Cabe señalar que esta ley fue el resultado del consenso obtenido por los integrantes de la Comisión de Ecología del Palacio Legislativo, a partir de tres proyectos presentados: uno de autoría de la legisladora Mirta Onega (Columna Social), otro impulsado por el diputado Alejandro Rabinovich (ARI) y un tercero enviado por el Ejecutivo porteño.

La ley aprobada por el Cuerpo establece que el Poder Ejecutivo deberá fijar el valor de la tasa anual que tendrán que abonar los generadores, transportistas, almacenadores, tratadores y operadores de plantas de disposición final de residuos especiales.

Asimismo, el Ejecutivo deberá procurar la instrumentación de incentivos para aquellos generadores que, como resultado de la optimización de sus procesos, cambios de tecnologías y gestión ambiental en general, minimicen la generación de residuos especiales, además del reciclado y la reutilización de los mismos.

Otro de los apartados fundamentos de este proyecto es el reservado a las estrictas sanciones que deben aplicarse a través del Código de Faltas a quienes no cumplan con la normativa.

En tanto, el proyecto establece que el certificado de habilitación especial será requisito necesario y previo para que la autoridad, que en cada caso corresponda, pueda proceder a la habilitación de las respectivas industrias, transportes, plantas de tratamiento, almacenamiento, disposición final y otras actividades que generen u operen con residuos especiales.

Por lo tanto, quedará en manos del Poder Ejecutivo dar el visto bueno a esta prometedora propuesta que propone regular la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y también la disposición final de los residuos especiales en el ámbito capitalino.

Asignatura pendiente

La diputada Mirta Onega dialogó con Parlamentario y explicó que al tratamiento de los residuos peligrosos lo entiende “como dependiente de una solución política porque repercute en la calidad de vida de la población. Es decir, debiera ser asumido por la sociedad, por los distintos poderes y, fundamentalmente, debe ser legislado y adecuadamente implementado, para que no resulte una letra muerta porque, dependiendo de su naturaleza química, los residuos peligrosos pueden transformarse en contaminantes del ambiente”.

En tanto, agregó que “no es suficiente pagar una multa por contaminar, sino que se debe tender a no generar contaminación. Por esa razón, debemos legislar y normar el procedimiento para su manipulación, porque es el único camino para una mejor calidad de vida. Por ello entiendo que con la sanción de esta ley estamos dando cumplimiento a una asignatura pendiente, que manteníamos con toda la ciudadanía”.