Expreso mi más enérgico repudio ante los hechos de tortura protagonizados por los cinco agentes de la Policía Salteña hacia dos jóvenes, a quienes sometían a prácticas típicas de la dictadura. Lo expreso no sólo como diputado de la Nación, sino como ciudadano, como militante.

Cuando hablamos de violencia institucional nos referimos a situaciones como estas, donde la Fuerza de Seguridad actúa de manera represiva y confronta con la sociedad, se aleja de su propia comunidad y de la ley. Debemos romper ese cerco y formar agentes con conciencia social, enfocados en los Derechos Humanos. Hay que quitar los malditos vicios y las malas prácticas enquistadas en las Fuerzas. Tenemos que ganar el espacio público, ser los protagonistas de una democracia para todos, generar más inclusión social y participación comunitaria. Por eso, cuando convocamos desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, interpelamos a todos a responsabilizarnos.

Resalto la actitud de la gobernación salteña que denunció a los cinco policías que torturaban a los dos jóvenes obligándolos a declarar. Pero expreso mi preocupación al ver que sólo se hizo la denuncia una vez difundido el video en las redes sociales. Quienes no vieron o no se enteraron de lo sucedido, tienen que saber que estos cinco policías les aplicaron métodos de asfixia conocidos como "submarino seco" y les arrojaban agua fría, con el cuerpo casi desnudo.

Desde 2003 que este país avanza en la política de Derechos Humanos, enjuicia y encarcela a los responsables políticos y militares de la última dictadura militar. Cuando Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de Videla y Bignone se graficó una clara decisión política de reivindicación democrática y reparación histórica que ningún otro gobierno había hecho. La decisión de Cristina de crear el Ministerio de Seguridad es otra prueba de esta iniciativa a nivel nacional por tener mayor control político sobre las Fuerzas de Seguridad.

Convicciones son la que necesitamos para encarar la transformación en nuestras Fuerzas de Seguridad, porque no se trata de un hecho aislado como se ha querido instalar, y decisiones políticas impostergables de los gobiernos provinciales para avanzar en el control político de las fuerzas.

Leonardo Grosso es diputado nacional del Frente para la Victoria / Movimiento Evita y responsable JP Evita Nacional