Mediante un proyecto de ley que ingresó al Senado provincial, el Ejecutivo bonaerense establece la posibilidad de la creación de los denominados Polos Ambientales Provinciales (PAP), que serán utilizados por los distritos que integran el Area Metropolitana de Buenos Aires para la disposición final de sus residuos, y obliga a los municipios del interior a “sincerar” la discusión en relación con el tema, con la obligatoria puesta en marcha de un plan en sus propias jurisdicciones.

El proyecto del Ejecutivo viene a sumarse a una discusión de antaño en la Legislatura provincial, ya que varios han sido los proyectos presentados y aprobados por algunas de las cámaras, pero sin llegar a una solución final. Ahora el Ejecutivo, apremiado por las circunstancias -saturación de los centros de disposición final-, intentará avanzar por esta calle angosta.

Pero en el proyecto de ley que lleva el nombre de “Gestión Integral de Residuos Sólidos” -y que ya empezó a dar los primeros pasos en el Senado-, se obliga a los distritos del interior a reducir de manera la cantidad de residuos que genera y establece la idea de avanzar en un proceso hacia el cierre definitivo de “los basurales a cielo abierto”, hoy por hoy verdaderos rellenos sanitarios ilegales que ofician como tales en la mayoría de los distritos del interior provincial.

El proyecto establece, en su articulado, que “aquellos casos de jurisdicciones y/o ámbitos regionales, como el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que no puedan dar cumplimiento con lo establecido en la presente, respecto de la localización de los sitios de disposición final” solucionarán su falencia con la creación de los PAP, que oficiarán como distritos autárquicos, de jurisdicción provincial.

“La provincia de Buenos Aires conformará sitios para la instalación de PAP afectados a tal fin, donde deberá aplicarse la mejor y más segura tecnología”, según establece la iniciativa, para lo cual conforma, en el ámbito de la Legislatura, “una Comisión Bicameral, compuesta por seis senadores y seis diputados, la que aconsejará, según las propuestas del Poder Ejecutivo, sobre el emplazamiento de los polos ambientales”.

Dicha comisión deberá estudiar el lugar adecuado para la instalación de los rellenos de disposición final, que se harán cargo de los residuos que la CEAMSE recolecte de los 22 distritos municipales del Conurbano bonaerense y Capital Federal.

Este mecanismo elegido por el Ejecutivo provincial no parece haber caído de la mejor manera en ámbitos legislativos. Los diputados y senadores no verían con buenos ojos conformar una comisión que seleccione lugares de la provincia de Buenos Aires para mandar la basura del Gran Buenos Aires.

Rápidos de reflejos, los senadores, luego de una primera leída al proyecto, no dudaron en iniciar rondas de consultas con intendentes o directamente remitirles el proyecto y esperar sus opiniones al respecto.

Distritos, a participar

También, el proyecto elaborado por el Ejecutivo contempla la participación de todos los distritos del interior bonaerense a quienes los “obligan” a emprender las acciones necesarias a fin de poner en marcha el plan integral del tratamiento de los residuos para lograr una serie de objetivos.

Con ese fin, el Ejecutivo se compromete a “diseñar la política de instrumentación de la gestión integral de residuos sólidos urbanos; promover la gestión regional de sistemas de procesamiento, reducción, reutilización, reciclaje y disposición final de residuos; evaluar y aprobar los proyectos elevados por los municipios; extender a los municipios y operadores públicos o privados para la implementación de los programas de gestión integral; promover asesoramiento y la creación y articulación de los circuitos de reciclado y económicos necesarios para dar cumplimiento a la ley”.

El proyecto -que deberá estudiar ahora la Legislatura- obliga a los municipios del interior a la “erradicación de la práctica del arrojo en basurales a cielo abierto”, además de dejar abierta la posibilidad de que se firmen “acuerdos regionales entre municipios para el aprovechamiento de economías de escala en cualquiera de las etapas de la gestión.

Con este punto clave, el Ejecutivo pone en discusión lo que considera una contradicción de los municipios que se niegan a disponer residuos de otros partidos pero que no demuestran compromiso por el saneamiento ambiental disponiendo los suyos propios en basurales a cielo abierto.