De cara a la sanción de la reforma previsional, en el Poder Ejecutivo admitieron que la iniciativa está generando gran expectativa, aunque consideran también que en los primeros tiempos en que esté efectiva la norma habrá mucho más consultas que traspasos del sistema privado al estatal.

“Indudablemente que una vez que se apruebe la ley por parte del Congreso creemos que habrá una período de adaptación lógico por parte de la gente. Ya empezaron las consultas”, agregó un funcionario del Palacio de Hacienda.

La reforma establece la libre opción jubilatoria, que permitirá que quienes estén en una AFJP puedan decidir volver al sistema de reparto estatal en cualquier momento. Este es uno de los cambios más trascendentes, puesto que la ley aprobada en el gobierno de Carlos Menem creó la jubilación privada y prohibió que quien se anote allí vuelva al viejo sistema.

Se trata de dar la posibilidad a cerca de 11 millones de trabajadores de poder optar libremente entre el sistema de capitalización y el de reparto por un período inicial de 180 días, cada cinco años.

Otro de los cambios es que quienes accedan a su primer empleo y no elijan una AFJP quedarán automáticamente en el Estado. Hasta hoy es al revés: al que no elige, se lo envía a una privada.

Pero al margen de las características de la norma, está claro que existen cuestionamientos por parte de la oposición (UCR, ARI y CTA) respecto de la aplicación de algunas medidas y la falta de profundización en otras. “No sólo se debe permitir que los afiliados del sistema puedan abiertamente elegir en qué régimen aportan, sino que se debe resguardar los recursos, de forma tal que los excedentes de hoy puedan financiar las necesidades de mañana”, afirman los diputados Miguel Angel Giubergia, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, junto a sus colegas de bancada radical Víctor Zimmermann, Vilma Baragiola, Alejandro Nieva, Cynthia Hernández, Silvia Lemos y Mario Negri.

“Es así que se hace necesario definir con claridad cuales son los recursos propios de la ANSES y al mismo tiempo ponerle reglas de inversión que permitan buscar las opciones seguras pero financieramente rentables para mantener el capital que los futuros jubilados van a utilizar en el momento de jubilarse”, agregaron.

Para la UCR, el artículo incluido en el Senado “no resuelve este tema y ata al organismo a realizar inversiones de bajísima rentabilidad. Por lo tanto, proponemos que las prestaciones del régimen previsional público sean financiadas, exclusivamente con los recursos de los aportes personales.

Por otra parte, desde el radicalismo se pide que se incorpore la movilidad de jubilaciones y pensiones de los actuales beneficiarios. Este tema viene definido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y hace muy pocos meses por la Corte Suprema de Justicia. “Es imprescindible que el Congreso se exprese y defina un mecanismo de actualización automática”, piden lo radicales aunque ya han recibido una negativa por parte del oficialismo en el Senado, que argumentó que esta cláusula ya quedó contemplada en el Presupuesto nacional.

La principal pregunta que queda en el aire, tiene que ver cómo el Estado podrá garantizar un buen y suficiente servicio, luego de -según se prevé- el masivo traspaso al reparto. En principio, el sistema estatal aparece con mayores beneficios frente al privado, empezando por el reaseguro de la jubilación mínima.

El diputado Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) agregó por su parte una nueva preocupación, señalando que “con el actual sistema ya existe una gran evasión, porque sólo el 50 por ciento de los trabajadores independientes paga en tiempo y forma sus aportes; el otro cincuenta está inscripto pero no paga, y el resto ni siquiera está inscripto”.

El nuevo régimen reduce las actuales 15 categorías vigentes a sólo cinco; cambia radicalmente el actual, porque se remite básicamente a los ingresos mensuales reales de los aportantes reemplazando los criterios de clasificación y antigüedad y será puesto en marcha por la AFIP a partir del 1 de marzo. “Con la modificación, por ejemplo, las aproximadamente 77.000 personas de la categoría más baja, que actualmente paga 99 pesos, pasarán a abonar 128 pesos, es decir un 28 por ciento más y ello siempre perjudica a los trabajadores de las actividades pequeñas como por ejemplo una costurera, un albañil, un herrero o una verdulera”, dijo el legislador chaqueño.

El diputado adelantó que presentará un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que responda de qué manera se va a llevar a cabo la recategorización, si se estima menos recaudación y que rentabilidad tendrán esos fondos..