En el primer mes del año, el Ejecutivo vetó leyes que incluían un gasto extra al determinado en el Presupuesto, marcando la cancha a diputados y senadores que dieron el visto bueno a iniciativas que conllevan consecuencias económicas, sin consulta previa al Ministerio de Hacienda.

En el Gobierno se lanzó una suerte de advertencia con destino a la Legislatura al adelantar que “el Poder Ejecutivo va a vetar cualquier ley que comprometa las finanzas bonaerenses y que no esté acordada”.

Una de las primeras víctimas del accionar del Ejecutivo fue un proyecto de ley que condonaba las deudas de comunas provinciales por créditos tomados en dólares para la ejecución de obras de agua potable y/o desagües cloacales. Luego sumaría el veto a la contribución especial por egreso a empleados públicos y docentes que se acogieron al beneficio jubilatorio entre el 04-2002 y el 07-2005.

El tema de condonación de deudas a municipios fue charlado entre bambalinas. Diputados, senadores e intendentes escondieron el enojo y arrancaron la promesa que el proyecto podría retirarse de la Cámara de Diputados. Pero el veto ingresó formalmente el 5 de enero con fecha del 29 de diciembre en la mesa de entrada de la Cámara baja. Los municipios beneficiados serían 9 de Julio, Leandro N. Alem, Púan, De la Costa, Monte Hermoso, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, San Nicolás, Rivadavia, 25 de Mayo, Azul, Magdalena, Coronel Brandsen, General Pueyrredón -Mar del Plata-, Guaminí, Exaltación de la Cruz, General Arenales, General Alvarado, Coronel Suárez, General Alvear y La Plata. El total de la deuda es de cerca de 70 millones de dólares pagaderos en 350 mil por mes a veinte años.

Se remarca en el articulado del proyecto presentado por el diputado del Gen, Abel Buil, pero apoyado por influyentes legisladores del oficialismo, que “los municipios que resulten beneficiados por la condonación establecida deberán condonar las deudas de los obligados al pago por las obras de provisión de agua potable y desagües cloacales ejecutadas en virtud de los préstamos condonados”.

También se consigna que se “autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto General de Gastos las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley”.

“Cabe recordar que durante 1996, en medio de una situación económica de crecimiento, numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires tomaron créditos en dólares para la ejecución de obras de agua potable y/o desagües cloacales”, según se consigna en los fundamentos de la iniciativa, mientras se detalla que “tras la firma de los necesarios convenios con el SPAR, por parte de los municipios, éstos procedieron a solventar los costos del desarrollo de los respectivos proyectos y las obras programadas se pusieron en marcha con el compromiso por parte de los mismos de comenzar a pagar los créditos contraídos tras un año de gracia, en casi todos los casos. Además, las comunas asumieron con financiación propia entre el 20 y 30 por ciento del costo total de las obras a realizar en cada caso”.

Tras la debacle generalizada, la mayoría de las deudas de los municipios de la provincia de Buenos Aires se fueron encauzando a través de distintos procesos de conversión o se fueron reestructurando a través del programa de conversión y reestructuración de deudas municipales establecido por la Ley 13.011. “Sin embargo, las deudas originadas por los créditos en cuestión se mantienen sin resolución de ningún tipo y resultan una pesadísima carga que a los municipios se les torna imposible afrontar, ya que la deuda original se ha multiplicado por tres”, asegura la iniciativa convertida en ley por la Legislatura y vetada por el gobernador Daniel Scioli.

Por su parte, la Legislatura bonaerense sancionó -en diciembre de 1999- la Ley 12.379 que estableció una prórroga por el término de 24 meses, que fue extendida en reiteradas oportunidades. Además, sostienen los que alientan la condonación que la provincia de Buenos Aires “ha cancelado ante la administración nacional cerca del 70 por ciento de los montos adeudados por esta operatoria”.

Los fundamentos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para vetar la ley en cuestión son que “la Ley 14.062 de Presupuesto para el ejercicio 2010 en su articulo 88 establece la prórroga por 24 meses del plazo dispuesto las obligaciones contraídas para el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural”. La prórroga del pago es bien recibida por los impulsores de la condonación pero “no es suficiente”, agregan.
Seguidamente, el texto del decreto de veto 3119, emitido con fecha 29 de diciembre de 2009, e ingresado el 5 de enero en la Legislatura, luego de que el proyecto fuera sancionado el 9 de diciembre del pasado año, el Poder Ejecutivo señala que “entiende apropiado mantener los lineamientos fijados en la materia” en el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2010.

Detalle

El Partido de la Costa es uno de los municipios que se vería beneficiado por la condonación de deuda que se propicia desde la Legislatura por créditos contraído ante el Banco Interamericano de Desarrollo y respaldados por la coparticipación municipal, pero en caso de quedar firme el veto del gobernador Daniel Scioli tendrá que desembolsar cerca de 10 millones de dólares. Los créditos fueron tomados en 1996 para financiar obras de provisión de agua potable y de desagües cloacales.