Aprobar una ley sobre ganancias para impedir el desborde de los petroleros, aumentar el mínimo no imponible, eliminar este tributo para todos los trabajadores. Ese fue el orden de prioridades pautado por el Ministerio de Economía de la Nación y, de esa manera, se trabajó en el Congreso de la Nación, aunque no sin quejas y reclamos por parte de los distintos gremios de asalariados.
Hace dos semanas, el Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto que exime del pago de impuestos a las ganancias a los rubros Vianda y Transporte de los petroleros patagónicos. Fue iniciativa del diputado “cegetista” Héctor Recalde, que otorgó esta reivindicación al gremio luego de una medida de fuerza que, durante la semana pasada, puso al borde del colapso energético al país y afectó las exportaciones de hidrocarburos a Chile.
El proyecto Recalde excluye los conceptos comprendidos en los arts. 39, 60, 80 y 81 de la Convención Colectiva de Trabajo 396/04 (explotación petrolera) de la base imponible del impuesto a las ganancias.
A pesar de que la votación a favor fue casi unánime con 57 votos positivos y 1 negativo, desde la oposición se dejaron escuchar algunas críticas por la decisión del Gobierno de eludir una reformulación general del mínimo no imponible de Ganancias para circunscribirla sólo al sector petrolero.
En concreto, la propuesta del radicalismo vino de boca del presidente del Bloque, Ernesto Sanz (UCR-Mendoza), quien sostuvo que “el Estado debería abstenerse de tomar parte por un sector en particular, y debería, en cambio, aumentar el mínimo no imponible de ganancias, como una solución más a largo plazo y más equitativa”.
Los senadores Marcelo López Arias (PJ-Salta) y Miguel Angel Mayans (Alianza Frente para la Victoria-Formosa), coincidieron con Sanz en este punto. El senador radical apuntó que “el año pasado nuestro partido ya había alertado al Ejecutivo sobre la necesidad de subir el mínimo no imponible de ganancias, sin haber tenido respuesta”.
Mientras esto sucedía en el Senado, otros veinte gremios se sumaron al mismo reclamo y fueron al Ministerio de Trabajo para pedirle a su titular, Carlos Tomada, la suba del piso salarial sobre el que los trabajadores quedan alcanzados por el impuesto a las ganancias.
A la protesta se sumaron representantes de la CASIA (Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias de la Alimentación), que agrupa a 14 sindicatos de la alimentación, como aguas gaseosas, aceiteros, tabaco o panaderos. También estaba la UOM, supervisores metalúrgicos, textiles, Calzado, Caucho y Vestido. El reclamo tuvo que ver con el “problema de fondo”, que es en definitiva el de aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, facultad que quedó establecida en un artículo del Presupuesto Nacional 2007 sancionado en Diputados.
En conclusión, se deberá esperar hasta el año que viene -abril o marzo-, para que el Gobierno disponga dicho aumento, que llevaría los actuales topes de 2.400 y 3.200 pesos para trabajadores solteros y casados, a los 3.000 y 4.000 pesos, respectivamente. Aunque desde el Gobierno salieron a desmentir la posibilidad de una inmediata medida de esa naturaleza, no se descarta ninguna acción que permitiría a varios gremios que cuentan con trabajadores cuyos sueldos superan el impuesto a las ganancias tributar menos o quedar directamente exentos, en pleno año electoral.