John McCain eligió como su compañera de fórmula a Sarah Palin, la gobernadora de Alaska, con un perfil muy bajo hasta hace poco. Barack Obama eligió como su candidato a vicepresidente a Joseph Biden, un senador experimentado pero de bajo perfil, desterrando definitivamente el sueño de muchos demócratas del dream team Obama-Hillary Clinton. ¿Por qué Obama rechazó esta posibilidad? Porque tenía miedo de que el alto perfil de la senadora opacara una posible gestión suya en la Casa Blanca. En la tradición norteamericana, el vicepresidente es un aliado que, si bien puede tener algún interés distinto, es parte del riñón del candidato. “Quiero a alguien capaz de retar mis ideas y no simplemente a alguien que diga que sí a todo”, había dicho Obama antes de anunciar el nombre de su número dos. Pero retar no implica desafiar su poder.

En la Argentina, la relación de los presidentes con sus vices ha sido siempre conflictiva, y esto se fue agudizando en los últimos años, por características propias de la democracia nacional. El principal problema es que existe una disociación entre la función constitucional del vicepresidente y la simbólica: es decir, la que le asignan los votantes y los propios políticos.

¿Para qué sirve?

El vicepresidente tiene funciones muy claras asignadas por la Constitución Nacional: por un lado ser el presidente del Senado, es decir del órgano representantivo.

Remplazar al Presidente en caso de viaje, licencia o muerte. Sólo eso: no hay otra función prevista para él o ella. El vicepresidente no es un co-presidente, ni un compañero de equipo… es más, técnicamente ni siquiera es parte del Poder Ejecutivo, sino que es la cabeza de otro Poder. El vicepresidente no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones diarias. El Poder Ejecutivo en la Argentina, de acuerdo con el artículo 87 es unipersonal. “El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de ‘Presidente de la Nación Argentina’”.

Esto no es solamente un capricho, sino que tiene una finalidad: al no ser parte del Gobierno, sirve como fusible en caso de problemas. El ejemplo de Ibarra-Telerman sirve para clarificar. La administración de Ibarra fue sometida a un juicio político, acusado de haber actuado con negligencia en la tragedia de Cromañón; todo su Gobierno fue puesto en duda y él resultó destituido. Telerman asumió en su lugar. ¿Pero no era él tan responsable como Ibarra? No, porque no era parte de ese Gobierno; él no fue parte de las decisiones que llevaron a esa tragedia. El mecanismo constitucional de la Ciudad -al igual que la de la Nación- permite que el vice asuma ante una crisis sin la pesada mochila de las decisiones que tomó su antecesor.

El vicepresidente (o vicegobernador, o vicejefe de Gobierno) no tiene injerencia en las decisiones. La Constitución prevé esto de manera intencionada. Pero el problema es que ese rol -ese no rol- está muy disociado de la función simbólica que le asignan los políticos y muchos votantes. “Yo no lo voto a De la Rúa, lo voto a Chacho”, decían muchos progresistas en la elección de 1999. Pero la historia demostró, como estaba escrito en la Constitución, que Chacho no gobernaría sino que lo haría De la Rúa.
El vicepresidente en la tradición política argentina se usa para “balancear la fórmula” y por eso en general se elige a una figura de mucho peso, aliada pero completamente diferente al candidato presidencial; suele ser una forma de sellar una coalición o simplemente de compensar los puntos débiles del candidato principal.

Así, por ejemplo, Menem en 1989 eligió a Eduardo Duhalde, un caudillo bonaerense que le traccionaba votos del conurbano de esa provincia clave que debía disputar con Antonio Cafiero. Esa alianza, que vehiculizó el triunfo, luego se convirtió en una pesadilla para el ex presidente. Duhalde renunció a la vicepresidencia dos años después, para irse como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En 1995, para evitar problemas, Menem eligió a un hombre mucho más cercano, pero que tuviera un perfil propio: Carlos Ruckauf fue de la partida. Pero al poco tiempo, su ex ministro del Interior también quiso volar y los conflictos se agudizaron al punto que en la elección de 1999 Ruckauf fue el candidato a gobernador del duhaldismo, enfrentado en la interna con Menem.

También en 1995 se creó el Frepaso, que llevó la fórmula Octavio Bordón-Chacho Alvarez. Pese a que no ganaron, la coalición se desintegró a los pocos meses de la elección.

¿Qué hubiera pasado si obtenían la presidencia? Posiblemente algo similar a lo ocurrido en la presidencia de De la Rúa.

En 1999, el radical fue electo junto a Chacho Alvarez, como integrantes de una Alianza de Gobierno. Aquí la particularidad fue que -a diferencia de lo que había sucedido con Menem y sus laderos- buena parte del electorado votó por Chacho Alvarez. Pero en el ejercicio del poder, De la Rúa no tomó en cuenta a su compañero de fórmula; es decir, que lo usó para llegar a la presidencia, pero luego lo limitó a sus funciones constitucionales. Chacho Alvarez renunció a su cargo luego del escándalo por las coimas en el Senado. Fue el principio de la debacle de ese gobierno que había sido votado como alianza y concluyó como el más unipersonal de los poderes.

Luego del interregno Duhalde, se volvió a convocar a elecciones para 2003. Otra vez muchos salieron a balancear la fórmula. Elisa Carrió eligió a un demócrata de Mendoza, Gustavo Gutiérrez, de perfil más liberal, que balanceara la imagen de mujer impredecible de izquierda que ostentaba por entonces Carrió. Adolfo Rodríguez Saá eligió al radical Melchor Posee, en una versión arqueológica de lo que luego sería la “Concertación Plural”. Néstor Kirchner, por su parte, buscó consolidar el perfil duhaldista de su fórmula, y aceptó que el entonces presidente le impusiera a un vice: Daniel Scioli.

Kirchner se alzó con la victoria y los conflictos no tardaron en aparecer. Como parte del acuerdo pre-electoral, Kirchner le había garantizado a su vice el manejo de las áreas de turismo y deportes. Pero Scioli empezó a hablar de más a ojos de Kirchner: participaba en foros internacionales y hacía anuncios en nombre del Gobierno. Kirchner no lo soportó, le sacó las carteras a su cargo y lo condenó al ostracismo, hasta que lo volvió a necesitar como candidato a gobernador bonaerense.

Finalmente, en 2007, se conformó la Concertación Plural. Cristina Fernández de Kircher y Julio Cobos generaron una fórmula que supuestamente sintetizaba “lo mejor del peronismo y lo mejor del radicalismo”. Sin embargo, nunca se explícitó de qué manera confluirían ambos espacios. Como era de esperarse, el vice nunca tuvo lugar en la toma de decisiones y las pocas veces que hizo declaraciones públicas lo mandaron a callar.

El 17 de julio de 2008, tras cinco meses de conflicto entre el Gobierno y el campo, Cobos tuvo que dirimir el tema con su voto en el Congreso. Desempató en contra del Gobierno.

Eliminar al vice parece ser una solución posible para mejorar la gobernabilidad en la Argentina. Para eso existen dos caminos: el primero, casi imposible, reformar la Constitución. Se le puede dar más poder, sacarlo de la órbita del Poder Legislativo, hacer que la ciudadanía vote una fórmula diferente -por ejemplo, Presidente-Jefe de Gabinete-, o simplemente eliminar esa figura.

Otra opción, más realista, es que los políticos y la ciudadanía tomen conciencia de la dimensión de la institución vicepresidencial. Que los votantes tengan en claro que cuando emiten su sufragio están votando a un presidente y a un suplente; no a dos presidentes.

Y que los candidatos tomen conciencia de que al elegir un vicepresidente de perfil propio, y no coparticiparlo en las decisiones de Gobierno, se estarán ganando también un enemigo poderoso. Y eso no le conviene a ningún presidente.