Por Carolina Ramos

"Van 10 años. ¿Cuántos más faltan para que Argentina tenga su ley de Acceso a la Información?". La pregunta viene de diez organizaciones de la sociedad civil que realizaron un nuevo reclamo para que el Congreso sancione, de una vez por todas, una norma que permita que “toda persona, física o jurídica, pública o privada, tenga derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna”.

“Venimos tratando de que se sancione una ley de este tipo desde el año 2001. La verdad es que estamos cansados de tener que hablar con legisladores en relación a este tema”, reconoce María Barón, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, en diálogo con Parlamentario.

Lo cierto es que luego de un año de escasa actividad en el Palacio Legislativo, y donde los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo concentraron toda la atención de la convocatoria a extraordinarias, las sesiones no encontraron espacio para el tratamiento de esta ley. “Para nosotros en particular es clave porque hay un montón de información a la que nosotros no podemos acceder”, cuenta Barón. Para la doctora en Ciencias Políticas, “es un derecho que habilita otros derechos, es como una ley madre del sistema democrático: sin información no se puede trabajar. Incluso lo dijeron ministros de este mismo Gobierno”.

Que sí, que no

¿Trabas del oficialismo? ¿Falta de un acuerdo político? La ley de Acceso a la Información Pública duerme en los cajones del Congreso, si bien el año pasado hubo algunos intentos de sectores opositores para llevarla al recinto de la Cámara baja. Incluso se escucharon reclamos de diputados porque no se incluyeron temas como éste en el llamado a extraordinarias.

La iniciativa cuenta con la sanción del Senado desde el 29 de septiembre del 2010. En realidad, esa fue la fecha en que se aprobó en particular -con varias modificaciones-, ya que fue el 8 de septiembre cuando se aprobó en general. Según las ONG’s denunciantes, de no aprobarse, sería la segunda vez que un proyecto de Acceso a la Información avanza en ambas cámaras y no consigue convertirse en ley. Fue en 2001 cuando se le dio al tema el primer impulso, pero el proyecto perdió estado parlamentario en 2005. Luego, en 2009, comenzó un segundo proceso, cuando obtuvo la aprobación del Senado, y aún resta el tratamiento en Diputados.

El dictamen que avanzó en aquella oportunidad contempla una serie de propuestas de los senadores Rubén Giustiniani (FAP), Marcelo Guinle (FpV), Samuel Cabanchik (Proyecto Bs. As. Federal)), María Eugenia Estenssoro (CC), Norma Morandini (FAP), Ernesto Sanz y Luis Naidenoff (UCR), entre otros.

Desde Directorio Legislativo afirman haber enviado una carta a la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja para que brinde datos sobre el proyecto, si está vigente o no, ya que podría perder estado parlamentario una vez más.

En tanto, en Diputados se presentaron en total nueve proyectos desde 2010, correspondientes a la UCR, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal (ahora Frente Peronista), Gen y Nuevo Encuentro. Entre ellos, se destacaba la iniciativa de la radical Silvana Giudici, ex titular de la Comisión de Libertad de Expresión.

“Tampoco es un proyecto tan conflictivo donde los legisladores se enfrenten y haya una posición a favor y otra en contra. En general todos están de acuerdo; falta la venia política. Es una traba política, pero no sabemos bien donde está”, comenta Barón.

¿Habrá lugar en el período que se viene para tratar el tema? “Con la mayoría tan amplia del oficialismo, no sé si habrá muchos incentivos -reconoce la periodista-, ojalá que sí, y me equivoque. En general son banderas que levanta la oposición”.

Proteger un derecho

Hoy en día, casi 100 países en el mundo cuentan con una normativa sobre este tema. María Barón informa también que “casi todos los países de América Latina tienen ley de Acceso a la Información”. Más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que “el Acceso a la Información constituye un derecho humano y que debe ser promovido y protegido como tal por los Estados”.

En esta materia, nuestro país cuenta con el Decreto 1172, firmado en diciembre de 2003 durante el mandato del ex presidente Néstor Kirchner. Pero este decreto no incluye al Poder Legislativo, ni al Judicial; sólo al Ejecutivo. Por eso, las organizaciones que luchan por la transparencia en el acceso a este derecho exigen la sanción de “un proyecto que respete los estándares internacionales e incluya a los tres poderes del Estado”.

En líneas generales, la iniciativa en cuestión propone “fijar los principios, bases y procedimientos para garantizar a toda persona física o jurídica el libre acceso a la información pública y promover la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos”.