Por Julio El Alí

“Los violadores no se curan”, es un lema repetido hasta el cansancio por los especialistas, pero la realidad indica que la Justicia ha dejado en varias oportunidades en libertad a abusadores que han vuelto a violar.

La Cámara de Diputados cuenta con siete proyectos de ley que apuntan a la creación de un “Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual”. Sin embargo, en las primeras reuniones entre asesores de la Comisión de Legislación Penal quedó en evidencia que hay una fuerte oposición a la creación de un registro de violadores porque consideran que es inconstitucional. En esta línea ideológica, se planteó la principal traba: el acceso de la información.

Registro cerrado

El consenso entre los asesores de la comisión fue oponerse a un registro de violadores con un amplio acceso a la información, ya que lo consideran una ley que “violaría la Constitución Nacional”. La mayoría no está de acuerdo con estos proyectos y sólo lo apoyarían “con un restringido acceso, donde sólo estaría limitado al Poder Judicial, con el objetivo de investigación y de delitos”.

Este punto conflictivo que frena el camino de la iniciativa es contemplado por los siete proyectos que se están estudiando. En comparación, el proyecto de la diputada Nora César, presidenta de la comisión, es el más adecuado a los pedidos de los asesores para resguardar el derecho a la intimidad. César plantea que “toda la información existente en el registro será reservada, pudiendo ser sólo requerida por los jueces y tribunales de todo el país. Asimismo podrán requerirla por intermedio del órgano jurisdiccional: las autoridades nacionales, provinciales o municipales; Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y policías provinciales, para atender necesidades de investigación; autoridades extranjeras, con el fin de intercambiar información sobre antecedentes penales de las personas, siempre y cuando ello se efectivice desde entidades judiciales y/o de prevención del delito. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos pondrá a disposición de quienes están habilitados a requerir la información incluida en el registro, un sistema informático de acceso a los datos por intermedio de un usuario y una contraseña o clave de identificación, según propone la diputada kirchnerista.

También el proyecto de la ex diputada peronista Nora Chiachio establece un acceso restringido.

En cambio, la diputada Paola Spátola, quien presentó el primer proyecto sobre esta temática en el 2004, prevé que “toda persona u organización no gubernamental que acredite ante el registro especial un interés legítimo podrá solicitar información sobre si una persona se encuentra o no incluida en dicho registro. Las ONG a que se hace referencia deberán ser previamente legitimadas mediante resolución del Poder Ejecutivo, para requerir los informes”.

En el mismo sentido, el proyecto del diputado entrerriano Raúl Solanas establece que el registro aludido podrá ser consultado por las víctimas de delitos sexuales y por terceras personas que acrediten un interés cierto en la consulta aludida.

En el extremo de libre publicación, se encuentra el proyecto del ex diputado Juan Carlos Bonacorsi quien prevé que la información obrante en el registro estará disponible para la totalidad de la ciudadanía, con excepción de cualquier información acerca del empleador de la persona registrada y la dirección del establecimiento donde presta servicios, a través del sitio web que creará a tal efecto el registro. En ningún caso se difundirá el nombre o cualquier otra información acerca de las víctimas de las personas registradas.

Por su parte, sorprende que la iniciativa del ex diputado Mario Bejarano haya comenzado a recorrer su camino legislativo, pero no será una tarea fácil. El séptimo proyecto corresponde al macrista Eugenio Burzaco y plantea no sólo un registro para los violadores sino que abarca otros delitos.

Los pasos a seguir por la Comisión de Legislación Penal será comenzar a escuchar a los asesores de los diputados que tienen los siete proyectos presentados. Luego, asistirán a dar sus puntos de vistas los especialistas en el tema como así también las organizaciones sociales.