El ex senador y presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy pudo ver las cosas desde el otro lado. “Cuando era senador veía al Congreso como una institución muy pequeña. Ahora que lo veo desde acá (desde la Casa Blanca), parece mucho más grande de lo que era cuando lo vivía desde mi banca”.

Vamos a partir de una premisa. El Congreso en los últimos años ha desdibujado el rol que se le asignaba en la Constitución Nacional. Superpoderes, emergencia perpetua, uso y abuso de los DNU..., fueron prácticas que -con el aval de los legisladores- socavaron el poder del Parlamento.

A esto hay que sumarle el hecho de que los proyectos del Ejecutivo se aprueban en general con trámites rápidos, sin discusiones ni modificaciones, actitud que la oposición ha dado en llamar “escribanía parlamentaria”. Es decir, el Congreso no diseña políticas públicas sino que refrenda acciones del Gobierno. Este es el paradigma vigente en estos días, el cual no se pretende refutar, pero al menos sí relativizar.

Muchos politólogos contemporáneos estudiaron el declinamiento en los últimos años de los congresos nacionales o parlamentos como institución republicana. Fruto del individualismo creciente y de la necesidad de que los candidatos den bien en los medios de comunicación masivo, cada vez la política tendió a concentrarse en la figura del Presidente y se fueron desplazando -aquí y en el mundo- las construcciones colectivas. Sumado a eso, la necesidad de decisiones rápidas a problemas diversos generó que los poderes deliberativos -lentos por definición- vean restringido su margen de acción.

Sin embargo, muchos de aquellos que estudiaron el tema se animaron a relativizar esta posición. Es cierto que los congresos no rechazan proyectos de los ejecutivos. Sin embargo, muchas veces el factor de control de ese organismo no pasa por lo que explícitamente rechaza, sino por evitar que el Ejecutivo mande temas que sabe que no serán aprobadas. De este modo, la censura parlamentaria se vuelve mucho más sutil. Tal vez invisible para el ojo principiante, pero que está siempre presente.

Por otro lado, el silencio de las cámaras frente a proyectos que pueden ser de interés del Ejecutivo también permite hablar… y mucho.

Shhhh

Hay silencios y silencios. Algunos silencios son tan ruidosos que bien podrían competir contra la contaminación sonora del Obelisco en las horas pico.

2006 fue para el Congreso un año de ruidos y silencios. Pero hubo un silencio que, por repetición, se convirtieron en barullo. La denominada ley de Corresponsabilidad Gremial, de la que nadie quiere hablar, es una muestra del poder de veto que tiene el Congreso.

El tema se discute hace años. Pero ahora parecía que iba a ser posible. El 5 de julio de 2006 la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Corresponsabilidad Gremial para el ámbito rural. La idea es reemplazar el pago mensual de aportes y contribuciones sociales por un pago único, que se realizará al momento de la venta de la cosecha. La idea es que flexibilizando esos pagos se permitiría combatir el trabajo en negro, simplificar e incrementar la recaudación y prestar apoyo a los productores que hubieran sufrido pérdidas parciales o totales de su producción.

Pasó por Diputados, pese a la polémica que presentaba. De allí llegó al Senado, donde algunos legisladores la miraron con cara de muy pocos amigos. “Es un traje a medida de UATRE”, se quejaban. Trataron de sancionarla en varias sesiones, pero la resistencia al interior del bloque la frenó. Así se pensaron algunas modificaciones para que otros sindicatos, además del UATRE, pudieran acogerse al régimen.

En esta situación, algunos flexibilizaron su posición. Sin embargo, cuando faltaban días para tratarse la ley, sucedieron los trágicos hechos de San Vicente -durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón-. “Ni locos le vamos a dar esta ley a estos bestias que generaron esto”, explicó off the record un senador oficialista. El proyecto se incluyó en los acuerdos de Plan de Labor Parlamentario cinco veces. Nunca pudo ser tratado y hasta se frustró una sesión. Se hable con quién se hable todos destacan el papel de Julio Miranda, vicepresidente y hombre fuerte del PJ en la Comisión de Trabajo.

Picardía y antipicardía

Era una de las últimas sesiones del año, el 6 de diciembre de 2006. Se habían aprobado muchos proyectos, entre ellos la ley Nacional de Educación. Se había acordado, en el plan de labor, que se trataría sobre tablas un proyecto para autorizar un endeudamiento a través de bonos de consolidación de deudas por 1.300 millones de pesos. El tema venía fogoneado desde el Ministerio de Economía, y ese mismo día había sido aprobado en la Comisión de Presupuesto, con las dudas de los radicales.

El problema fue que detrás de un loable pago a ex trabajadores de YPF se escondían pagos de honorarios y comisiones poco claras. Por eso el radicalismo se negó a dar el tratamiento sobre tablas. El oficialismo no los necesitaba para aprobar la ley, pero sí para dar los dos tercios para que se tratara ese día. Según el reglamento del Senado, “en lo posible, ningún dictamen de comisión será incluido en el plan de labor si no cuenta al menos con siete días corridos desde la fecha de distribución”. Si se necesita con urgencia, dos tercios de los legisladores deben aceptar el tratamiento anticipado.

En este caso, dada la urgencia del Ejecutivo, se quiso habilitar el tratamiento sobre tablas. No se logró por la renuencia del radicalismo. Frente a esto, se intentó forzar el reglamento sosteniendo que como éste dice la expresión “en lo posible”, la habilitación no es necesaria. Marcelo López Arias -en ejercicio de la Presidencia- trató de forzar la votación y que el cuerpo se convirtiera en intérprete del reglamento, votando si la frase “en lo posible” permitía o no el tratamiento.

Los radicales gritaban y protestaban. El titular del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, brindaba una serie de argumentos que claramente hacían agua. Hasta que Jorge Capitanich, sentado a su lado, le hizo una clara señal que no con la cabeza. “Vamos a esperar una semana más”, dijo Pichetto. El proyecto aún no fue tratado, dado que las dudas de la oposición se trasladaron también al propio oficialismo.

Agua que no has de beber…

Lo del ente regulador de AySA fue el último acto heroico de la Cámara de Diputados. La iniciativa -que había sido aprobada en el Senado, sin el apoyo de la oposición- promovía la disolución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) -la actual entidad regulatoria del sector- y disponía la creación del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Más allá de las críticas sustanciales al proyecto también se impugnó en Diputados la metodología. El proyecto se habría aprobado en Comisión sin el quórum necesario para hacerlo.

Así, la oposición en Diputados decidió no presentarse a un debate que sabía perdería y obligó a posponer el tema hasta febrero, desatando la ira en el bloque oficialista. Lo curioso es que nunca antes la oposición había podido hacer esto. Es decir, que para lograr la falta de quórum tuvo que haber tenido el apoyo tácito de legisladores oficialistas o aliados… otra vez, el silencio de algunos terminó modificando una sanción que parecía inevitable.

Frenos y contrapesos

¿Entonces, el poder del Congreso se limita solamente a frenar iniciativas? Esto sería una lectura. Sin embargo, muchos legisladores oficialistas se regodean de haber sancionado leyes que tal vez el Ejecutivo no hubiera impulsado por sí mismo, pero que la presión de diputados y senadores hizo que éste dé el visto bueno. Por ejemplo, la ley de Educación Sexual o hasta las leyes de deudores hipotecarios -que el año pasado la oposición consiguió introducir en Diputados-. Se trata de temas que incluso se habrían trocado a cambio de las polémicas leyes de Reforma al Consejo de la Magistratura, DNU o superpoderes.

¿Es todo esto un signo de que el Congreso funciona? ¿Es un signo de división de poderes? En realidad, la situación está lejos de ser la ideal. Sin embargo, estos hechos -que son apenas un botón de muestra de otras varias situaciones- dan para pensar si realmente el Parlamento argentino es tan débil como a veces se sugiere. Es cierto que cuando el Gobierno necesita algo urgentísimo lo consigue siempre. Es cierto que si rechaza algo absolutamente también logra frenarlo. Sin embargo, se ve en estos y otros casos como no siempre las cosas son tan fáciles.

También estas situaciones explican -no justifican- porqué el Gobierno sigue insistiendo con superpoderes, DNU, etc... Como dijo Kennedy, aquel que se ve tan poderoso desde el Congreso se ve pequeño desde la Casa Rosada. Tal vez, entonces, el Poder Legislativo en la Argentina no sea tan débil como muchos pensamos.

Pablo Winokur