Por Julio El Alí

18 años sin ley marco regulatorio de la seguridad privada, convierte a este pseudo ejército de hombres en una fuerza de seguridad paralela sin control. Diputados estuvo muy cerca, una vez más, de dar dictamen a un proyecto de ley que iba a hacer tratado en el recinto antes del 10 de diciembre. Sin embargo, no sólo no se aprobó en el recinto sino que ni siquiera el plenario de Comisión de Seguridad Interior y Defensa de la Cámara de baja dio el visto bueno.

El proyecto pertenecía al presidente de la Comisión de Justicia, Luis Cigogna. Según el legislador bonaerense, se iba a “aprobar en comisión y luego hay voluntad para pedir su tratamiento sobre tablas en la sesión de este miércoles”.

Parecía estar todo dispuesto para que Diputados aprobara el proyecto de regulación de la seguridad privada. Sin embargó, volvió a fracasar. A pesar de que no había mayor problemática entre los legisladores y cierta conformidad de los sectores sindicales y la cámara que agrupa a dichas empresas, la regulación deberá seguir esperando.

La historia

No se olviden de José Luis Cabezas, fue el lema luego del asesinato del fotógrafo bajo signo mafioso. Al mismo tiempo, este hecho despertó un nuevo debate en el país: la seguridad privada. En 1995, se instaló desde los medios de prensa la preocupación por el tema, las empresas prestadoras, sus integrantes, su capacitación, el armamento, las alarmas domiciliarias, los patovicas y las investigaciones. En aquella oportunidad, la Comisión de Defensa inicialmente, y la de Seguridad Interior cuando se formó, trataron de consensuar los numerosos proyectos que se habían presentado, llegando a obtener en 1998 la sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto común para normalizar la actividad en forma unificada, al cual los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían adherir en forma similar a la Ley de Seguridad Interior 24059.

Ese mismo año, por resolución interna del jefe de la Policía Federal “ad referéndum” del Ministerio del Interior, se suspendió la aplicación de la única norma que regulaba estas prestaciones en todo el país (Decreto Nº 1172), pasando las distintas jurisdicciones a regular los mismos sin haberse coordinado algún tipo de centralización de datos que pudieran compartirse y consultarse para el mejoramiento y control de estas actividades.
En 1999 el Poder Ejecutivo promulgó el decreto 1002/99, regulando las prestaciones de seguridad privada en todo el territorio nacional, respetando las autonomías provinciales que mantenían la facultad de habilitación y control, pero organizando un banco de datos en línea con el RENAR, interconectando a todas las jurisdicciones.

Sin embargo, ante la falta de aplicación del mismo por algunos cuestionamientos legales, no se puede saber cuántas empresas de seguridad, vigiladores, armamentos, automotores, blindados, equipos de comunicación, existen y brindan servicios en todo el país. Así, la seguridad privada se convirtió en uno de los grandes temas pendientes que tiene el Congreso desde la década del 90.

Los efectivos pertenecientes a una empresa de seguridad privada están por todos lados: en las puertas de los edificios residenciales, en las oficinas de empresas privadas, en las de servicios, en los bancos, en las universidades, en los boliches bailables, en los estadios de fútbol, en los recitales, en los shopping, en los centros comerciales, en el tren, en el subte, en el country; en definitiva, en todos lados. Se han convertido en nuestra sombra y conforman una fuerza superior en número a la Policía Bonaerense.

El primer debate

En el Congreso hace años que se viene debatiendo sobre quién debe regular esta actividad y si es facultad del Parlamento nacional normalizar el servicio de seguridad privada.

El autor de uno de los proyectos en danza es, como decíamos, el diputado oficialista Luis Cigogna, quien también presentó esta misma iniciativa en 2004, la que finalmente no llegó al recinto.

Advirtió que “sin dudas, es objeto de regulación por parte federal, ya que lo sustancial es el ejercicio de un comercio lícito dentro del Código de Comercio, lo que indica que sería una facultad del Congreso de la Nación, según el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Argentina”, aseveró el legislador. Por lo tanto, “le corresponde al Estado federal regular esta temática, porque es conveniente que sea una sola la norma para todo el país, cualquiera sea la geografía de la zona”. Es decir que las provincias aplicarían la legislación nacional en lo que tenga que ver con la actividad comercial y en materia de seguridad aplicaría criterios locales sin contradecir el marco normativo a nivel nacional, lo que indica que el poder de policía quedaría en manos de las gobernaciones.

Otro de los proyectos que pretende llenar el vacío legal pertenece también a un diputado kirchnerista Miguel Angel Iturrieta, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, que fue analizado junto con el proyecto de Cigogna.

Un fracaso más

A pesar de la virtual coincidencia de todos los diputados en que se debe hacer algo para acabar con la inseguridad y una de las medidas es mejorar la eficiencia de las fuerzas de seguridad, tanto públicas como privadas, la discusión en comisión quedó en la nada por falta quórum. En realidad, ¿a alguien le importa la seguridad? La voluntad política viene fallando desde los recordados 90.