El conflicto con el campo desnudó una importante pelea latente entre gobernadores y la administración central de la Nación: la Coparticipación Federal. Parlamentario adelantó en ediciones anteriores que varios legisladores del oficialismo, fundamentalmente los de tierra adentro, comenzaron a avanzar sobre el tema. El proceso no será fácil.

¿De qué hablamos cuando hablamos de retenciones? Se trata de un impuesto a la exportación que por determinadas características es no coparticipable: es decir, no se distribuye entre las provincias de manera directa.

Para que se entienda más claro: de cada 10 pesos que la Nación recauda por el IVA o el Impuesto a las Ganancias, sólo se puede quedar con cuatro, los restantes seis se redistribuyen en las provincias. (En realidad la cuenta es muchísimo más compleja, pero se simplifican los números para favorecer la comprensión).

Con esos cuatro pesos, la Nación debe hacerse cargo de toda la administración nacional, planes sociales, obras de infraestructura, subsidios y -especialmente- el pago de la deuda. El problema es que también las provincias tienen necesidades, tanto o más urgentes que la Nación: financian la educación, pago a los docentes, hospitales y seguridad, lo cual formalmente no está a cargo de la Nación. También manejan planes sociales y de infraestructura.

Las retenciones son un impuesto que pasa directo a las arcas de la Nación. Pero generan un problema adicional a las provincias. El titular del Comité Radical, Gerardo Morales -que siempre se mostró a favor de las retenciones-, lo explica: “Con este impuesto los productores dejan de ganar y por lo tanto pagan menos Impuesto a las Ganancias, que sí es coparticipable. Por eso, las provincias se ven doblemente afectadas: por un lado, porque no les reparten lo recaudado por las retenciones; por el otro, porque dejan de percibir Ganancias”.

Rebelión subterránea

Hay bronca; una cierta base del poder está empezando a resentirse. El problema es de caja. El Gobierno nacional “coparticipa” el dinero de las retenciones a través de obras públicas, algunos subsidios y fondos especiales. Pero esa pseudo-coparticipación, al no estar establecida por ley, genera que la transferencia de recursos esté atada a la buena relación de la Provincia con el poder central. En la práctica, las retenciones -al igual que el Impuesto al Cheque, que también es no coparticipable- son un elemento clave del armado del poder kirchnerista, que de esta manera compró a propios y ajenos. Por ejemplo, las retenciones explican en gran medida la existencia de radicales K.

En cambio, gobernadores opositores se quejan por la discriminación a la que se ven sometidas sus provincias. Recientemente el senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá reclamó que las obras en su provincia están absolutamente paralizadas porque no llegan los giros correspondientes de la Nación. Obviamente esto no sucedería si el dinero se coparticipara por ley.

Al comienzo de su mandato como presidente, Néstor Kirchner intentó avanzar con una nueva ley de Coparticipación Federal, que ya tenía siete años de mora. Esta ley daría más transparencia a la gestión y era muy reclamada, entre otros, por el Fondo Monetario Internacional.

Se había armado un proyecto que avanzó bastante, pero que finalmente chocó con el veto de algunos gobernadores no afines al Gobierno, especialmente del entonces gobernador de Neuquén Jorge Sobisch y el puntano Alberto Rodríguez Saá.

Pasadas algunas tormentas, Kirchner entendió que se podía gobernar sin esa ley -a la que además consideró de sanción imposible- y advirtió que con retenciones e Impuesto al Cheque, no hacía falta una herramienta jurídica tan compleja como la Coparticipación, que implicaría serios límites a su acción de Gobierno y por lo tanto a su poder.

En aquel entonces, Parlamentario hizo dos notas con el entonces titular de la Comisión de Coparticipación Federal, Celso Jaque, en poco más de un mes. Se pudieron observar allí las diferencias en el discurso. En la primera entrevista, el actual gobernador de Mendoza explicaba de qué manera la lograrían sancionar en el transcurso de ese año; en la segunda, giró la posición y dijo que se necesitaba más tiempo para analizar, debatir y llegar a una posición unificada.

Pero no se trata de una historia de buenos y malos. El problema es que la sanción de dicha ley requiere de una ingeniería política que hace imposible su sanción. No por nada, muchos dicen que se trata de una “ley cerrojo”. El senador oficialista Fabián Ríos se quejó ante Parlamentario de que la Coparticipación sea una ley convenio. ¿Qué significa esto? Para ser sancionada tiene que tener acuerdo de todos los gobernadores, todas las legislaturas provinciales y ser sancionado por ambas cámaras del Congreso. “Poner cerrojos a que los consensos sean de semejante magnitud, fue quitarle la facultad al Congreso de que discuta con libertad una ley de Coparticipación”, dijo Ríos.

Poca iniciativa

Hoy en el Congreso existen distintos proyectos que piden que se recomponga el tema. Raúl Solanas, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para crear una nueva Comisión Bicameral que estudie el tema. También presentó un proyecto similar el tucumano Gerónimo Vargas Aignasse. Ambos son del FpV, y se sabe que cuando se quiere dormir un tema, nada mejor que crear una Comisión.

En cambio Jorge Vanossi (PRO) había presentado el año pasado, antes de abandonar la Cámara una iniciativa para obligar a que el Congreso discuta el tema a principios de este año.

Un proyecto del Movimiento Popular Neuquino pide que “el monto a distribuir a las provincias”, no pueda ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central. Esto sería un pequeño paliativo para la inequidad a la que hoy se enfrentan las provincias.

Pero otros, están pidiendo directamente que se coparticipen los dos impuestos que hoy son las estrellas de la recaudación nacional: el del cheque y las retenciones.

El puntano Luis Lusquiños propone que se coparticipe el Impuesto al Cheque. Esto había sido convalidado durante el fin de la presidencia de Fernando de la Rúa por el Congreso, que era opositor. Fue uno de los motivos de su caída. Apenas asumió Eduardo Duhalde, el Impuesto al Cheque volvió a ser no coparticipable, e incluso su permanencia en ese estado es hoy uno de los grandes argumentos para sostener la ley de Emergencia Económica. Rodríguez Saá presentó una propuesta igual en el Senado y lo propio hizo Adriana Bortolozzi, una de las oficialistas más rebeldes de la Cámara alta.

Un proyecto similar presentó el cordobés Carlos Rossi, quien además pidió que las retenciones se coparticipen.

El radical Angel Rozas también pidió la coparticipación de las retenciones, al igual que Carlos Menem.

Por último existen varias propuestas en ambas cámaras que piden que se coparticipen los fondos remanentes de los denominados ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que no fueron utilizados por el Estado

A excepción de una propuesta del senador Norberto Massoni, no se encontraron con estado parlamentario proyectos que abarquen integralmente el tema de la Coparticipación.

Como se puede observar, si se analiza un poco las propuestas detalladas, éstas se dividen en tres grandes grupos. Las que proponen una nueva ley de Coparticipación o nuevas modalidades generales de repartir la torta (Massoni o la iniciativa de MPN); las que piden que se coparticipen impuestos que actualmente no se encuentran coparticipados (todos ellos, excepto uno provienen de la oposición); y los que piden la creación de una comisión que estudie el tema. Claro que estos proyectos pertenecen al oficialismo, dado que -como decía el General- nada mejor que crear una comisión si se quiere cajonear un tema. Lo que ignoran -sin querer o queriendo- quienes proponen esta salida es que actualmente ya existe una comisión que analiza aquellos tópicos vinculados a esta materia: está en el Senado y fue presidida durante el último año por la senadora sanjuanina Marina Riofrío.

La comisión que debe estudiar un tema tan fundamental para el país recién fue conformada esta semana. Riofrío seguirá como titular de la misma.

Sin duda alguna la presencia en la comisión de varios pesos pesados de la Cámara alta, demuestra la importancia que tendrá el debate.

Por ahora al Gobierno nacional no le conviene contar con un régimen de Coparticipación. Sabe que no cuenta con otra alternativa para sostener el superávit fiscal, clave en este modelo económico. Habría que ver qué posición adoptan los gobernadores justicialistas como Mario Das Neves, Oscar Jorge, José Luis Gioja, Luis Beder Herrera y Celso Jaque quienes en primera instancia ya han planteado en voz alta sus quejas por el reparto de fondos. A este malestar se sumaron legisladores oficialistas que comenzaron subrepticiamente a analizar un nuevo régimen. Habría que ver hasta dónde llega la pulseada.