El asesinato de la candidata y ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 8 de enero de 2008, ha provocado el enérgico repudio de los miembros de la comunidad internacional e, incluso, ha dado origen a una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condena el atroz atentado terrorista que causó su muerte y la de muchas personas presentes en el acto en la ciudad de Rawalpindi, rinde tributo a la líder política asesinada y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo y gobierno pakistaníes.

Resulta necesario sumarse a las voces internacionales que deploran profundamente la pérdida de vidas por el acto suicida que detonó la bomba letal y, en especial, la muerte de la primera mujer musulmana que accedió a una función de gobierno. No solamente ha sido un magnicidio y un atentado a la democracia, sino un duro golpe contra la esperanza internacional de que Pakistán pueda volver a tener estabilidad en un futuro próximo. Vuelve a aparecer el riesgo de que el país pueda caer en un grave conflicto interno o en un gobierno militar más dictatorial y sangriento que los precedentes.

Luego del golpe de Estado del presidente Parvez Musharraf para impedir la exclusión judicial de su candidatura para la Presidencia y de su desesperado intento de abandonar la jefatura del Ejército para gobernar como civil e instalar el estado de emergencia con una feroz represión, las presiones nacionales e internacionales lo obligaron a convocar a elecciones parlamentarias. Sus rivales, los ex primeros ministros Benazir Bhutto y Nawaz Sharif, a quienes permitió retornar al país, serían candidatos y pondrían en peligro su poder autocrático, cuya base reside en las Fuerzas Armadas.

Pero Estados Unidos sigue creyendo que era y es necesario restaurar la democracia en Pakistán a fin de ofrecer un camino alternativo al extremismo islámico, de fuerte raigambre en el país, a tal punto que siempre fue considerado un refugio del Al Qaeda y de los grupos talibanes que operan en el vecino Afganistán. Este control político es vital teniendo en cuenta el rol de potencia nuclear de Pakistán, su ubicación estratégica y su rivalidad con la India y las amplias fronteras comunes con Afganistán. Sin duda, sobre todo Benazir Bhutto, por su prestigio, carisma y experiencia, era la pieza maestra indicada para llevar a cabo ese proceso estabilizador porque su liderazgo superaba las acusaciones de corrupción, autoritarismo y populismo surgidas de sus detractores.

La decisión de la ex primera ministra de seguir en campaña electoral, a pesar de los dos atentados sucedidos luego del regreso a su patria fue valiente pero peligrosa. Subestimó la decisión de quienes querían eliminarla. Ella misma acusó a los extremistas islámicos de haber instigado los atentados, poniendo de manifiesto sus habilidades para provocar el caos con sus tácticas crueles que apuntan a las multitudes indefensas.

Quizá esa actitud generó la respuesta asesina. Cierto es que varios atentados sucedieron en Pakistán poco antes y tuvieron como blanco candidatos parlamentarios. El ex primer ministro Nawar Sharif y los seguidores de Benazir Bhutto culpan al presidente Musharraf del asesinato y promueven su renuncia y una huelga general. El resultado inmediato es la incertidumbre acerca de la realización de las elecciones y la certidumbre de que triunfaron quienes quieren obstaculizar la libre determinación del pueblo pakistaní mediante un caos social y político que puede anunciar una guerra civil o una dictadura militar. Nada está claro aún, ni siquiera se han iniciado investigaciones policiales o militares.

La situación interna en Pakistán rápidamente puede devenir en una crisis internacional por los motivos ya explicados. Está en juego la estabilidad política en una zona de alto riesgo, sospechada de proteger y prohijar el terrorismo internacional. El desenlace de estos acontecimientos podría poner en peligro la paz y seguridad internacionales. Como siempre las primeras víctimas de estos procesos políticos no son solamente los líderes políticos y las personas comunes, sino los derechos humanos, el estado de Derecho, el sistema democrático y el ejercicio de la voluntad popular.

Lanceta es diputado nacional por la UCR-Bs.As.