La renuncia forzada de Jorge “Fino” Palacios a la titularidad de la Policía Metropolitana es apenas un indicio de las enormes presiones que, de cara a las elecciones presidenciales de 2011, están obligando al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a implementar un plan de Gobierno que atienda las necesidades más urgentes que padece la Ciudad y que ofrezca resultados tangibles en el corto plazo.

Para la oposición el capital político de los primeros dos años de gestión de MM no sólo se ha agotado, sino que comienza a arrojar pérdidas a raíz de los incesantes reclamos de sectores de la salud, la educación y el diario acoso que padece la ciudadanía por razones de la inseguridad.

El Gobierno macrista ha soportado en estas últimas semanas una innumerable sucesión de episodios que ante la inexperiencia de muchos de sus funcionarios y dirigentes se vio envuelto en un clima de dudas, incertidumbre y contradicciones que dejó entrever la vulnerabilidad que padece el PRO a la hora de enfrentar situaciones complejas. Funcionarios del Gobierno nacional y varios referentes del arco opositor unificaron sus discursos para embestir contra la figura del ingeniero, responsabilizándolo de todos los males de la Ciudad. Muchos de ellos fueron verdaderas operaciones de prensa, otras no.

Ejemplos no han faltado: el episodio del espía que hacia inteligencia para la Policía Federal y que trabajaba en el Ministerio de Educación, quien habría llevado a cabo las escuchas telefónicas al dirigente de familiares de la AMIA, Sergio Burstein. Los improperios lanzados por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a raíz de estos hechos hacia las autoridades porteñas, la movilización de sectores afines al kirchnerismo contra lo que ellos consideran la “derecha facista” de la Ciudad; la negativa a autorizar la adquisición para la Policía Metropolitana de las armas correspondientes, el allanamiento a la Junta de Etica de la Legislatura, procedimiento en el que se secuestró el expediente enviado por el jefe de Gobierno mediante el que se gestionaba el nombramiento de la fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Daniela Bruna Ugolini para el Tribunal Superior de Justicia, fueron algunos de los acontecimientos que llenaron de desconcierto, contradicciones e inestabilidad a la administración macrista.

Ello sin sumar el recorte de la autonomía a que se ve sometida la Ciudad producto de la denominada “Ley Cafiero” que aún continúa recortando facultades autonómicas, sino veamos: la necesidad de solicitar autorización al Ministerio de Economía de la Nación para contraer préstamos en el orden internacional, la imposibilidad de diagramar el transporte público de pasajeros en virtud de que el mismo depende de la Secretaría de Transporte de la Nación, el manejo del Puerto de Buenos Aires, el traspaso de Fueros judiciales a la órbita de la Justicia de la Ciudad o la imposibilidad de acceder a terrenos que pertenecen a la misma, pero que dependen del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE) del cual dependen las tierras en las que se asienta el conglomerado conocido como “Villa 31 y 31 bis”.

Ante tanto clima caldeado, hubo hasta una alta funcionaria que deslizó ante el periodismo que un “alto” operador de esa fuerza política estaba sospechado de saber de la campaña de desprestigio que desde los organismos de inteligencia se pergeñaba contra la administración del PRO, con el objetivo de hacer fracasar a la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. “Tampoco, como venía la mano, nada se podía descartar”, justificaron voceros del macrismo.

Lo que ha quedado claro para Macri, es que ninguna “trapisonda” podrá descartar en su intento de posicionarse con miras a las elecciones del 2011; en cada esquina encontrará un escollo. Su ingreso a esa carrera no será justamente sobre un lecho de rosas, sus adversarios cargan sobre sus espaldas pesadas mochilas, que ante cada paso en falso aprovecharán al máximo para descargar sus denuncias.

Dudas y certezas

Para conocer un poco más en profundidad la actualidad del oficialismo porteño, Parlamentario entrevistó a dos de los legisladores que cargan la responsabilidad de desbrozar el camino de la gestión macrista sembrado de dudas, sospechas y acusaciones en las últimas semanas. Para ello dialogó con el jefe de la bancada y su vicepresidente, Oscar Moscariello y Martín Borelli, respectivamente. De la charla se desprende que los legisladores creen que las brujas no existen, “pero de que las hay, las hay”.

“Macri es atacado al igual que su Gobierno porque intentan impedir que nazca la Policía Metropolitana”, fue la respuesta contundente de Martín Borelli al requerírsele si evaluaba como una “operación” los acontecimientos que sucedían en la Ciudad. Y fue más allá aún al aseverar que “políticamente están horadando el potencial de Macri, dañando su personalidad política para impedir que sea candidato en 2011”, expresó persuadido.

Ante la misma pregunta el presidente del bloque PRO, sostuvo que cree en la buena fe de las personas, “creo en la buena fe de quienes tienen funciones institucionales, aunque los indicios son algo como que corresponde a la crónica policial, pero convierte en un entramado de índole política y que hay sectores que se aprovechan de ello”.

“Hay un encadenamiento de sucesos y acciones que son, sino sospechosas, por lo menos sugestivas. Parece que hubiera un libreto que se cumple a rajatablas y en cuenta gotas, todas estas últimas semanas aparecen supuestos nuevos elementos”, sostuvo el vicepresdente del bloque macrista, Martín Borelli para acotar luego que “hay una intención manifiesta para que la Policía Metropolitana fracase y para ello no se duda en crear un conflicto de poderes entre la Policía Federal y la Metropolitana”.

“Quieren que no se constituya la Policía Metropolitana para que en el territorio de la Ciudad haya menos seguridad, allí es donde se plantea una puja muy fuerte”, añadió Borelli.

En tanto, Moscariello consultado sobre si no podría obedecer a un plan de desestabilización los sucesos de las últimas semanas recurrió a su bonhomía para responder. “No quiero ser mal pensado, es cierto que éste tema despierta sospechas, pero espero que tome el cauce que debe tomar, que es el ámbito policial, porque las escuchas telefónicas no han sido fomentados por nosotros, ni por nuestra gestión y menos por el Gobierno, nosotros tenemos la conciencia tranquila”.

Borelli sobre el mismo tema no fue tan cauto. “Nada de lo que ocurre en el ámbito de la Policía Federal es ajeno al Gobierno nacional”, sostuvo tajante y agregó “si hay algo que queda claro en lo que lleva Macri al frente del Gobierno de la Ciudad es que todo lo bueno o lo malo que ocurre con la Policía Federal, depende del Gobierno nacional”.

Duros con Macri

Desde la oposición varios dirigentes emprendieron sus críticas contra la gestión de Mauricio Macri. El ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y el ultrakirchnerista Juan Cabandié, entre otros, aprovecharon al máximo para cargar la tinta.

Ibarra exigió la renuncia de los ministros Guillermo Montenegro y Mariano Narodowski y de la cúpula de la Policía Metropolitana por el escándalo de espionaje y acusó al renunciado ex comisario Jorge “Fino” Palacios por sus contactos con el agente de inteligencia Ciro James, quien habría realizado las escuchas telefónicas a Sergio Burstein.

Por su parte, Cabandié definió como “un gran clima de cobardía” la postura del Gobierno de la Ciudad frente al caso de espionaje al considerar que “no acepta las responsabilidades que le compete” frente a la causa. “Quieren convencernos que nada tienen que ver en este escándalo político que hoy está viviendo esta Ciudad”, remarcó e indagó, acerca “de los posibles nuevos James que habría en la Ciudad”.

Para los legisladores del PRO la dura embestida del Gobierno nacional y de varios referentes de la oposición, tiene una sola lectura: “esmerilar la gestión de Mauricio”, aseveró a Parlamentario uno de ellos, para acotar luego que el allanamiento a la Legislatura “es otro indicio del avasallamiento”.

Para contrarrestar la ofensiva el procurador porteño, Pablo Tonelli, presentó una denuncia penal contra el Gobierno nacional y la Policía Federal por supuesto espionaje para “boicotear” a la Policía Metropolitana y por el presunto “complot” contra la administración PRO, luego de que se conociera que el espía Ciro James pertenecía a la Federal. La acción judicial asegura también que el departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal envió móviles para identificar a los policías que querían pasar a la Metropolitana.