“Viste, hasta Lozano nos apoya”. Esa fue una de las frases pronunciadas en una de las reuniones realizadas al día siguiente del anuncio que sorprendió a más de uno y que fue deliberadamente explicitado en la Casa de Gobierno, cuando en la cartera laboral se reunían el secretario General de la CGT, Hugo Moyano, y el ministro Carlos Tomada para hablar de manera informal sobre los cursos de acción de las negociaciones colectivas, en particular los límites a los reclamos salariales.

No fue casual, sino que fue pergeñado para restarle dramatismo a las negociaciones y, de paso, enviar un mensaje al resto del movimiento obrero, sobre que los históricos reclamos no eran soslayados y, sin decirlo, tendrán su peso a la hora de las discusiones entre la dirigencia sindical y empresarial.

Claro que cuando hablaban de Lozano se referían al diputado nacional, uno de los representantes de la CTA en la Cámara baja, que se caracterizó por sus furibundos ataques a la política oficial, tal cual reflejó Parlamentario en algún momento del año pasado; incluso el Gobierno montó un equipo para contrarrestar la posición del verborrágico legislador.

Al margen de esta anécdota, lo cierto es que la presentación de la ley generó el aval de la mayoría de los senadores y diputados de la oposición, sin distinción de ideología. Pero, como no podía ser de otra manera, con reparos formales o deslizando que esos fondos podrían ser derivados para la campaña electoral.

Mas allá de esas críticas, el oficialismo se aseguró que su tratamiento no tendrá problemas en ninguna de las cámaras, y mucho menos en la baja, donde últimamente el presidente del cuerpo, Alberto Balestrini, y el jefe del bloque de diputados, Agustín Rossi, tuvieron que sudar la gota gorda para conseguir quórum, aunque en la última sesión del año pasado se marcharon con la frente marchita al frustrarse esa intención.
Pero, por las dudas, y para evitar demoras en su tratamiento y como es norma y costumbre cuando al Ejecutivo le interesa dar celeridad a una ley, está resuelto que dé sus primeros pasos en el Senado, ya que la mayoría numérica le garantiza que no habrá sobresaltos de último momento.

Entonces, de no mediar un imponderable de último momento, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el chaqueño Jorge Capitanich, será la comisión cabecera, lo que asegura que su dictamen favorable es irreversible. Esto último porque el segundo pase de comisión es a la de Trabajo y Previsión Social, presidida por el senador radical Gerardo Morales, que a partir de su condición de ser una de las máximas autoridades del partido no pierde oportunidad para enrostrarle al oficialismo sus diferencias. Sin embargo, no se puede soslayar que el presidente de la bancada, el mendocino Ernesto Sanz, ya dio cuenta de forma pública que el bloque de la Cámara alta y el de la baja apoyará la sanción inmediata de la ley.

O sea, está todo dispuesto para su abordaje y se descuenta que antes de fin de mes estará sancionada, con el fin de que el presidente Néstor Kirchner lo anuncie entre sus logros cuando dé comienzo el nuevo período de sesiones ordinarias, el próximo 1 de marzo. Un discurso en el que seguramente dirá que es el último que pronuncia en su calidad de tal, un recurso discursivo que a más de uno no termina de convencer.

Idas y vueltas

Cuando esté sancionada, y fundamentalmente reglamentada la ley, se habrá cerrado definitivamente una etapa histórica, que comenzó a madurar cuando la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo impulsó y sancionó, con pleno éxito, la ley en 1994, llamada paradójicamente de solidaridad previsional. A través de la misma se prohibió el ajuste automático de las jubilaciones por el costo de vida o de los salarios, además de anular la movilidad o ajuste de las jubilaciones como proporción del sueldo de los activos.

La decisión del Gobierno, de permitirles a los afiliados de las AFJP, optar por el sistema estatal genera una impensada alternativa a 11,3 millones de personas inscriptas en ese régimen, aunque aportan regularmente 5,4 millones. Son los clientes de las administradoras que deben decidir si, con las puertas abiertas, eligen el futuro de acuerdo con sus convicciones y no el impuesto por el cepo de la ley Menem-Cavallo.
Mientras, las AFJP están rearmando su estrategia comercial para no quedar a la vera del camino, algo difícil que suceda, máxime porque en la actualidad las empresas del sector dejaron atrás los sobresaltos. En efecto, la historia de cierres y fusiones dejó en carrera a 11 de las 26 empresas que inauguraron el sistema en 1994, de las cuales hay tres que concentran el 56 por ciento de los fondos. En cuanto a los afiliados, las tres con mayores número de afiliados y aportantes (Orígenes, Met y Consolidar) concentran el 50 por ciento del total y, junto con las tres siguientes (Máxima, Arauca Bit y Nación), superan el 86 por ciento.

No se puede soslayar que, a extramuros del Congreso, se fijan otras expectativas. Por ejemplo, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advirtió que la moratoria que permitió jubilar a personas sin aportes y el proyecto del Gobierno para reformular el sistema previsional provocarán que, en el futuro, “no haya recursos para pagar las nuevas prestaciones”.

La letra chica

Este es el panorama a escasos días de que se aborde en el recinto de la Cámara alta y, según las afirmaciones de Jorge Capitanich y Miguel Angel Pichetto, es factible que en la sesión del miércoles 14 tenga media sanción.

No obstante, todos los legisladores están a la espera del texto definitivo para conocer, en forma íntegra, las intenciones del Gobierno, el que por estos días se limitó a dar a conocer en términos generales el núcleo de la ley. Esta, sin lugar a duda, marca un antes y un después en la gestión del presidente Néstor Kirchner, quien la va a incorporar entre sus logros cuando pronuncie su discurso en la Asamblea Legislativas del próximo 1 de marzo. Una fecha que es toda una señal para los senadores y diputados del oficialismo.