En los quince años de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación, enfrenta hoy su hora más difícil. En rigor, el titular de ese organismo, el ex diputado nacional cordobés Eduardo Mondino, jamás imaginó en qué iba a terminar todo cuando le contaron la frase pronunciada por Alberto Fernández cuando se enteró de su idea de convocar al Gobierno nacional a la mesa de diálogo: “Que no se peine para esa foto”, dicen que dijo el jefe de Gabinete.

El nuevo capítulo se empezó a escribir cuando, según fuentes del primer piso de Balcarce 50, tras la inasistencia de Alberto Fernández y del ministro de Economía Carlos Fernández, el defensor les inició acciones judiciales por “obstruir y entorpecer” sus atribuciones.

Puertas adentro de los principales despachos de la Casa Rosada acusan al peronista Mondino de estar en campaña electoral para su provincia, a partir de que se presentará como candidato a la gobernación. Según ese pensamiento, el hombre anda en busca -al igual que toda la oposición- del ahora preciado voto agrario. Pero no se quedaron con esa acusación, sino que desde el bloque del Frente para la Victoria, a través de paladares negro del kirchnerismo como Diana Conti y Carlos Kunkel cargaron con todo contra el hombre.

Simultáneamente ambos Fernández le mandaron una carta para que se abstenga de imputarlos por el faltazo.

En un pedido de informes que ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la oficialista Graciela Camaño, Conti solicita que responda “cuál es el acto, hecho u omisión de la Administración Pública” que implica el ejercicio “ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente” que justifique su intervención.

Además, en su proyecto de resolución la diputada le pregunta a Mondino por qué razón decidió citar a los presidentes de ambas cámaras del Congreso a participar de la cita con los integrantes de la Mesa de Enlace de las cuatros entidades del agro.

Conti pide que explique también si considera que ante “situaciones extraordinarias”, el defensor del Pueblo puede arrogarse competencias y facultades que no estén expresamente previstas en la Constitución, ni en la ley reglamentaria, que establece los alcances de las atribuciones de su figura.

Una batería de preguntas que en el fondo constituye una señal política, que para más de un diputado de la oposición consultado por Parlamentario son para ponerlo “en caja”… Y si hace caso omiso, “no descarte que van por su cabeza”, aclaró uno de ellos.

Vienen por más

Ese es el panorama que pintan y que algunos inscriben en la tesis de que en esta batalla el kirchnerismo no le perdona nada a nadie. En ese sentido, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, no descarta ninguna de esas acciones y lógicamente anticipa, al igual que su compañero de bancada Francisco Ferro y el presidente del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), Eduardo Macaluse, entre otros, que van rechazar cualquier embestida que busque su destitución.

Precisamente uno de los más duros a la hora de fijar su posición con relación al proyecto de Conti fue el radical Gustavo Cusinato, integrante de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo para quien “el Gobierno no tiene límites. Esta es una muestra de lo que ellos entienden por calidad institucional”.

En ese contexto, el proyecto fue incluido para ser tratado en la última sesión, pero como la oposición avisó que no iban dar los números para su tratamiento sobre tablas, Conti -tras las consulta de rigor- optó para pedir su abordaje en la próxima reunión.

Por su lado, el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, se limitó antes de la ofensiva a afirmar -en sintonía con el Gobierno- que la propuesta de Mondino tendría el defecto de contraponer al Estado, “que representa a todos los ciudadanos” con el agro, es decir, con “un solo sector” de la sociedad.

En cuanto a esta colisión de poderes, cabe recordar que resta conocer la opinión de la presidenta Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo la senadora santafesina Roxana Latorre, quien podrá expresar su pensamiento del conflicto cuando regrese de Europa, donde se encuentra desarrollando actividades legislativas.

Otro de los integrantes de esta comisión es el senador radical Gerardo Morales, que también está en el exterior, más precisamente en la reunión de la OIT en Ginebra. Hasta ahora no dijo nada. O tal vez plantee, como respondió uno de sus asesores, abrir la discusión en esa comisión que en lo que va del año, salvo la reunión de formación, nunca se volvieron a reunir. Es que a la misma le compete velar por las atribuciones del defensor del Pueblo de la Nación, cuestionadas ahora por su secretaria, Diana Conti. Toda una paradoja.

Silencio de radio

En tanto, en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Suipacha al 300, en las horas posteriores a la ofensiva de Conti y compañía se llamaron a silencio. “Se cancelaron todas las entrevistas”, era la respuesta que se recibía ante toda consulta. Sólo les faltaba agregar que “de ese tema no se habla”.

Y no era para menos, pues no estaba en sus planes una reacción de esa naturaleza, como admitieron puertas adentro sus asesores, quienes continuaban estudiando cómo seguía la imputación formulada contra los dos Fernández, además de cancelar el pedido de entrevista con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos dijo en rueda de amigos que estaban en un callejón sin salida, en términos políticos, por cierto.

En rigor, como se admitió en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación a cargo de Carlos Parrilli, “estamos cansados de que Mondino nos corra por izquierda”. No fue la única expresión contra el cordobés, pues recordaron por ejemplo que fue funcionario durante la gestión de Carlos Menem, y que asumió el 28 de diciembre de 1999 a instancias del jefe del bloque de diputados nacionales Humberto Roggero, a pocos días que vencerse su mandato de diputado.

En tren de agilizar la memoria, habría que decir también que Parrilli fue el miembro informante en la Cámara baja cuando se privatizó YPF, en la misma década…

En tanto, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, también enarbolaba el argumento de que “no hay razón de que amerite o justifique que el defensor del Pueblo tenga que actuar sobre políticas públicas definidas por el Gobierno”.
Mientras que en las oficinas de Mondino se repite a quien quiera escuchar que su actuación se enmarca en lo que fija el artículo 86 de la Constitución Nacional, es decir, cumplieron al pie de la letra su contenido. Claro que no ponderaron que los cursos de acción del kichnerismo en tren de arrodillar a la dirigencia del agro tiene su propia lectura de la legalidad. Restan esperar los pasos siguientes de la ofensiva contra el funcionario, siempre y cuando decidan seguir con la movida, a riesgo de que el oficialismo cargue con él al precio que sea.