Pocas veces puede darse una situación así: que el no tratamiento de un tema anunciado, sea una señal concreta de su futura sanción concreta. Es que si bien estaba previsto que el debate sobre los juicios por jurados se desarrollara en la última sesión del año en el Senado, fue eliminado el día anterior. Más de uno se sorprendió entonces porque un tema impulsado nada menos que por la todopoderosa senadora Cristina Fernández fuera quitado de la agenda, e imaginó problemas para su sanción.

Argumentos sobraron. Se dijo que el no tratamiento de tema tendría que ver con la ausencia de la primera dama en la sesión; se deslizó también que se había optado por tener un fin de sesiones tranquilo y evitar una sesión farragosa. Pero no era tan así.
Es que, por un lado, se sabe que cuando Cristina Kirchner debe estar en el recinto para respaldar un proyecto, lo hace a rajatabla. Si hasta ha suspendido algún viaje para acompañar a su esposo cuando el tema lo ameritaba. O al revés, más de una vez la sesión en cuestión estuvo supeditada a la presencia o no de la primera dama, disponiéndose directamente la suspensión por su ausencia.

El argumento de evitar una sesión final tormentosa tiene más sostén. En efecto, no había el consenso suficiente sobre el tema, aunque obviamente el peso numérico del oficialismo hubiera sido suficiente para ganar la discusión. De hecho, el titular del bloque radical, Ernesto Sanz, había anticipado días antes a Parlamentario que “nosotros vamos a acompañar el proyecto, aunque puede que planteemos algunas diferencias”.

¿Qué pasó entonces? Para muchos, la postergación del tema para las ordinarias que comienzan en marzo representó toda una señal de que se piensa utilizar este tema para sacar rédito. Es que se trata de una cuestión que no sólo está en la Constitución originaria de 1853, sino también en las demandas de Blumberg y según las encuestas muy bien visto por una sociedad desencantada con el sistema de justicia tradicional.

Ergo, el oficialismo busca que el Juicio por Jurado pueda ser exhibido dentro de las cuestiones de mejoramiento institucional que forman parte del plan post-Misiones puesto en marcha y cuya primera escala representó la reducción de la Corte Suprema redoblando la apuesta de la oposición. No por nada, tanto ese como este tema tienen la deliberada impronta de la senadora Kirchner, a quien se sigue testeando para ver si finalmente se convierte en la candidata presidencial.

De ser así, no tenía sentido agotar un tema tan redituable este fin de año, sin más bien conviene exhibirlo en el comienzo del electoral 2007. Y de paso, mientras tanto, la demora, permitirá seguir sumando consensos a un proyecto que goza de una aceptación considerable por parte del arco político general: sólo los sectores de centroizquierda se oponen.

En qué consistirá el proyecto

Básicamente, se trata de que los acusados por crímenes penales a los que se les pueda dictar más de ocho años de prisión -si los consideran culpables- puedan ser juzgados en función del sistema de jurados. 12 personas integrarán un tribunal que presenciará un juicio oral y público contra ese o esos acusados.

Una vez presentado el caso -con todas las pruebas pertinentes- el jurado deberá debatir si la persona es culpable o inocente y sobre si existen pruebas contundentes para determinar una cosa o la otra. El veredicto de culpabilidad requerirá nueve votos; el de no culpabilidad, siete.