Pese a la insistencia de la Cámara de Diputados, se encuentra “trabado” en la Comisión de Salud del Senado provincial -desde el año pasado- un proyecto de ley que impulsa delegar a los municipios la habilitación, contralor y fiscalización de los establecimientos destinados al albergue de adultos mayores, más conocidos por su denominación de geriátricos.

El dato sobresale por estos días luego de la muerte de tres ancianos ocurrida como consecuencia de un incendio en uno de esos centros, hecho que disparó la polémica en torno del alto nivel de irregularidades que se detectan en esta actividad comercial. Idéntico contexto, un episodio trágico, tuvo “la movida” de los proyectos presentados en la Cámara baja y que descansaron, durante algún tiempo, en la Comisión de Asuntos Municipales.

Ahora, el director de Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense, Mario Disipio, reconoció que “en el circuito legal hay alrededor de 800 establecimientos de este tipo y como mínimo se calcula un número igual o superior de clandestinos”.

Entre las irregularidades más frecuentes, la falta de cumplimiento de las normas establecidas para la habilitación de los mismos -además de las precarias licencias en trámite- aparecen, también, el drama de la “sobrepoblación” en algunos centros habilitados para determinada cantidad de huéspedes, cifra holgadamente superada por la población real.

Vida legislativa

Varios proyectos se analizan en la Comisión de Asuntos Municipales sobre lo que se considera “un vacío legal” en cuanto a la habilitación, contralor y fiscalización de los establecimientos destinados al albergue de adultos mayores. Por último, la Cámara baja, en una táctica legislativa de dudosa eficacia, resolvió el pleito aprobando de a uno los proyectos en pugna. En definitiva fueron dos proyectos los que obtuvieron el visto bueno de los diputados que, con matices significativos, apuntaban a un mismo tema. “Se superponen, no son complementarios y por ello en el Senado se le dio curso al primero que llegó”, afirman los voceros oficiosos de la Comisión de Salud.

De esta manera, el 14 de mayo de 2006 salió el primer proyecto de Diputados para el Senado. Allí se lo remitió a la Comisión de Salud, que preside el senador del FpV Julio Salemme, luego de algunas tratativas infructuosas para unificar los proyectos de Diputados se emitió despacho del primer proyecto receptado en este cuerpo. Pero en acuerdo de Labor Parlamentaria los senadores introdujeron modificaciones, aprobadas en la sesión del 23 de agosto de 2006 y rechazadas por Diputados en la sesión del 27 de septiembre de ese mismo año. Luego de estos traspiés, el trámite “se desaceleró” y ahora el Senado medita “al calor de las llamas” la decisión final. Decisión que, además, tendrá que tener en cuenta un “nuevo concepto” en la cuestión planteado a través de otro proyecto presentado recientemente por la senadora del FpV Adela Segarra.

Proyecto

En consecuencia, la iniciativa que sigue en estudio en Legislatura dispone que los municipios sean los encargados de fijar las multas y percibir las tasas de habilitación comercial establecidas, mientras el Ministerio de Salud bonaerense será la autoridad que dictará todas las normas reglamentarias, pudiendo realizar auditorias y brindar asistencia técnica cuando la situación lo requiera.

“Se estima que en la Provincia existe en la actualidad una demanda de poco más de 100 mil plazas destinadas a adultos mayores que deben ser fiscalizadas, al tiempo que en todo el país funcionan legalmente más de 6 mil geriátricos”, asegura el proyecto en cuestión.

La motivación del mismo apunta a acercar el organismo de control de este tipo de establecimientos: “Estando más cerca, como el municipio, se puede intervenir mejor que desde el centro de la Provincia”, explicó un legislador.

Con la reglamentación actual, la habilitación la hace el Ministerio de Salud y, por más que haya denuncias, el municipio no puede intervenir. Pero a partir de lo que se establece en esta normativa, sí lo podrá hacer.

Pero sucede que con la modificación introducida por los senadores en el artículo 4 del expediente D-138/05-06 sólo se faculta “a las municipalidades, a través del organismo pertinente, a otorgar o denegar la habilitación, efectuar el contralor y fiscalización del funcionamiento de los establecimientos destinados, exclusivamente, al albergue y atención de las personas adultas mayores y que fueran clasificados como tales”.

Los diputados pretenden que estas sean facultades indelegables de las municipalidades. El silencio institucional sobre ésta cuestión no parece muy saludable.