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El Gobierno encontró una fórmula perfecta para reconciliarse con la gente, en uno de los puntos más demorados de la gestión K. Ahora van por las AFJP, con un planteo sencillo y moderado que permitió que hasta el propio Guillermo Alchouron -diputado vinculado a Domingo Cavallo y acérrimo defensor del sistema de capitalización- se animara a defender la reforma.
El legislador se pronunció a favor de “la libertad para que aquellos afiliados que no están de acuerdo con el sistema de capitalización puedan optar por el público”. “Lo importante es que no se genere una situación donde la viabilidad del sistema de capitalización vaya decayendo y luego no sea factible mantener estas administradoras”, afirmó el ex vicepresidente de la Cámara Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
El Gobierno puede, entonces, disfrutar doble. Avalado por la derecha y avalado por la mayoría de las AFJP obtuvo un consenso casi unánime. Cabe recordar que legisladores del ARI, encabezados por María América González, el socialismo y un eterno crítico como Claudio Lozano ya habían anticipado su apoyo. Lo propio hicieron los radicales, que tienen la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Así planteadas las cosas, el oficialismo dio inicio al tratamiento de un tema que promete ser rápido y sin fisuras, ideal para que el Presidente pueda exhibir esta medalla -la de la reconstitución del sistema jubilatorio- durante todo el año electoral.
El proyecto fue presentado ante la prensa en los últimos días de enero e ingresado formalmente en la Cámara de Senadores el 1 de febrero. Recién el pasado martes el tema se debatió en una reunión conjunta entre la Comisión de Presupuesto y Hacienda -que preside Jorge Capitanich- y la de Trabajo y Previsión, liderada por el radical Gerardo Morales, y se acordó que el martes 13 (¿mal presagio?) sería el día que se le daría media sanción en la Cámara alta. O como máximo, para ahuyentar brujas, el miércoles 14.
De la reunión plenaria participaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el titular de la ANSeS, Sergio Massa, y los gremialistas Hugo Moyano y Hugo Yasky. También hubo representantes de las AFJP. El vicepresidente Daniel Scioli también se hizo presente, cosa que no suele realizar en el marco de las reuniones de comisión. Una reunión en la que -pese a ser multitudinaria- se vivió un clima veraniego, con más de un legislador en camisa.
“Para mí es un enorme orgullo estar nuevamente en el Senado presentando un proyecto de ley largamente esperado y no quiero dejar de recordar que en la oportunidad anterior, donde hicimos un trabajo muy fructífero entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, fue con la derogación de la llamada flexibilización laboral y espero que en esta oportunidad repitamos ese trabajo conjunto, que lo único que hace es generar un mejor resultado normativo para la sociedad”, dijo Tomada al abrir la audiencia. “Teniendo en cuenta lineamientos políticos, hicimos un trabajo técnico que nos llena de satisfacción”, agregó.
Además, recordó que “éste es un tema que formaba parte de las promesas electorales del presidente Kirchner. Era largamente demandado por dirigentes sociales, sindicales, especialistas y dirigentes de ambas cámaras y eso es lo que genera este clima de aceptación”. “Es indudablemente un paso adelante. No venimos a proponer una reforma que se base en el ajuste, sino que es una reforma más protectora”. “Queremos recuperar el sistema de Seguridad Social, y eso es lo que venimos haciendo”, añadió.
Un solo corazón
En la ponencia también hablaron el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, y el titular de la ANSeS, Sergio Massa, quienes defendieron la posibilidad de contar con un sistema más mixto. “Ambas herramientas son positivas (sistema privado y estatal). El de reparto es un sistema que usan los países desarrollados”, dijo, y citó a Francia y España que lo usan como eje central y la capitalización se usa para complementos jubilatorios, “que es lo que estamos diciendo ahora”.
“Por primera vez se busca fortalecer ambos sistemas en términos de mejoras futuras, rompiendo el criterio que imperaba en nuestro país, que los sistemas jubilatorios sólo servían para ajustar cuentas publicas”, opinó Massa.
Por último -antes de los legisladores- hablaron Hugo Yasky y Hugo Moyano, en representación de los trabajadores. Moyano llamó a su gente a “dejar de ser estafados” y pasarse al sistema de reparto.
Luego llegaron las observaciones de los legisladores, muchos de los cuales se limitaron a prestar un apoyo casi incondicional.
El primero en expresar alguna duda fue el presidente de la Comisión de Trabajo, Gerardo Morales, quien hizo hincapié en la necesidad de garantizar la intangibilidad de los recursos, y solicitó “una garantía del manejo, ya que es imprescindible que después de las inversiones propuestas se establezca con claridad el límite para la utilización de los fondos para las futuras jubilaciones”. Morales recordó que desde el radicalismo se presentó un proyecto similar al que ahora propone el Gobierno, pero sugirió la cláusula de intangibilidad, que también fue sugerida por lo bajo por Capitanich, y rápidamente fue aceptada por los funcionarios del Gobierno. “El Estado va a tener que ser como una AFJP pública, de modo que los fondos no se puedan usar para cualquier cosa”, dijo.
Otra que planteó alguna observación fue la senadora por Salta, Sonia Escudero, quien -si bien adelantó su apoyo a la iniciativa- pidió una resolución en torno de la movilidad jubilatoria.
“No dice cuál será la forma de actualización del sueldo promedio de los últimos 10 años, que se toma como base para el cálculo de los haberes jubilatorios. En épocas de inflación, como las que vivimos, si no se ajusta el sueldo de referencia las jubilaciones quedan devaluadas”.
“Parece que los argentinos hemos perdido la memoria de las razones que motivaron la creación del sistema privado de previsión social: no fue sino el manejo irresponsable de los fondos previsionales utilizados por sucesivas administraciones nacionales para financiar gastos corrientes. En este proyecto falta también un mecanismo para preservar los haberes de nuestros jubilados”, agregó.
Todo acordado
Luego de varias exposiciones, el dictamen fue firmado y el tema será tratado en el recinto el martes próximo. La sanción definitiva sólo tendría una modificación -en principio- respecto del proyecto original. El acuerdo entre Morales, Capitanich y los funcionarios del Gobierno es que se agregue una cláusula que permita que los eventuales mayores recursos del sistema previsional tengan la garantía de que se van a usar para esos fines: es decir, que queden destinados a gastos específicos de la Seguridad Social”.
Sin mayores observaciones, entonces, se estaría frente a un proyecto en el que hasta las propias AFJP ganan. En el largo plazo ellas mismas saben que, con el nuevo mecanismo, los contribuyentes no se sentirán presos de las AFJP, con lo cual podrán optar más libremente por el sistema de capitalización. El nuevo mecanismo, lejos de destruir el sistema de capitalización, lo fortalece.
Estamos entonces ante un esquema en el que todos ganan.
Pablo Winokur
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