A pesar de haber contado con el apoyo de los bloques de la Coalición Cívica y del FpV para sancionar un paquete de casi 80 leyes que conforman el andamiaje jurídico de la administración de Mauricio Macri , al oficialismo le está resultando difícil alcanzar los acuerdos necesarios para sancionar la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un plazo de diez años prorrogable hasta doce meses, por única vez.

Si bien acordó con las bancadas opositoras algunos requisitos para acompañar el proyecto de ley enviado por Macri, como por ejemplo la realización de audiencias públicas, la expansión del número de empresas prestatarias y de un programa de integración para los cartoneros al circuito formal del reciclado de residuos, el PRO no ha logrado aún emitir el despacho con el dictamen favorable, a pesar que el sistema en vigencia vence el próximo febrero.

Cabe recordar que el proyecto de ley y la documentación complementaria llegó a la Legislatura el viernes 8 de agosto. Contiene el contrato más alto: reajustes mediante, llegará el próximo año a 1.000 millones de pesos anuales.

La Comisión de Obras y Servicios Públicos que preside el peronista Cristian Ritondo, hace semanas que viene negociando los puntos más conflictivos del nuevo sistema de limpieza y, aunque ha cedido en muchos de los reparos interpuestos por la oposición, no logró el respaldo necesario para despacharlo con dictamen favorable.

Aunque debe reconocerse -es la primera vez- que estos contratos fueron discutidos por los legisladores, ya que los gobiernos anteriores resolvieron el tema en la mesa chica de las decisiones.

El trámite parlamentario que siguió este expediente se debe a que el artículo 82 de la Constitución porteña establece que cualquier concesión por un plazo superior a cinco años está sujeto a la aprobación legislativa. El Gobierno pretende firmar contratos por diez años, porque según sostienen las empresas deberán hacer inversiones importantes para renovar los camiones y adquirir máquinas barredoras, por lo que necesitan un período necesario para solventar sus inversiones.

Basura Cero más cartoneros

“La cuestión medular de nuestra propuesta pasa, básicamente, por aplicar la Ley de Basura Cero a través de la formalización de los cartoneros”, afirmó el ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo al exponer ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura.

Según expresó el funcionario macrista ante los legisladores porteños “la idea es presentar nuestra visión de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, que está orientada a resolver -en la medida de lo posible- en forma integral y definitiva, y ésta es una cuestión central”, tres objetivos que entendemos que, a esta altura, son impostergables para la Ciudad de Buenos Aires”.

“Son tres los objetivos que debemos cumplir: la Ley de Basura Cero, limpiar la Ciudad de Buenos Aires, e incluir definitivamente el sistema informal de cartoneros”, acotó Piccardo.

El ministro señaló luego que piensan en un diseño de un sistema integrado y conceptual que sea sustentable en el tiempo, “no es posible resolver esta problemática en forma parcial o individual” y agregó también que si no se lograba incluir y ordenar el sistema de cartoneros, la posibilidad efectiva de limpiar la Ciudad se veía limitada.

Según el funcionario durante 2007 “el sistema formal de recolección diferenciada de residuos secos, que se implementó a partir del contrato de higiene urbana vigente, recolectó material reciclable por 280 toneladas que llegaron a los centros verdes”. En tanto el sistema de trabajo informal de cartoneros había recolectado en promedio 600 toneladas por día de material reciclable. Es decir que en un año, “el sistema formal recolectó casi la mitad de lo que el sistema informal hace en un día”, resaltó Piccardo.

La propuesta enviada, según manifestó el ministro “trata de un cambio sustancial del eje de solución; es decir, el eje que veíamos antes intenta, de alguna forma -porque así se hace en muchas partes-, optimizar los sistemas de transporte y logística, porque es natural y razonable que si una empresa recoge con algunos camiones el húmedo, lo haga en seco, pero entendemos que la solución para la Ciudad de Buenos Aires no es aplicable, por lo cual queremos mover el eje, a un eje social de inclusión del sistema informal de los cartoneros, para que de una buena vez les demos la posibilidad de formalizar su trabajo, que ya se demostró que lo hacen bien pero que sólo les falta organización”, enfatizó el funcionario.

Plazos y pagos

Respecto al plazo, Juan Pablo Piccardo, sostuvo que “es importante un plazo de diez años, porque hay mucha inversión por realizar, y hay muchas prácticas para desarrollar; hay mucha gente involucrada. Este proceso necesita estabilización de este tipo de actividades y esto lleva su tiempo. Entonces, necesitamos que las prácticas puedan ser desarrolladas y mantenidas en el tiempo, como criterio, y específicamente éste es un contrato que necesita inversiones”.

Para el ministro un mayor plazo significa mejor sistema de depreciaciones y amortizaciones y un menor costo. “En esos diez años, el costo total del mantenimiento operativo, que está incluido en el costo de capital y en el efecto impositivo, es un costo menor que si tomamos cuatro años. En principio, existe un alto costo de capital, con lo cual, más allá de todo lo que tiene que ver con prácticas de trabajo, es importante que sea un contrato de diez años para que los costos sean razonables en términos de inversiones requeridas para avanzar en estas actividades”.

En cuanto al sistema de pagos, Piccardo manifestó que “estamos proponiendo un sistema de pago mixto, que combina dos sistemas de pagos mundialmente utilizados: el de área limpia con el de pago por tonelada”.

“No queremos plantear una antinomia, ni decir que uno es mejor que el otro”, agregó el ministro.“Estamos planteando un sistema por el cual el 64% de lo que van a facturar las empresas se va a pagar por área limpia, y el 36% se va a pagar por tonelada. Por supuesto que esta porción de pago por tonelada necesita un sistema de control, y hay que hacerlo”, esbozó como síntesis final el ministro.

Audiencia forzada

Si bien el presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Cristian Ritondo, en reiteradas oportunidades sostuvo que la convocatoria a audiencias públicas constituía una prerrogativa legislativa, el bloque del PRO debió ceder ante el reclamo de organizaciones ambientalistas acompañados por los legisladores de la oposición.

Así, con más de 100 oradores, la mayoría de ellos opositores al proyecto oficial, se realizó la audiencia pública sobre la reforma integral del sistema de recolección de residuos de la Ciudad.

Con ello, la Legislatura finalizó el proceso luego de ocho horas de debate, tras lo cual quedó el camino expedito para que el pleno del Cuerpo analizara en segunda lectura el texto del proyecto, que involucra el principal contrato que paga con sus recursos la Ciudad. El año próximo este servicio tendrá un presupuesto estimado en casi mil millones de pesos.

Las principales impugnaciones fueron coincidentes sobre la duración del nuevo sistema, que superaría inclusive un potencial segundo mandato del actual jefe de Gobierno, y la modificación del actual régimen de “área limpia” a tonelada recogida.

Diego Santilli calificó de “histórica” la audiencia por que implicaba “un procedimiento abierto, con la participación de todos, donde las diferentes organizaciones pudieron expresarse. Ojalá que cuando sancionemos esta ley sea con el mayor consenso”.

En tanto desde la oposición, el legislador kirchnerista Pablo Failde advirtió que en el proyecto de ley “no se sabe cómo se va a aplicar la Ley de Basura Cero. Existen faltas de controles genuinos de la cantidad de toneladas que las empresas concesionadas recolecten y transporten”.

Imprevistamente, el titular de la CGT, Hugo Moyano, habría cambiado de parecer, tras haberse trabado los acuerdos que había alcanzado con el Gobierno porteño. El sindicalista cuestiona la extensión de los actuales contratos con las empresas y según trascendidos, Moyano estaría analizando llevar adelante una medida de fuerza ante la imposibilidad de ingresar Coviares SA al negocio de la basura en Capital Federal.