En la Argentina no existe una ley de Cultos. La Constitución dice que la Nación sostiene el culto Católico Apostólico Romano. La Iglesia Católica -que es la única considerada “pública”- tiene entonces una fuerte preponderancia, gracias a este reconocimiento. Las instituciones pertenecientes a otros cultos deben ser inscriptas como ONG´s, es decir como cualquier otra organización de la sociedad civil de fines no religiosos. Esto genera un problema importante, porque las ONG´s no tienen algunos derechos como el de exigir a sus miembros o empleados que ajusten su comportamiento a su doctrina, a tener entidades de segundo grado u obtener los mismos beneficios impositivos que la Iglesia Católica.

El tema de la libertad de culto se viene debatiendo en la Argentina ya hace muchos años. El problema se generó durante la última dictadura militar, cuando se sancionó una ley de entidades religiosas que es considerada pro-católica y “discriminatoria” para el resto de los cultos. Desde 1983 se debaten posibles cambios, pero siempre sin éxito. El avance más importante se había hecho durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando el entonces Consejo Asesor de la Secretaría de Culto elaboró un anteproyecto que fue consultado con las facultades de Derecho, iglesias y confesiones religiosas. El anteproyecto fue recibiendo sugerencias que se consensuaron y recopilaron. Pero antes de que se pudiera elevar al Congreso, sucedieron los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Recientemente el proyecto fue retomado por el Consejo para la Libertad Religiosa (CALIR) -una organización que aglutina a representantes de distintas religiones- en el marco del Congreso Internacional “La Libertad Religiosa, Origen de todas las Libertades”. Raúl Scialabba -presidente de la organización- criticó que, a excepción de la religión Católica, reconocida en la Constitución, “no existan leyes que reconozcan a las otras iglesias y confesiones religiosas su carácter de tales, con su propia identidad y naturaleza”.

En el encuentro -en que disertaron numerosos representantes y sacerdotes de todos los credos- el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, admitió la necesidad de una nueva ley.

El anteproyecto que promueve CALIR es el que se había consensuado al finalizar el mandato de De la Rúa. Cuenta con 37 artículos en los cuales se reafirma la libertad religiosa y de conciencia garantizados por la Constitución y convenios internacionales, y se explicita cuáles son los derechos de las personas: profesar sus creencias, cambiarlas, no ser obligados a prestar juramentos que “violenten sus convicciones” (esto es importante, por ejemplo para los Testigos de Jehová), a recibir sepultura acorde a su tradición, celebrar sus festividades y contraer matrimonio según sus ritos, sin violar la ley civil.

“La creencias religiosas de las personas no pueden ser invocadas para fundamentar actos discriminatorios o generar desigualdades ante la ley”, dice en su artículo 4°, donde se explicita que sí les pueden exigir a sus miembros que respeten los principios de la institución y “de hacer un uso razonable del derecho de admisión”.

La propuesta -que excluye a astrólogos, adivinadores o cultos satánicos- permite que las entidades religiosas sean tratadas como entidades de bien público y gocen de beneficios tributarios. Además, sus edificios serían declarados inembargables. Sus ministros tendrán algunos derechos que hasta hoy no tienen, como acceder a cárceles, Hospitales, asilos y cuarteles para dar asistencia espiritual a las personas que lo deseen.

También se crearía un Registro Nacional de Confesiones Religiosas, que será presidida por la Secretaría de Culto. Por último, se establecen sanciones al Código Penal a quien viole las garantías de estas libertades.

Mientras este debate se sucede en la sociedad civil, en el Congreso hay poco y nada. Apenas algunos proyectos que apuntan a regular algunas cuestiones puntuales. Omar de Marchi (DM-Mendoza) propone libertad para los sacerdotes de ingresar a cárceles y hospitales. Otro proyecto de Marcela Rodríguez (CC-Bs.As) propone que se protejan los datos de religión de las personas.

Tal vez el proyecto más ambicioso es el de la formoseña Adriana Bortolozi, que propone eliminar el carácter público de la Iglesia Católica.

Fuera de eso, el tema no parece concitar la atención de los legisladores. Tal vez por indiferencia, tal vez para no pelearse con la Iglesia. Lo cierto es que el debate sobre el tema se hace necesario para respetar a la propia Constitución.