Tras el revés electoral del inolvidable domingo 28-J, el Gobierno sacó de la galera, para recuperar la iniciativa, que ingresen por Balcarce 50 los líderes de la oposición con la finalidad de abrir el debate sobre una reforma política con el fin de extender el certificado de defunción a un funcionamiento amañado.

Es que antes y después de las aperturas de las urnas todos se quejaban por los aspectos negativos de ley electoral, que van desde el financiamiento que nunca se aclara sobre el origen de las cifras, las listas sábanas, las presuntas trampas a la hora del conteo y un sinfín de acusaciones que se vierten sobre los procesos electorales nacionales, provinciales y municipales.

Con ese escenario de fondo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, era el encargado de poner la cara y la oreja a los reclamos de la oposición, quienes de entrada lograron modificar el planteo original de sancionar nuevas leyes electorales. Dijeron que no era la centralidad de los problemas que atraviesa la Argentina, sino los de índole económicos, en particular la pobreza y la exclusión social, amén de la desocupación y la falta de estabilidad laboral.

La estrategia diseñada por la Casa Rosada quedó imprevistamente en la nada, ante la decisión de la UCR y otros sectores políticos de “patear” el tablero, por considerar a la convocatoria del Gobierno de “mera especulación”. El titular del centenario partido, el senador Gerardo Morales, fue uno de los primeros en salir a decir que “el diálogo político era un hipocresía”. Casi inmediatamente se sumaron los líderes del PRO, del cobismo y del peronismo disidente.

Esta decisión no hizo más que confirmar las tesis de los que se negaron a participar del diálogo político, como Elisa Carrió, Carlos Reutemann y Pino Solanas, entre otros.

De acuerdo con este cuadro de situación, ninguna de las fuentes consultadas por Parlamentario se arriesgó a afirmar que este año será abordado en el Parlamento el proyecto de reforma política. “No dan los tiempos”, dijo un empinado miembro de la mesa de conducción del bloque de diputados del FpV. “La prioridad pasa por los temas económicos”, agregó en sintonía con las posiciones de la oposición.

No es novedad

En rigor, si uno repasa qué pasó, tanto en Diputados como en el Senado, con los acuerdos logrados con los jefes de los bloques sobre los temas a tratar tras la reanudación del trabajo después de las largas vacaciones electorales, el tema no asomaba ni en el pelotón de acuerdos, es decir no estaba en los primeros lugares, sino en el montón, como para demostrar “cierta preocupación” y la vocación virtual de cambiar la metodología.

Una prueba irrefutable de que ni al oficialismo ni a la oposición están desesperados por cambiar la ingeniería electoral, fue el temario aprobado: emergencia agropecuaria, régimen penal juvenil, prórroga de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, ingreso universal por hijo en escolaridad, Indec, Consejo del Magistratura, etc..., son las iniciativas a abordar en las comisiones y en los recintos en lo que resta hasta fines de noviembre cuando el actual período de sesiones ordinarias den las hurras.

¿Cuáles fueron las declaraciones? “Hemos construido un temario bastante amplio y estamos dispuestos a analizar lo que planteó la oposición; por supuesto que pondremos nuestras miradas, pero sí vamos a tratar todos los temas”, dijo Agustín Rossi, en tanto el jefe de los radicales, Oscar Aguad, afirmó que “es un paso adelante; desde el oficialismo hay una lectura distinta de las urgencias del país, un cambio importante. A su lado el titular del PRO, Federico Pinedo, no la iba en zaga: “Son temas muy relevantes y si podemos iniciar el tratamiento serio a partir de ahora es algo muy importante para la Argentina”, mientras Adrián Pérez, de la CC, enfatizaba que “lo importante es que el Parlamento recobre vitalidad”, pero advirtió que sobre la marcha se observará “cuál es la voluntad real de avanzar en estos temas” por parte del oficialismo.

Todas ellas pronunciadas a lo largo de julio que envalentonó, después a Miguel Angel Pichetto que realzó la conducta responsable de la UCR y de los demás bloques en el sentido de ordenar las sesiones y no potenciar conflictos. Todo este conglomerado de frases quedó en el olvido, tras la decisión del Gobierno de avanzar -sin cortapisas- en su proyecto político, dejando de lado cualquier acuerdo con la oposición.

Para todos los gustos

Repasar todas las iniciativas presentadas en los últimos años es encontrar una gama de propuestas para transparentar los comicios y la selección de los candidatos, sin olvidarse de impulsar el voto electrónico y la implementación de la boleta única.

Un inventario que arroja “preocupación” como la cuestión de género para promover y defender la participación equivalente de las mujeres en los cargos públicos, más allá de reconocer el avance logrado a través de la Ley de Cupos.

Otro proyecto de ley es el que busca la implementación efectiva del mecanismo de consulta popular para someter a debate proyectos, en un comicio general y único, con boletas especiales que serán uniformes en todo el país.

También sancionar a aquellos dirigentes electos por un partido político que decidan incorporarse a otra fuerza, caso que se hizo famoso con el diputado nacional Eduardo Lorenzo Borocotó con lo cual quedó bautizado esos abruptos cambios de camiseta “la borocotización”. El diputado en cuestión se pasó del macrismo al oficialismo sin escala, aunque con el escándalo que se armó no se unió al kirchnerismo, sino que parió un bloque unipersonal.

En la Cámara alta está en la lista de espera un proyecto que propone presupuestos mínimos para una reforma política integral que establece entre otras cuestiones, la prohibición de la ley de Lemas y la limitación de la reelección para cargos electivos.

Entre otras normas, en ambas cámaras figuran además varias iniciativas que proponen implementar la boleta única y que apuntan a establecer que ningún candidato podrá presentarse a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos.

En lo vinculado a la política de derechos humanos, una de las banderas que enarbola la pareja presidencial en sus discursos, no hay avance y todas las leyes presentadas quedan en el cajón de las comisiones.

Un caso palpable es lo que sucedió con el proyecto de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda Pérez, quien propone prohibir que se presenten como candidatos aquellas personas procesadas como autores o coautores de delitos de lesa humanidad, para impedir que se repitan situaciones como las generadas con Luis Patti. Antes de los comicios se aprobó en general y no se terminó de votar en particular. Se reanudó el trabajo legislativo y no hay indicios, pese a las insistencias de Donda Pérez de darle la media sanción definitiva.

Peor es el caso de los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar. Para ello se propone inscribir expresamente en los padrones a las personas desaparecidas para identificarlas y establece que, en ningún caso, se podrá proceder a su exclusión como fallecido.

Como se podrá apreciar, no falta ningún tema a considerar, pero hasta ahora en ninguna de las comisiones de ambas cámaras que les compete la incluyen en sus largos temarios. Sus responsables adujeron, ante la consulta de Parlamentario, que mientras no reciban órdenes concretas siguen en lista de espera.

Lo cual es legítimo preguntar en voz alta a qué se debe esta falta de interés en priorizar las sanciones de leyes que den una organicidad distinta al funcionamiento de los partidos políticos y transparencia de las urnas en los comicios nacionales, provinciales y municipales.

Nadie de los consultados por Parlamentario ofreció una respuesta coherente o, en su defecto, eludieron con argumentos lábiles o con el consabido “estamos preocupados por otros temas” y lógicamente citan la ley de Radiodifusión o ahora el tratamiento de la ley de Presupuesto nacional 2010, entre otras.

De la mentada reforma política ya todos la dejaron en la vera del camino de las buenas intenciones o mejor dicho de los tradicionales reclamos tras el ejercicio de la soberanía popular expresada en los votos.

Revisar las declaraciones antes y después del 28-J es una muestra palpable del oportunismo político de los dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición. Hicieron gárgaras de la imperiosa necesidad de transparentar el andamiaje jurídico, los que el correr de los días se diluyó.

Y nadie arriesga fechas tentativas. Incluso legisladores que integran la mesa chica del bloque del FpV, en conversaciones informales bajo el riguroso off the records, admitieron ante el cronista de Parlamentario que la reforma política “no se tratará este año”.

Ahora cabe la pregunta, ¿por qué? Desde el oficialismo y la oposición dicen que ahora urgen otros temas, como siempre.