Los senadores tendrían que dar el primer paso para que, en el principal distrito de la República, la idea de ir mejorando la seguridad vial -con nuevas normativas- sea una realidad. Es que ingresó en este Cuerpo un proyecto que plantea la adhesión a la norma nacional.

“La Provincia de Buenos Aires adhiere a los objetivos y principios generales establecidos en la Ley 26.363” reza el artículo conceptual de la norma. Tan escueto como ese artículo -el primero- más la consabida y formal aclaración del “comuníquese al Poder Ejecutivo”, comprende el proyecto que gobernador , Daniel Scioli, ingresó a la Legislatura para poner en vigencia en territorio provincial la flamante Ley de Tránsito que crea el “Registro Único de infractores” de todo el país.

La iniciativa de dos artículos, que ahora deberá aprobar la Legislatura para hacerla operativa en las rutas bonaerenses, cierra el círculo de la promesa del mandatario provincial cuando esquivó el convite de Mauricio Macri para aplicar, el sistema de licencias con puntajes con la excusa de acompañar a la Nación en el proyecto pergeñado desde el Ministerio del Interior.

De aprobarse la nueva norma, dejará de estar en vigencia en territorio provincial la Ley de Tránsito aplicada “por decreto” del ex gobernador, hoy diputado nacional, Felipe Solá, que se puso en vigencia bajo esa modalidad al mismo tiempo que se remitía un proyecto integral para reformar el Código de Tránsito provincial.

Esa “volanteada” del entonces gobernador trajo aparejado un proyecto que los mismos actores -los senadores- trabajaron en detalle en la Comisión de Transporte que preside el senador del PJ/FpV Guillermo Pérez, quienes, de mínima, sienten “algún cosquilleo en el orgullo”. Sucede que no fue fácil para los senadores consensuar un proyecto. El mismo demandó un pormenorizado trabajo a lo largo de seis meses, para que, en definitiva, recayera en la comisión homónima de la Cámara baja, sin bien se logró despacho de comisión y aprobación en la Cámara alta.

Fundamentos

En los fundamentos de la norma que remite ahora el Ejecutivo se estipula la adhesión a los objetivos y principios generales de la Ley que creó “la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, y aclara que la idea, pese a los proyectos que en la materia existen con estado parlamentario en Legislatura, tiene como espíritu “homogeneizar y correlacionar, en el plazo más breve posible, la legislación propia” con la que cuenta en la materia.

Y, en efecto, en la Cámara alta, como se dijo, existe un proyecto aprobado con algunas diferencias en relación a la ley sancionada en el Congreso Nacional, tal como el apartado que contempla alcoholemia cero, para la circulación por rutas bonaerenses.

El nuevo proyecto, enviado a instancias del Ejecutivo provincial, extenderá en territorio bonaerense la aplicación de la norma nacional aprobada por el Congreso Nacional el 9 de abril último, donde se crea la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, un organismo descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio del Interior “con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado”. Entre sus misiones, este organismo tiene como objetivo principal reducir la tasa de siniestralidad en territorio nacional y de sancionarse la adhesión, en el provincial.

Entre otras, las medidas contemplan la creación del Registro Nacional de Licencias de Conducir en el cual deberán inscribirse la totalidad de los datos de las licencias nacionales de conducir emitidas, los de sus renovaciones o cancelaciones, así como cualquier otro detalle que determine la reglamentación.

Además, se crea el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial, el Observatorio de Seguridad Vial y transfiere el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Posiciones

El senador kirchnerista Guillermo Pérez -que proviene de la primera sección electoral, del distrito de José C. Paz- explicó que la finalidad que se persiguió, cuando se aprobó en el Senado la modificación del Código, fue “brindar, a los distintos organismos del Estado, el marco jurídico para el cumplimiento de las cuatro funciones esenciales que componen al mismo: educación, prevención, control y juzgamiento”.

Pérez, que es la voz del bloque oficialista en la materia, sostuvo que en su momento “comprobamos la necesidad de disminuir las velocidades máximas permitidas en rutas, autovías, autopistas y semiautopistas”, cuestión que no tiene la misma consideración en la norma nacional. También entendió de “vital importancia la jerarquización del RUIT (Registro Único de Infractores de Tránsito) ya que, de esta manera, se propone un sistema unificado de información respecto de antecedentes de infractores de tránsito de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires”, algo que pasaría a la órbita nacional según contempla el proyecto de adhesión.

“Atentos a las estadística de siniestralidad y a nuestra preocupación por los jóvenes es que se establece que, a los solicitantes menores de 21 años, su licencia tenga una validez anual y, en todos los casos, la misma pueda caducar por la retractación de la autorización expresada por sus padres o representantes legales, ya que estos últimos son los que responden ante la responsabilidad civil de ellos”, sostiene el legislador en relación al proyecto que trabajaron en el Senado y pasaría a ser letra muerta con la adhesión propuesta por el Ejecutivo. Lo mismo sucedería con la “alcoholemia 0” que contemplaba el proyecto provincial ya que el nacional tiene una tolerancia de 0,5 % a particulares.

Desde la oposición, el senador radical Marcelo Honores tomó la discusión “en principio como positiva, lo que no podemos es estar con esta emergencia que genera un vacío institucional, el Estado tiene que tener un marco firme en esta cuestión” dijo, y agregó que “habrá cuestiones que tendremos que discutir pero, al menos, es necesario que acordemos un marco legal que se ponga en vigencia cuanto antes aunque las imprescindibles obras de infraestructuras para aportar seguridad, prometidas en reiteradas oportunidades, siguen brillando por su ausencia en la Provincia”.