La crisis del INDEC, que parecía haberse disipado por unas semanas, recrudeció con nuevas denuncias de “manipulación”. A pesar de que en las últimas horas se conocieron la designaciones que hizo la ministra de Economía, Felisa Miceli, nombrando a Alejandro Barrios como nuevo titular del organismo y Ana María Edwin como subdirectora, la realidad es que en el Congreso se busca una investigación más profunda de la situación del mismo y, sobre todo, el accionar del polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Así, el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, reclamó la intervención judicial del Indec por el “altísimo riesgo de manipulación y adulteración de las estadísticas”.

Morales, quien sigue de cerca el conflicto desde que se desató en enero luego del alejamiento de la entonces directora de Precios y de Condiciones de Vida, volverá a tomar cartas en el asunto, esta vez con una denuncia penal.

Morales se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde realizó una denuncia penal contra los tres funcionarios de máxima responsabilidad en el tema: Miceli, Moreno y Paglieri.

Por su parte, el fiscal federal Carlos Stornelli decidió impulsar una acción penal y le pidió al juez Roberto Canicoba Corral que investigue al Secretario de Comercio Interior y a Paglieri, a quienes menciona “en principio imputados de los hechos denunciados”, en referencia a la presunta violación del secreto estadístico que, según indica la ley 17.622, debe garantizarse respecto de los comercios que son relevados oficialmente para medir el índice de inflación.

Hay que considerar que al iniciar el período de sesiones ordinarias, los bloques de la oposición, encabezados por la UCR, organizaron una audiencia pública para debatir sobre la crisis del organismo estatal, cuyo rol es “clave para la institucionalidad”, según graficaron y citaron a los funcionarios removidos y actuales del INDEC, a dar explicaciones sobre la elaboración del polémico IPC. Sin el apoyo del oficialismo, el encuentro clave nunca fue concretado y ya entonces comenzó a prepararse la denuncia penal.

En tanto desde el bloque del PRO de Mauricio Macri, aunque tienen iguales certezas respecto a la falsificación de información por parte de los funcionarios del INDEC, prefieren recurrir a distintos métodos.

“No nos gusta judicializar la política, pero tampoco nos gusta que se viole el derecho de la gente impunemente”, fue la primera aclaración de uno de los principales referentes del bloque en Diputados, Federico Pinedo, en diálogo con Parlamentario.

El diputado por la Capital informó que el bloque está evaluando las medidas a tomar, en conjunto con un grupo de abogados penalistas especialmente convocados para analizar si el caso IPC es o no un delito.

Las distintas figuras que manejan hasta ahora son tres: “podemos estar ante una situación de incumplimiento de funcionario público, ante un caso de falsedad ideológica (cuando existe un instrumento por el que se toma una decisión y se falsifica el fundamento de la misma) o bien ante una falsificación de instrumento público”, explicó el legislador.

Pinedo se encargó de resaltar que “como diputados, quisiéramos usar las vías parlamentarias para estos casos que son en primera instancia el pedido de informes y en segunda el juicio político. Lamentablemente el oficialismo ni siquiera se presta a responder preguntas, por lo que la vía judicial pareciera ser la única forma que tenemos para cumplir nuestro deber de representar a los ciudadanos”.

El argumento sobre que la mayoría oficialista traba cualquier discusión posible en el Congreso se hizo extensiva a todos los bloques de la oposición y aunque todavía no tienen conclusiones, entre todos reina la certeza de que las estadísticas del INDEC son manipuladas por el Gobierno Nacional y hoy todas las críticas apuntan a Moreno.

Aunque reconoció tener una “relación de afecto” con el secretario de Comercio, Pinedo no dudo en opinar que “Moreno viola las leyes a sabiendas. Creo que es una persona honesta pero desprecia las leyes, y eso no lo podemos permitir”.