Por Carolina Ramos

Más de tres millones de argentinos podrían verse beneficiados con un proyecto de ley cuyo debate se pondrá en marcha la semana que viene. Se trata de una iniciativa del oficialismo que busca blanquear los registros como Veraz, Fidelitas y Nosis, con el fin de incentivar el crédito al que los deudores, hoy por hoy, no pueden acceder por quedar “atrapados” en estas bases de datos aún habiendo saldado su mora.

La propuesta, ingresada al Congreso a principios de marzo, tiene como autor al catamarqueño Rubén Yazbek, y ya fijó fecha de tratamiento: será el próximo miércoles a partir de las 10.30 en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas, comandadas por la kirchnerista Diana Conti y Carlos Heller (Nuevo Encuentro), y a la que ha sido invitada la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

Sin embargo, el texto ya fue analizado por asesores durante al menos cuatro reuniones, y desde el entorno del autor confiaron a Semanario Parlamentario que, si se logra consensuar el texto en su totalidad, podría aprobarse en el recinto de manera unánime. Para el debate se tendrán a la vista otros proyectos de los diputados Sergio Pansa e Ivana Bianchi (Frente Peronista), aunque el tronco de la futura ley está en la iniciativa de Yazbek. Más aún, el Poder Ejecutivo, si bien no presentó un proyecto de ley formal, envió una serie de propuestas mediante la Dirección Nacional de Datos Personales -dependiente del Ministerio de Justicia- que también serán tenidas en cuenta.

Lo cierto es que, en sus fundamentos, el texto precisa que más del 30 por ciento de la población económicamente activa que figura en estos bancos de datos está hoy en día “inhabilitada para realizar operaciones que la vida moderna impone”, incluso en casos de deudas “irrisorias”, como las contraídas por la compra de algún electrodoméstico o boletas de telefonía celular.

Así es como, automáticamente, estas personas son informadas como morosas a la base de deudores del Banco Central, sentando un precedente adverso más allá de que la deuda sea luego regularizada, repactada o cancelada. Como corolario, este camino deriva, en muchos casos, en la necesidad de recurrir a los famosos “préstamos en el acto, sólo con DNI”, “donde se expone escandalosamente la trampa y el lucro ante la necesidad de muchos”, advierte Yazbek. Estos burós de crédito -así se autodenominan las empresas que venden datos personales- cometen sus más grandes abusos en el interior del país, donde los costos de un préstamo para los que están informados con antecedentes son hasta tres veces más altos que los brindados por entidades bancarias, situación “injusta” si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos, el titular de los datos ya extinguió su obligación.

Los ejes del proyecto

La iniciativa cuenta con gran consenso para eliminar el asiento negativo de quienes hayan regularizado o cancelado sus deudas, o extinguido la obligación que les impide realizar nuevas operaciones.

La propuesta tiene como antecedente recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre el llamado “derecho al olvido”, que no es otra cosa que “el derecho que tiene toda persona a que sean eliminados de los bancos de datos las informaciones que, aunque habiendo sido ciertas, han caducado por el transcurso del tiempo”.

De esta manera, se intenta normalizar las condiciones en las que los acreedores mantienen información inexacta, por la que los ciudadanos quedan inhabilitados a partir de los tres meses para acceder a los créditos a tasas razonables que ofrecen las instituciones bancarias del país.

Actualmente, la Ley de Protección de Datos Personales (más conocida como Ley de Hábeas Data) establece en su artículo 26 que, cuando el deudor cancela o extingue la obligación, aun así continúa con su condición irregular por dos años. Hay absoluto acuerdo para derogar este punto, aunque el plazo propuesto para eliminar ese registro de morosidad varía entre cinco días y dos meses, o mismo que se haga de manera inmediata. En esta línea, también hay voluntad general para evitar que la persona permanezca registrada en el Veraz durante cinco años si no salda su deuda. Precisamente, en el fallo Catania se determinó que el dato adverso, transcurrido este plazo, deberá eliminarse aunque no se haya cancelado la deuda. Desde el Poder Ejecutivo, incluso, se propuso que el deudor pueda “salir antes” del sistema de acuerdo con el monto de la deuda.

Pero no sólo esto. Según pudo verificar Parlamentario, por única vez, se declararía una especie de “amnistía” para los afectados que registren deudas de hasta 10 mil pesos que fueron canceladas, regularizadas o no, es decir que “más allá de que la deuda de capital haya existido o no, implicará un ‘perdón’ para los primeros y un ‘blanqueo’ para todos los casos”.

Con este fin, Yazbek propone incorporar un nuevo artículo a la ley como disposición transitoria, que diga que estas bases de datos que proveen informes comerciales “deberán eliminar, por única vez, el asiento de todo dato y registro referido a obligaciones y calificaciones asociadas a personas físicas cuya deuda en capital fuera igual o inferior a 10 mil pesos”, cifra que se está estudiando.

Además, en el proyecto se propone que no se califique el estado de morosidad cuando la deuda de capital sea inferior a la suma de dos salarios mínimo vital y móvil, que hoy se ubica en dos mil 300 pesos. Es decir, deudas menores a cuatro mil 600 pesos no se podrían incluir en los bancos de datos. Si bien este número podría variar, los diputados coinciden en acordar un mínimo de afectación.

Por último, otros dos ejes que marca la propuesta del catamarqueño tienen que ver con la notificación al deudor -es decir, que el acreedor deba informar al deudor sobre su situación- y el aumento de las sanciones administrativas para los responsables de los bancos de datos. Todo esto, sin dejar de lado dos advertencias: el proyecto de ley no implica que desaparezcan los registros, ni mucho menos que se condonen las deudas.

La iniciativa cuenta con amplio respaldo en materia de firmas: acompañaron los diputados del Frente para la Victoria Juan Carlos Díaz Roig, Edgardo Depetri, Alfredo Dato, Miriam Gallardo, Julia Perié, Silvina García Larraburu, Carmen Nebreda, Isauro Molina, Jorge Rivas, e Inés Lloto; Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago), María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta), Mariana Veaute (Frente Cívico y Social de Catamarca) y Olga Guzmán (Movimiento Popular Neuquino).

El “borronazo”

Así calificó Yazbek la propuesta al explicar que “esto significa una suerte de ‘perdón’ a fin de hacer un ‘borrón y cuenta nueva’, y ‘resetear’, el sistema que se encuentra desbordado, paliar la situación de los deudores morosos que fueron introducidos en un banco de datos, y mitigar de la relación abusiva entre acreedores y deudores”.

El diputado apunta como fin del proyecto “que se termine con los abusos a los que se ven sometidos las personas que figuran con asientos negativos en el Veraz”, ya que “ello redundará en un importante incremento al consumo de un sector que está marginado y excluido del sistema financiero a tasas regulares”.

“En la práctica, es fácil entrar y difícil salir”, grafica el catamarqueño, quien sostiene que “es un proyecto de inclusión social, de alcance nacional, que pretende la protección ante los abusos que comenten casas de créditos que están fuera del sistema financiero y estafan a los asalariados y jubilados más vulnerables”.

Por eso, Yazbek se pregunta “con qué derecho se castiga discriminando y negando el reingreso al circuito regular por años a ciudadanos que pueden haber tenido algún problema financiero que ya fue superado”.