La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires parece negarse a tratar un proyecto que posibilite aplicar en territorio bonaerense la Ley Nacional 26.130 de anticoncepción quirúrgica, sancionada en 2006 en el Congreso Nacional y avalada por una resolución de beneplácito en la Cámara baja provincial.

Diputadas del FpV, junto a distintos referentes institucionales, de organizaciones sociales y políticas, realizaron una Jornada de Difusión de la Ley Nacional 26.130 de Ligadura de Trompas y Vasectomía, y se presentó ante los poderes Ejecutivo y Legislativo una declaración acerca de la posición de la Iglesia Católica contra la aplicación de la legislación en materia de derechos sexuales.

En este marco, las diputadas provinciales Laura Berardo, Marta Medici, Liliana Di Leo, Sandra Cruz y la coordinadora provincial del Programa Nacional Juana Azurduy, Verónica Catinari, junto a concejalas y defensoras de los derechos de la mujer, se dirigieron hacia la gobernación, donde mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete y Gobierno, Alberto Pérez.

En la gobernación plantearon la “preocupación” por las opiniones emitidas por la jerarquía eclesiástica durante una reunión con el gobernador Daniel Scioli, opiniones orientadas a condicionar el avance de la implementación de la Ley de Educación Sexual en las escuelas y la discusión del proyecto de ley provincial, presentada por Berardo (expediente 07-08/D8930), que prevé difundir en territorio bonaerense la Ley Nacional 26.130 de anticoncepción quirúrgica sancionada en 2006. Durante la reunión, Pérez explicitó que “no es decisión de la Iglesia la implementación del plan de gobierno del Estado”.

El jefe de Gabinete se comprometió a facilitar las gestiones iniciadas por las legisladoras para tener una reunión con el ministro de Salud Claudio Zin, hablar con el bloque de diputados sobre los proyectos planteados, fortalecer el ámbito del Consejo Provincial de las Mujeres y expresó la definición del Ejecutivo de “trabajar sobre las políticas de género”.

Posteriormente, las referentes mantuvieron una entrevista con el titular de la Cámara baja, Horacio González, a quien le expusieron la “necesidad de discutir fuertemente esta problemática que afecta a miles de mujeres, y la obligación del Estado de informar a la ciudadanía las leyes implementadas a nivel nacional y provincial”.

En ambas entrevistas, se hizo entrega de una declaración acerca de la posición de la Iglesia Católica contra la aplicación de legislación en materia de derechos sexuales, que fue adherida con más de 300 firmas, entre ellas las de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, varios diputados y diputadas nacionales y provinciales, y más de 300 organizaciones y referentes políticos, sociales e institucionales, del ámbito de los derechos humanos, de mujeres, sindicales, académicos, entre otros.

Al finalizar la jornada, la diputada Laura Berardo expresó que “a pesar de todos los avances que hemos logrado como mujeres, evidentemente hay ciertos sectores a los que les cuesta terminar de valorarlos, y respetar nuestros derechos”.

No obstante, estas acciones parecen haber sido insuficientes, ya que la iniciativa que plantea difundir en territorio bonaerense los alcances de la Ley Nacional 26.130 de anticoncepción quirúrgica, fue demorada por segunda vez consecutiva en las dos últimas sesiones que se desarrollaron en la Cámara baja.

Sin embargo, los diputados -en la última sesión- sí sancionaron una ley que trasfiere a título gratuito al obispado de Lomas de Zamora parte de un inmueble cuya titularidad ostenta el fisco de la provincia de Buenos Aires, ante la significativa ausencia de Di Leo y Sandra Cruz y la abstención explicita de Berardo.

La resolución

Las diputadas no lo han mencionado entre sus argumentos para sostener el proyecto en el que impulsan la difusión de la anticoncepción quirúrgica, pero la Cámara de Diputados aprobó una resolución, presentada por la diputada Marta Medici en octubre del 2006, donde se manifestó el “beneplácito por la sanción de la ley por parte del Congreso de la Nación, que permite a toda persona mayor de edad acceder de manera gratuita, a la ligadura de trompas de falopio o la vasectomía, dos métodos permanentes, pero no definitivos, que sirven para regular la fertilidad”.

La ley, que luego llevaría el actual Nº 26.130, fue la conjunción de seis proyectos que se unificaron en la Cámara de Diputados y “se puede enmarcar dentro de la firme política de defensa de los derechos humanos y los derechos sociales llevada adelante por el Gobierno nacional”, según se consignó en el texto que aprobó el Cuerpo por unanimidad. Aunque detallaron que “no es un proyecto del oficialismo, sino de la sociedad”.

Otro proyecto

La resistencia a que se apruebe esta ley que propone una campaña de difusión sobre estas prácticas establecidas por la ley nacional generó la presentación de un proyecto de ley, por parte de la diputada kirchnerista Liliana Di Leo, donde se introducen los conceptos de la ley nacional en la legislación provincial. Esta alternativa, en principio, fue descartada por las legisladoras, quienes estimaron que no era necesario porque la normativa nacional era suficiente. Pero ahora Di Leo presentó el proyecto que incorpora el inciso “ñ” al artículo 2º y sustituye el texto del artículo Nº 6 de la Ley 13.066, a través de la cual se crea el Programa Provincial de Salud Reproductivo y Procreación Responsable. La modificación apunta a “garantizar el acceso” a la realización de las prácticas de “ligadura de trompas” y “vasectomía”. También se especifica que el IOMA debe incorporar estas prácticas dentro de su Cobertura Médico Asistencial.

Se destaca que todas las leyes provinciales dictadas hasta la actualidad en materia de salud sexual y salud reproductiva prevén entre sus acciones la información y asesoramiento en materia de métodos anticonceptivos, y en casi todas ellas exigen su provisión y suministro por parte del Estado.

Varias legislaturas provinciales han ido incorporando la opción de la contracepción quirúrgica, a través de las prácticas de “ligadura de trompas” y “vasectomía”. Así, en Neuquén se sancionó la Ley 2.431, en Río Negro la Ley 3.450, en Tierra del Fuego la Ley 533, en La Pampa la Ley 2.079, en Chubut la 4.950, en Santa Fe la 12.323, en Mendoza la 7.456 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la resolución Nº 874/03.