El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció hace poco los resultados parciales del censo que realizaron para conocer la situación laboral de los empleados porteños. En total trabajan 130 mil empleados, de los cuales 26 mil revisten en calidad de contratados bajo la modalidad de “locación de servicios”, según informó el Presidente de la bancada del PRO, Oscar Moscariello, en el marco de lo que establecen el Decreto 948/05 y la Resolución 959/05. Esta última reemplazó al primero, preservando todo lo prescrito en el mismo.

Macri decidió cumplir con el compromiso de su campaña electoral de achicar el gasto y en virtud de ello determinó, en los últimos días de diciembre de 2007, no renovar 2.400 contratos por tratarse de “puestos políticos y ñoquis”.

El 7 de enero de 2008 el Gobierno firmó un acuerdo con el SUTECBA -gremio que nuclea parte de los empleados de la Ciudad- donde se establece la revisión de cada uno de los contratos, dejando afuera de manera poco precisa y ambigua a los 2.400 cesanteados.

La medida fue repudiada por ATE, el otro sindicato del sector, que resistió la medida a través de los canales institucionales, obteniendo algunos triunfos parciales ya que varios jueces fallaron a favor de los trabajadores.

Aún hoy, la situación es incierta ya que el Ejecutivo ha desoído los fallos judiciales, aunque no avanzó con más cesantías. Sin embargo, el Gobierno porteño podría afrontar una cadena de juicios laborales de persistir su política de recortar la planta de empleados.

Los trabajadores se verían amparados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, por unanimidad, reconoció el derecho de los empleados del Estado a ser despedidos sólo en aquellos casos en que, sumario de por medio, se acredite una causa justificada. En los casos donde se los despida sin causa grave ni sumario, se le reconoce el derecho a la reincorporación al puesto de trabajo y el pago de los salarios adeudados.

El fallo obedece al expediente “Madorrán, María contra la Administración Nacional de Aduanas” y lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. De esta manera, la Corte, al confirmar una decisión de la Sala VI de la Cámara del Trabajo, juzgó que la “estabilidad del empleado público”, establecida en el art. 14 bis de la Constitución, es la llamada estabilidad propia o absoluta.

Preocupación

En la Legislatura comenzó a preocupar el grado de incertidumbre que reina entre los trabajadores estatales porteños, lo que condujo al legislador del bloque Encuentro Progresista, Raúl Fernández, a presentar un proyecto de resolución donde silicita el inmediato cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas por los jueces “en amparos interpuestos por particulares que hubiesen sido afectados por la no renovación de contratos encuadrados en los regímenes del Decreto 948/05 y la Resolución 959-MHGC-07”.

Sostiene Fernández al respecto que esos trabajadores, encuadrados en los regímenes laborales mencionados, “se encuentran dentro del régimen de empleo público previsto en la Ley 471 de esta Ciudad”.

Recuerda en su presentación, asimismo, que “mayoritariamente el personal despedido desempeña tareas corrientes de la administración y que, habiendo sido incorporados a este régimen, el personal tiene los derechos y obligaciones establecidos en la norma, entre otros la estabilidad en el empleo”.

A continuación, el diputado Raúl Fernández manifiesta en su proyecto que mas allá de la discusión que pueda generar su afirmación “prima facie ha sido resuelta en distintos fallos dictados por jueces de la Ciudad de Buenos Aires”, para agregar a continuación que “en los fallos referidos, estos se han expedido haciendo lugar a las medidas cautelares solicitadas por los actores y han dispuesto entre otras cosas, la reincorporación de los empleados a sus puestos de trabajo, con idénticas tareas e idénticas remuneraciones”.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Legislación General y el Trabajo, Marcelo Meis (PRO), expresó a Parlamentario que los trabajadores de la administración pública no pueden ser incorporados a la planta permanente y que los contratos en cuestión se ajustan a derecho. “En realidad no creo que haya que hacer alguna modificación sustancial al respecto, salvo en aquellos lugares en los que se vayan produciendo vacantes, en tal caso habría que incorporarlos por concurso”, afirmó Meis en referencia a los empleados contratados través del Decreto 948/05 y la Resolución 959-MHGC-07.

Sostuvo, asimismo, que “hay quienes pueden plantear que hay una relación laboral encubierta lo cual, a veces podría ser cierto, pero también es cierto que el Estado ha decidido desde hace bastante tiempo y no sólo la Ciudad, sino se lo hace en general, firmar contratos de Locación de Servicios que obviamente están regulados legalmente”.

“Esos contratos tienen una modalidad que en general y habitualmente se confeccionaba para incorporar personal temporalmente, es decir un tiempo corto; lamentablemente esa metodología se utilizó para todo tipo de contratos y lo que ocurre es que ello pasó a formar parte de una práctica común”, manifestó el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Interrogado sobre la posibilidad de incorporar a planta permanente a los agentes involucrados, Meis respondió que “la situación en la que se encuentra la Ciudad y teniendo en cuenta el atraso que hay en las posibilidades de inversión no sé si eso podría darse en un corto plazo, porque es mucha la cantidad de contratados y aumentaría sustancialmente el costo presupuestario”, para agregar que “si se tomara esa decisión, pasaríamos a contar con una planta de personal contratado menor a los 20 mil que existen hoy. Es decir el presupuesto será el mismo, no se lo puede estirar”, acotó.

Consultado sobre la relación laboral existente entre la Ciudad y trabajadores contratados, dijo que “es discutible el hecho de si existe o no relación de dependencia; creo que es una modalidad contractual: quien firma el contrato no lo firma desconociendo la realidad y lo hace sabiendo que firma un contrato y no una planta permanente. De última, no corresponde pasarlos a planta permanente sino es a través de un concurso público, sino ello sí sería ilegal”.