Luego del pedido de renuncia al titular de ARBA, Santiago Montoya, por parte del gobernador Daniel Scioli -según aclaran-, el Ejecutivo bonaerense reordenó sus aéreas sensibles de su gestión: ARBA, Economía y Producción.

Así fue que Rafael Perelmiter, hasta ese momento en la cartera económica, asumió como titular de la Agencia de Recaudación, mientras que Alejandro Arlía, quien se desempeñaba en el Ministerio de Producción, tomó el cargo del anterior. El diputado provincial y vicepresidente I de la Cámara baja, Martín Ferré, del riñón sciolista y una voz del ex motonáuta en aquel ámbito, fue el elegido para el lugar que dejó vacante Arlía.

Durante su asunción, Arlía confirmó que está “totalmente descartada” la emisión de cuasi-monedas, “no sólo en la Provincia, sino en toda la Argentina”, y manifestó su intención de acompañar las candidaturas ‘testimoniales’ si el pueblo de Brandsen, distrito al que pertenece, se lo pide.

No obstante, el flamante ministro ya debe lidiar con su primera polémica, resultante de la autorización por parte del Gobierno provincial a la Tesorería General de la Provincia a incrementar la emisión de Letras Previsionales del Tesoro por hasta la suma de $ 1.600 millones para ser entregadas al IPS por los excedentes financieros que generó, a partir del 1º de enero de 1997, la operatoria de dicho organismo previsional.

La decisión publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto Nº 3.947, que lleva las firmas del gobernador Daniel Scioli y del entonces ministro de Economía, Rafael Perelmiter, y el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, generó resistencias en el ámbito bonaerense.

La Federación de Educadores bonaerenses (FEB) -uno de los gremios docentes más importantes de la provincia- interpuso un recurso judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, donde plantea la “inconstitucionalidad de la Ley 13.929 de Presupuesto bonaerense”, por “incorporar al tesoro provincial los fondos del Instituto de Previsión Social” y solicita anular la medida dispuesta por el Gobierno.

En la presentación realizada por la FEB, se le solicita a la Corte que anule dicha normativa, “por resultar inconstitucional y confiscatoria del legítimo derecho de nuestros afiliados”, al tiempo que, según aseguró Mirta Petrocini -titular del gremio-, “aunque desde el Gobierno hoy se diga que los fondos del IPS están garantizados, nos resulta difícil en estos tiempos confiar en que no se va a terminar perjudicando los fondos del Instituto”.

También desde la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional (Adesip) y el Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía (Cemurpo) recurrieron a la Suprema Corte provincial para hacer llegar su recurso de inconstitucionalidad. La Corte estudia una medida cautelar que frenaría la operatoria programada por el Gobierno de Scioli.

En Cámara

El diputado provincial de la Coalición Cívica, Juan Carlos Juárez, mostró su disconformidad con la medida y adelantó que en su bloque “evalúa un pedido de interpelación al Ministro de Economía”, Alejandro Arlía.

La interpelación tendría como objetivo saber “qué destino concreto le piensa dar a ese dinero porque vamos a analizar si no hay incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, si no hay abuso de autoridad, y si no se incurre en una falta como la malversación de caudales públicos”.

El legislador advirtió que “lo que debería pensar el gobernador es que esos fondos tendrían que ser utilizados para subir la jubilación mínima de la provincia que es vergonzosa, porque es la más baja del país”.

De la misma manera, la diputada del Movimiento Libres del Sur, Laura Berardo, expresó que “no se puede financiar el déficit provincial con la plata de los trabajadores”, y denunció que “el gobernador Scioli, para enfrentar el déficit a dos meses de las elecciones, toma el ahorro de los trabajadores estatales para jubilar en vez de hacer aportar a quienes se han enriquecido en momentos de crecimiento del país y la Provincia”.

La candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral sostuvo que hay sectores que “ganan fortunas siderales” y que “es ahí donde se deben buscar los recursos económicos para enfrentar el déficit de la Provincia que afectará a los sectores populares”.

Más allá de la polémica suscitada, habrá que ver cómo reacciona el flamante ministro Alejandro Arlía.