Satisfacción era el clima que transmitía monseñor Jorge Casaretto, tras la presentación de una iniciativa que promueve la creación de un esquema de prevención del consumo de drogas y de alcohol en el sistema educativo a nivel nacional.

La acción se inscribe en una experiencia política sin precedentes de la Iglesia en nuestro país, y según calificados observadores tiende a crear relaciones más aceitadas con el Poder Legislativo, controlado por los bloques de senadores y diputados del kirchnerismo.

Es que las relaciones con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner nunca fue un camino tapizado de rosas, sino de espinas desde que arribaron a la Casa Rosada en mayo de 2003.

El enfrentamiento en particular con el Cardenal Jorge Bergoglio fue la más difícil desde el regreso de la democracia en 1983 de la Iglesia con el poder de turno. Los presidentes anteriores mantuvieron una relación estable y de mutua reciprocidad en particular con Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Este último apeló a la Iglesia para buscar salir de la crisis con su participación en la distribución de los planes sociales.

En cambio con Néstor Kirchner desde el primer día no hubo una sola señal de acercamiento lo que sorprendió a más de uno. No sólo con la Iglesia, sino con las Fuerzas Armadas y la Sociedad Rural.

Uno de los puntos más álgidos del enfrentamiento fue con la inasistencia de NK al Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. Otro elemento que echó más leña al fuego fue que no recibió individualmente al cardenal Bergoglio, sino en un par de oportunidades a la Conferencia Episcopal Argentina.

Una tensión que se acentuó aún más cuando el obispo castrense Antonio Baseotto dijo sin pelos en las lenguas, que lo ideal sería arrojar al mar al entonces ministro de Salud, Ginés González García por impulsar entre otras medidas la educación sexual, que conjeturó abortista.

Kirchner respondió rápidamente y le exigió que deje de dar misa en los cuarteles y solicitó al Vaticano que lo retire de su cargo. Un tema aún pendiente.

A la carga. Precisamente las leyes sobre educación sexual fue seguida palmo a palmo por las autoridades eclesiásticas en su periplo por las dos cámaras. Desde la Iglesia se apelaba con cartas dirigidas a los diputados y senadores y la presión de los Obispos de cada provincia a los legisladores para ponerle un cepo a determinadas leyes.

Una de ellas fue la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por las Naciones Unidas y que Argentina estaba en morosidad.

Durante años el lobby de la Iglesia surtió efecto hasta que Néstor Kirchner ordenó su aprobación, y salvo un par de legisladores se opusieron a la hora de las votaciones, pero sin que esa resistencia pusiera en peligro el resultado en el tablero electrónico.

Como se informara en la edición 759 de Parlamentario con el titulo “La Guerra Santa”, llovieron las cartas de las instituciones católicas rogando por el no. ¿La razón? “Implicaría una renuncia a la soberanía y dejaría una brecha abierta a la futura aprobación del aborto”.

Además en la ofensiva desde la Casa Rosada se autorizó a sus bloques a avanzar en la sanción de leyes cuestionadas por Bergoglio y compañía. Como se reflejará en las páginas de Parlamentario era una especie de canje con sus varones y mujeres que se veían a votar otras leyes en contra de su voluntad.

En los meses previos a la finalización de la gestión de Néstor Kirchner la senadora nacional del FpV Adriana Bortolozzi de Bogado, se metió en la pulseada y no se quedó a mitad de camino. Presentó sendos proyectos de ley por los cuales solicitaba quitar el status público de la Iglesia y dejar sin efecto las vicarías castrenses, lo que generó más de una polémica en el seno del bloque del FpV. De acuerdo con los relatos de entonces, no avanzó la misma por señales enviadas desde Balcarce 50, como se detallara en la edición 845 de Parlamentario con el título “La transgresora”.

Antes NK y ahora CFK dejaron sendos proyectos en la lista de espera, como señal de que en cualquier momento puede quedar habilitado para su sanción.

Con Cristina en el poder la relación se volvió a tensar la cuerda cuando el Vaticano vetó la candidatura de Embajador de Alberto Iribarne, por su condición de divorciado.

En este contexto de idas y vueltas desembarca al Congreso la Iglesia a través de su operador político, monseñor Jorge Casaretto, quien en más de oportunidad puso en dudas las cifras sobre la pobreza y la indigencia, con la consiguiente réplica del Gobierno.

Nueva estrategia

“A lo largo de estos meses de trabajo intenso hemos logrado, como Foro, un encuentro fructífero entre distintos sectores que hemos tomado la decisión de ahondar en nuestra responsabilidad de ser ciudadanos. Este proceso, que sin duda se dará en el largo plazo, ya ha esbozado sus primeros pasos en los objetivos que se fueron cumpliendo, principalmente en la consolidación de una propuesta nacional de trabajo mancomunado” así resumió ante Parlamentario el laico Eduardo Serantes, titular de la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado tras la presentación en la Cámara baja con una conferencia de prensa que colmó el lugar escogido.

Es que nadie quería quedar fuera de la singular movida. Entonces estaban en primera línea las máximas autoridades del Cuerpo, Eduardo Fellner y Patricia Vaca Narvaja, los jefes de la mayoría de los bloques entre ellos Agustín Rossi (FpV), Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (PRO), Adrián Pérez (CC), Francisco de Narváez, más las responsables de las comisiones de Adicciones y Control del Narcotráfico, de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Graciela Giannettasio, Adriana Puiggros, Juliana Di Tullio, entre otros legisladores.

La iniciativa fue elaborada por el Foro de Habitantes a Ciudadanos que reúne a la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado, autoridades de otros credos y referentes se sectores empresarios, obreros, financieros, rurales y académicos que estuvieron presentes a la hora de dejar el proyecto de ley.

La misma tiene como objetivo impulsar la creación de un Programa Nacional de Educación y Prevención sobre el Consumo de Drogas, que debería instrumentar el Ministerio de Educación en coordinación con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar).

Para cumplir ese programa, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo incluya una partida especial en el ámbito del Ministerio de Educación.

Según estadísticas incluidas en la iniciativa, el consumo de Paco comienza cerca de los 8 años y es padecido por el 47 por ciento de los varones que viven en las zonas donde la inclusión social es más que visible.

Una de las premisas apunta a “promover estilos de vidas que hagan a los individuos y grupos menos proclives a involucrarse en el consumo de drogas”.

El Foro entiende que la comunidad educativa es la que debe “diseñar e instrumentar programas de educación y prevención que favorezcan el desarrollo de actitudes, valores y habilidades comprometidas con estilos de vida saludables”.

Más allá de estos calificativos habitados de buenas intenciones, el dato central es que la Iglesia dio su primer paso orgánico en la relación con el Poder Legislativo, no a través de cartas o de lobbys de los obispos, sino a través de una ley.

Todo un desafío, como admitió uno de ellos a Parlamentario cuando se retiraba del Palacio de las Leyes, mientras adentro los legisladores se peleaban ante las cámaras de televisión por pontificar sobre las bondades del proyecto, que espera ahora la bendición en los dos recintos.