Acaso el Código de Comercio lo aplican los comerciantes, el Código de Minería los mineros? ¿No es la justicia ordinaria la que los aplica? ¿Por qué, entonces, el Código Militar no podría también ser aplicado por la justicia ordinaria?”, se pregunta el senador Giustiniani al explicar el contenido de su proyecto, tras reconocer que “el ordenamiento jurídico militar vigente en nuestro país no acompaña las evoluciones del derecho penal e internacional”.

“Nosotros lo que proponemos -prosiguió el legislador- es la derogación del Código de Justicia Militar vigente y, con ello, la supresión de la jurisdicción de los tribunales militares como instancia de juzgamiento de delitos cometidos en el ámbito de las Fuerzas Armadas”.

Claro que desde el otro lado se cuestiona la especificidad de lo que hace a las cuestiones militares, para lo cual Giustiniani también aproximó una respuesta: “lo que más requerirá es una mayor tecnificación de los magistrados que conozcan en la materia, sin que esto justifique que el juzgamiento se realice a través de miembros de las Fuerzas Armadas”

Ellos lo quieren

Lo curioso del caso es que el debate entre mayor o menor flexibilización de lo que hace a la justicia militar no tiene un cariz corporativo. Vale aclarar en este punto que los propios militares están pidiendo a gritos estas reformas.

“En primer lugar, tenemos el derecho a defensa muy limitado, y en segundo no hay que olvidarse en las épocas del proceso en que muchos sufríamos serias sanciones por cosas inexplicables; y ni hablar cuando estaban en juego temas vinculados a los derechos humanos”. La frase fue pronunciada por un hombre del Ejército, que por razones profesionales mantiene su anonimato, aunque el tema es compartido por la mayoría de los consultados. Claro que permanece la disputa sobre los límites de esa reforma, que también cruza a todas las fuerzas. En este sentido se pronunció también el radical Federico Storani quien opinó que “la justicia militar es inconstitucional, porque sería como crear un tribunal especial, lo cual está prohibido por la Constitución Nacional. Me parece razonable su posible derogación”.

Incluso, el legislador fue más allá y recordó que el juicio a las Juntas tuvo que ser encarado por la justicia federal sin que pudieran juzgarse -como los militares pedían- por la justicia militar. “En este caso, porque los delitos que se cometieron fueron de carácter común y por eso fue la Cámara Federal quien condenó a los responsables del terrorismo de Estado. El planteo en esa época era que los militares pertenecían a las Fuerzas Armadas y en razón de esa pertenencia, debían ser sometidos a la justicia militar. Pero ellos no son jueces naturales de la Constitución”, concluyó.

Paso a paso

En definitiva, la discusión ya está en marcha, aunque pocos analistas creen que a través de posiciones tan disímiles se pueda arribar a un acuerdo.

Por lo pronto, la comisión que estudia el tema está dividida en tres equipos que se ocuparán de “incorporar al Código Penal delitos nacidos del marco castrense; diseñar la ley que construya un Régimen Disciplinario Militar; y crear una norma legal que establezca los procedimientos especiales para tiempo de guerra y durante el desarrollo de las operaciones de paz”.

Según lo previsto, en agosto se remitirá el proyecto de ley al Senado, para lo cual ya habría acuerdo anticipado -pese a las diferencias- ya que Garré se encargó personalmente de manifestarle sus intenciones a Perceval y el jefe de bloque, Miguel Pichetto.

“Los militares son ciudadanos que tienen una profesión militar, pero que se rigen con las mismas leyes que todos los ciudadanos”, enfatizó la senadora en la rueda de prensa posterior a dicho encuentro, y luego se encargó de aclarar que Garré se comprometió -antes de enviar cualquier proyecto- a realizar “mecanismos de consulta con el Parlamento y con otros organismos”.

El debate está en danza. Pocos son los que creen que esto se resuelva para agosto. Sin embargo, aquí se verá la determinación de Garré para promover un proyecto de tamañas características, y la posibilidad del Congreso de encarar un debate serio en torno a un tema que preocupa.