Bien podría definirse como “agridulce” la sensación del diputado Juan Carlos Morán tras la sesión especial convocada por la oposición para derogar el tarifazo. Es que los 90 diputados reunidos no sólo estuvieron lejos de permitir acceder al quórum necesario, sino que estuvieron un poco lejos de las entre 108 y 113 presencias con las que se ilusionaba la oposición.

Con esa cara recibió a Semanario Parlamentario, horas después de haber hecho junto a otros colegas de la oposición cálculos con presencias y ausencias, varias de ellas por razones de fuerza mayor. El tema era lograr un número significativo que sirviera para “lograr una presión decisiva”. Igual, no baja los brazos y advierte que todo es parte de una construcción que va en la dirección atinada.

“Nunca creo que vamos a lograr la derogación del tarifazo en el recinto, porque cinco minutos antes Cristina Fernández te hace una conferencia de prensa y lo deroga ella”, se sincera. Pero rescata otros valores de la tarea ejercida desde la oposición, recordando que ya se logró la suspensión a partir de la presión generada en la Comisión de Energía, y destaca también que en esta tarea se hayan unido “desde la izquierda a la derecha, desde Pino Solanas al PRO”.

- ¿A partir del 10 de diciembre este tipo de cosas se van a repetir permanentemente, teniendo en cuenta el cambio en la relación de fuerzas?

- Las expectativas que tenemos son las de darle respuestas a la sociedad que votó un Congreso de color distinto al Ejecutivo. Me parece que en ese sentido hay cuatro o cinco propuestas en las cuales la oposición tiene que ponerse de acuerdo, ya no para oponerse o para parar la capacidad de daño de Néstor Kirchner, que ha tratado de acelerar el proceso en estos cuatro meses, con el final de una mayoría circunstancial, sino que lo que nosotros tenemos que hacer a partir del 1° de marzo del año que viene -porque sesiones extraordinarias la Presidenta no va a convocar-, es tener la responsabilidad política de ponernos de acuerdo en, primero, un plan de blindaje social universal. Eso significa el ingreso ciudadano a la niñez, 200 pesos por chico con obligación a que concurran a la escuela y tengan todos los certificados de salud, y eso va paralelo a una reforma impositiva. Porque la plata tiene que estar, entonces también tiene que ser responsabilidad fiscal de parte de la oposición, y eso significa una responsabilidad impositiva que implica una reforma del Impuesto a las Ganancias, tiene que ver con el Impuesto a las ganancias en la renta financiera, tiene que ver con reforma en los planes sociales… Es: ingreso ciudadano a la niñez, política social universal, con reforma fiscal.

En la segunda cuestión hay un compromiso político electoral que hay que cumplir, que es: bajar las retenciones en soja en forma considerable y eliminar retenciones al trigo, la leche, carnes y a productos regionales.

- Esas medidas las pueden lograr desde el Congreso.

- Lógico, yo creo que son los grandes temas en los cuales uno se tiene que poner de acuerdo. Hay además algunos temas institucionales, como generar una reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, para generar más independencia de la Justicia. Por eso digo que hay cuatro o cinco leyes en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo necesariamente en la oposición. Esa es la expectativa que tenemos que tener y debemos ser responsables ante la sociedad que votó un Congreso distinto para generar respuestas.

- Ahora bien, la Presidenta bien puede vetarles todas esas cosas que impulsan… ¿Ustedes se ven venir una lluvia de vetos?

- ¡No sea aguafiestas!... (risas) No, está bien, si la Presidenta cayera en una situación de generar un veto automático, sería una especie de “vetocracia” que generaría un conflicto social permanente. Y eso es malo para la institucionalidad, muy malo. Por lo tanto uno debería tener la expectativa institucional de que eso no ocurra, y que si son leyes que tienen un sentido social importante, un sentido productivo, un sentido republicano, como estas tres leyes que planteo no debería ocurrir esto. Si ocurriese, la consecuencia sería un conflicto social muy importante para la Argentina.

- Carrió dijo que “el plan B de Néstor Kirchner es que Cristina sea Zelaya”. ¿Cómo le suena esa teoría?

- Mire, nosotros hacemos un equilibrio importante. El camino de la Coalición Cívica en la oposición tiene que ser un camino muy angosto que sea: ni diálogo con los corruptos, en los ministerios, el Ejecutivo y en la Casa de Gobierno, ni tampoco actitudes conspirativas. Es una ruta muy angosta que debe tener que ver con lo parlamentario. Los diálogos y los acuerdos se dan en el Parlamento, y las críticas y el parar la capacidad de daño también se dan en el Parlamento. Ese es un camino muy angosto, ni diálogo que sólo signifique una foto para Kirchner, ni tampoco una conspiración. Es un camino muy angosto que no todos transitan; algunos se van para una banquina, o se van para la otra, y algunos caen en una postura u otra y le pueden dar la excusa para estos objetivos que puede tener Néstor Kirchner y que Carrió define muy bien.

- Mencionó a los corruptos y precisamente usted ha presentado muchas denuncias sobre el tema. Se acaba de conocer esta semana el caso del secretario de la Presidenta que incrementó su declaración jurada un 765%. ¿Qué pasa con los integrantes de este Gobierno que logran incrementar tanto su patrimonio?

- Son una asociación ilícita liderada por Néstor Kirchner, con caja centralizada en Julio De Vido, que maneja todas las áreas y administraciones de fondos fiduciarios que tienen oscuridad y falta de transparencia, y frente a eso la Justicia tiene que investigar. Nosotros hemos acercado muchas pruebas, hemos aportado nombres, hay abiertos procesos, y la Justicia tiene que avanzar. Los tiempos de la Justicia no son los tiempos que a la gente le gustaría, pero nos gustaría mucho, la verdad, que la energía mediática que pone (el juez Norberto) Oyarbide en una causa como es la de los medicamentos, también la pusiera en la causa del enriquecimiento ilícito de los Kirchner, donde nosotros hemos aportado ya muchas pruebas y deberían existir mayores diligencias de parte del juzgado.

- Muchos dicen que a los gobernantes mientras están en el poder nunca les pasa nada y recién las causas se empiezan a mover cuando ya lo dejan o lo van perdiendo. Teniendo en cuenta que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo tema, ¿no sería conveniente esperar a impulsar las causas sobre el final del mandato?

- Nosotros, como funcionarios públicos y diputados de la Nación no podemos actuar por lo que es conveniente. Tenemos que actuar por convicciones, por ética y responsabilidad, y desde ese punto de vista, visto, observado y presumido el delito, hay que denunciarlo. Lamentablemente en la Argentina la Justicia pareciera ser más independiente cuando el poder se debilita. Una República necesitaría una Justicia fuerte e independiente cuando hay un poder hegemónico; lamentablemente en Argentina no ha sido así.

- ¿Cuál de todas las denuncias que hay, en muchas de las cuales ha participado como denunciante, es la más contundente contra el kirchnerismo?

- En todas hay pruebas, en todas se puede avanzar. Un tema lo llevamos a la Justicia cuando realmente tenemos fuertes indicios, fuertes pruebas. El tema por ejemplo del alquiler de los aviones, que apareció esta semana; nosotros tenemos algún dirigente peronista que tiene aviones alquilados o comprados en Santa Cruz y todavía lo estamos investigando y hasta que no tengamos pruebas suficientes no lo vamos a llevar a la Justicia. El tema de los aviones parece ser como antes era la frivolidad del menemismo… Por lo tanto, en general todas nuestras denuncias son de mucha seriedad, pero si eligiera una en la que no está acusado directamente Néstor Kirchner, le diría “Electroingeniería, tendido eléctrico a Pico Truncado”. Ahí es muy visible el sobreprecio, la Auditoría General de la Nación habló de un sobreprecio del 48%, muy nítido. Fue el tema por el que cuando Nelson Castro me hace la nota, lo echaron por ser Radio Del Plata de Electroingeniería; fue por el mismo caso en que a (el ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel) Garrido le recorta las facultades Esteban Righi; y es por el mismo caso por el que a la Auditoría General de la Nación le intentan recortar las facultades por haber hecho público el informe.

El otro caso me parece que es muy, muy importante, en el que estamos todos los días trabajando y aportando pruebas casi en forma semanal, aunque muchas veces no las damos a publicidad, es por el enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner. Es muy clara, muy clara, la triangulación que existe entre las decisiones públicas del Gobierno de Néstor o de Cristina Kirchner, que benefician a Juan Carlos Relats, Lázaro Báez, Sebastián Eskenazi o Cristóbal López, haciéndole hacer buenos negocios y, paralelo a eso, ellos le hacen hacer buenos negocios en su patrimonio privado. Esto podríamos plagarlo de ejemplos: sobreprecios en la ruta 9; régimen tarifario para las concesiones viales de Relats, con el decreto 902 de junio de 2008 para beneficiarlo económicamente y le termina pagando un alquiler que no es rentable de 10.300.000 pesos en el Hotel Los Sauces… Sobreprecios de hasta 200, 300% a Austral Construcciones de Lázaro Báez, quien le termina pagando el triple de lo que vale la casa de la calle 25 de Mayo 220 en la ciudad de Río Gallegos. A Eskenazi le hacen hacer un buen negocio quedándose con el 15% de las acciones de YPF, sin poner un peso y pagándolo con la propia renta petrolera, y paralelo a eso le paga un interés del 13% en los plazos fijos en dólares, cuando el promedio de lo que se paga es el 2,5… Son muy claros los retornos, es muy nítido. Por eso digo que Oyarbide tiene que poner la energía que mediáticamente está poniendo en la otra causa.