Hace poco más de dos años, mediante el voto, le dimos nuestra confianza a la actual presidenta para que lleve adelante la administración general del país hasta el término de su mandato (art. 99 inciso 1º). Con ello, no sólo le conferimos un deber, sino que también nos hemos obligado a respetar dicho mandato, por lo que debemos darle al gobierno la posibilidad de desarrollar su tarea, siempre dentro de los límites que la constitución establece.

En ese sentido, es el Ejecutivo nacional el encargado de ejecutar la política económica de nuestro país, siempre con el objeto de promover el desarrollo productivo y el crecimiento sustentable.

Por ello, no creemos acertado el oponernos a las medidas que toma el ejecutivo sólo porque provengan de éste, sino que por el contrario, de no existir una razón fundada que nos permita creer que la medida es errónea, debemos confiar en el gobierno elegido por el pueblo y dejarlo trabajar.

Ahora bien, numerosos expertos en la materia han sostenido que es absolutamente necesario tomar medidas que hagan más eficiente el uso de las reservas acumuladas en el BCRA, las cuales han alcanzado el nivel más alto en sesenta años, habiéndose quintuplicado entre comienzos de 2003 y diciembre de 2009, como consecuencia de las medidas tomadas por este mismo gobierno.

Las reservas no sólo sirven para respaldar la moneda sino también para incentivar el desarrollo económico interno, tal como ya se ha hecho en el 2006, a través la cancelación del endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional -Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1599, ratificado por la Ley Nº 26.076).

El pago anticipado de vencimientos de la deuda nos permitirá el acceso a un mayor financiamiento a menores tasas tanto para el sector público -el gobierno no tendrá que recurrir a ajustes para generar excedentes destinados a cancelar deuda y podrá continuar así con la ejecución de las tantas obras publicas proyectadas- como para el sector privado, garantizando con ello el sostenimiento de la inversión, el crecimiento de la economía, la creación de trabajo decente y genuino, evitando además el pago de innecesarios intereses.

Cualquier ciudadano responsable, en la administración de su hogar, sabe que no tiene sentido alguno acumular intereses cuando las deudas pueden pagarse a un costo relativamente bajo y que resulta imposible ahorrar si se tienen números rojos. Este es el mismo razonamiento que da fundamento al DNU Nº 2010/09.

Por todo lo dicho, considero que la implementación del Fondo del Bicentenario redundará en beneficios para nuestra economía al permitir mayor inversión y garantizando estabilidad para los próximos años, lo que implica más y mejor trabajo para todos los habitantes de nuestro país. Por ello acompañaré su aprobación con mi voto positivo.

Nancy González es diputada nacional por el FpV de Chubut