El Palacio de las Leyes vallado el miércoles para contener las marchas de los movimientos sociales, de minúsculas tendencias de la ultraizquierda enancadas en reclamos obreros, es una de las tantas fotos que corren por estos días sobre las movidas tendientes a crear un presunto clima desestabilizador hacia los inquilinos de Balcarce 50 y de la Quinta presidencial de Olivos.
En el interior del Congreso la virulencia social estuvo latente en ambas sesiones, en particular en la Cámara baja, donde el jefe de Gabinete Aníbal Fernández no soslayó el tema.
Disparó contra la oposición, incluido el vicepresidente Julio Cobos. Sobre el mendocino dijo que tiene intención “de que la gestión de Cristina Kirchner termine en forma anticipada”, aunque dejó en claro que “sáquense de la cabeza eso de que nos vamos a ir o nos van a sacar”.
“Venimos observando hechos puntuales en las calles, que por el análisis de nuestros profesionales, de casuales no tienen nada”, aseguró Fernández y sostuvo que el Gobierno “cree tener en claro de dónde vienen” esos episodios.
A su vez, el jefe de Gabinete, quien hace una semana había dicho que Elisa Carrió estaba “pirucha”, volvió a cargar contra la dirigente de la CC. “Hay una dirigente que se dice representativa, pero anda denunciando por las embajadas, sabe Dios para qué cosa”, disparó Aníbal y luego se encargó de Cobos al señalar que “se expresa ante la SIP, que no es más que una cámara empresaria, que en su seno cobija golpistas”.
Otro de los contrapuntos de la jornada, aunque de menor voltaje, se produjo cuando la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) le preguntó si había cambiado la concepción del Gobierno de responder con represión a las protestas sociales. Esto a raíz de la detención de 40 militantes de una multitud que se desnudaron en Playa de Mayo.
Fernández ratificó que “no ha cambiado, ni va a cambiar” la política oficial, ya que “es preferible pagar el costo político de no reprimir, que tener sangre, heridos o muertos”. Respecto de los reclamos de los integrantes de la Mutual Sentimiento afirmó que “será resuelto de manera favorable oportunamente” y restó importancia a lo sucedido al señalar que “golpes no tuvo ninguno, sólo escoraciones”. No obstante advirtió que si sucedió algún exceso “es bueno que se denuncie”, ya que “nadie puede tocar a un ciudadano argentino porque reclame”.
Palabra oficial
Ante la escalada de protestas sociales y sindicales, Cristina Fernández de Kirchner fijó la posición del Gobierno nacional. “Hay que desistir de algunas acciones que le costaron mucho al país. No hablo en términos económicos, sino de vidas, de enfrentamientos. Queremos ver ello desterrado. Creo en el orden, pero no a palos. A veces hay situaciones provocadas y otras reales. Ambas deben ser contempladas. Hay matices y diferencias”, dijo la jefa de Estado.
En la misma línea, Daniel Scioli pidió mejorar la convivencia democrática respetando los derechos constitucionales. El mandatario provincial reclamó así que la puja de sectores se realice “en el marco de la responsabilidad que a cada uno le compete, pero sin llegar a situaciones donde realmente afecta mucho la convivencia ciudadana cotidiana que vemos que se expresa de diferentes maneras”.
Quien no perdió la oportunidad para cruzarlo a Scioli fue el diputado nacional radical electo Juan Pedro Tunessi, en relación a este tema y a todos los que sacuden la Provincia: “El gobernador es como las flores de plástico: berreta… con un discurso empalagoso, estudiado, nunca sincero y siempre diciendo lo políticamente correcto. Dice cosas que suenan absurdas y huecas”.
Otro especialista en la polémica se sumó al combate verbal: un diputado nacional y futuro funcionario a partir del 10 de diciembre cuando termine su mandato. ¿Qué dijo Edgardo Depetri? Denunció un presunto plan de desestabilización y apuntó contra Hugo Biolcati, Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, Luis Barrionuevo y “los multimedios” que, a su juicio, tienen “poder real destituyente”.
Estos sectores van a intentar que el Gobierno “caiga deslegitimado, reeditando un escenario que ya vivió la Argentina en diciembre del 2001”, enfatizó bien a su estilo.
Por su lado, el titular de la UCR Gerardo Morales presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo precise sus denuncias sobre un presunto plan destituyente. “Si es el propio Gobierno el que aprieta, controla y vigila, e incluso escucha ilegalmente a opositores políticos y a quienes no acuerdan con sus ideas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner debiera saber quién quiere desestabilizar”, y agregó que “una gran contribución sería que el Gobierno aflojara con la incitación a la violencia”. Y más de un diputado nacional opositor reclamaba a través de pedidos de informes sobre lo sucedido con el bloqueo en las puertas de los diarios Clarín y La Nación.
No se privan de nada
Claro que la frutilla de estos combates verbales les correspondió a Elisa Carrió y Hugo Moyano.
Para Lilita “el que no hace esfuerzos para garantizar el orden es el Gobierno”, y adjudicó supuestas intenciones conspirativas a quienes participan de “una lucha en el seno del justicialismo, entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde” y que “estamos tratando por todos los medios de que esto no tenga una instancia política, democrática con la asunción del nuevo Parlamento”.
Para la diputada electa “esto me hace acordar al 75, porque en realidad hay una lucha en el seno del propio PJ. Entre Kirchner y Duhalde”.
Además, reiteró que “hay piqueteros del Gobierno con armas y en las villas de la Capital Federal hay tráfico de armamento que está controlado por los narco-peruanos”; y remató: “lo que yo digo no lo digo para exaltar, lo digo para prevenir”.
Por su lado Moyano convocó a una marcha a Playa de Mayo para defender al Gobierno con el acompañamiento del inefable Luis D’Elía, entre otros.
Por su lado, el lumpen Raúl Castells se adueñó de las calles, igual que los encapuchados del conurbano, para rasguñar algún plan laboral.
Piroctenia
Esto es apenas una muestra de los intercambios de posiciones entre los dirigentes de los partidos políticos, mientras en el Congreso no se observa un involucramiento fuerte, como lo admiten los senadores y diputados consultados por Parlamentario mientras se desarrollaban las sesiones en ambos recintos.
El presunto desmadre es apenas una disputa de poder, aunque en rigor son los primeros ensayos de lo que será a medida que se aproximen las elecciones presidenciales, tal cual lo había adelantado este semanario antes y después de las elecciones 28-J.
Claro que este escenario no tiene nada que ver con la visión de Carrió, de que es similar a lo sucedido en el 75, cargando la balanza al PJ. Y no lo hace desde la inocencia, su definición es para descalificar al peronismo de cara a las urnas presidenciales. Ese y no otro es el sentido de comparar con el 75.
Todos admiten en voz baja -en las conversaciones privadas- que en realidad son las primeras escamaruzas para visualizar los alcances de cada uno de los sectores en pugna, por lo menos a nivel dirigencial, aunque no descartan un desmadre social, que a todos espanta.
En tanto, senadores y diputados nacionales permanecen atentos a las movidas en uno y otro sentido, fijando posiciones en algunos casos de carácter rimbombante para ganar espacio en los medios.
Pero lejos de un involucramiento, salvo casos aislados de poner el cuerpo en el lugar de los conflictos. Por ahora son meros espectadores, como sucede con la guerra entre santiagueños y santafesinos por el agua, producto de la sequía que los tiene enfrentados, o en un pueblo de Córdoba donde la Policía custodia el reparto de agua entre los vecinos, por dar dos ejemplos.
Sin lugar a dudas, la crispación social es un estadio de la lucha entre los partidos políticos y que por ahora se plantea a nivel oral, lo que no impide preguntar en voz alta: ¿Hasta cuándo?
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