Desde que asumió como legislador -y se lo premió nada menos que con la presidencia de la Comisión de Trabajo- el diputado Héctor Recalde viene anunciando que desde el Gobierno se hará una importante reforma laboral, en beneficio de los derechos de los trabajadores.

Se podría decir que no miente, dado que la Cámara baja estudia las propuestas y, en muchos casos logró darle la media sanción necesaria. Sin embargo, los proyectos se traban en el Senado. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las propuestas que se encuentran en análisis?

El silencio es salud

16 proyectos de ley ingresaron en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores provenientes de Diputados entre el 1 de marzo de 2006 y el 30 de abril de 2007. De ellos, sólo tres fueron aprobados y uno más obtuvo dictamen de comisión, pero sin llegar al recinto aún.

En concreto, los sancionados fueron la ley de Corresponsabilidad Gremial para los Trabajadores Rurales (todavía pendiente su tratamiento definitivo en Diputados), la derogación de un artículo de la Ley de Solidaridad Previsional y el equiparamiento de haberes de pensiones graciables.

El resto de los proyectos -13 en total- sigue en estudio del cuerpo. El único que logró despacho favorable por parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta fue una prórroga a la doble indemnización, que de todos modos se efectivizó por otros medios.
El resto de las propuestas hasta ahora no logró mayores resultados. A algunas habrá que darles un tiempo de maduración, puesto que fueron aprobadas en Diputados hace apenas unas semanas. Otras, probablemente queden en el olvido.

Parlamentario mantuvo charlas informales con legisladores y asesores de la comisión y, en general, todos coincidieron en que el parate es impulsado por el propio oficialismo, más precisamente por el Gobierno Nacional. “Nosotros trabajamos, analizamos y sentamos nuestra posición, pero la mayoría la tienen ellos”, se defendió el senador radical Gerardo Morales, que preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Luego de esto, las miradas se posan en quien lleva la voz cantante del oficialismo en esa comisión, el senador tucumano Julio Miranda, quien en la actualidad se encuentra con algunos problemas con el kirchnerismo por peleas internas en su provincia.

Parlamentario intentó comunicarse con el legislador, pero no obtuvo respuestas al respecto. Tampoco el resto del oficialismo quiso pronunciarse, y todos dijeron las frases de rutina: “Estamos analizando los temas”. En estricto off the record, un senador recordó una frase que en su momento pronunció el titular del bloque, Miguel Angel Pichetto: “No apruebo leyes laborales si no me lo ordenan desde la Casa Rosada”.

¿Y el sector empresario?

Por su parte, desde este sector están preocupados. De hecho ya las denominan “las leyes antiempresa” y aseguran que existen en el Congreso 42 proyectos con esta tendencia entre las dos cámaras del Congreso. La CAME -por ejemplo- fue muy dura frente a esta situación diciendo que estas medidas terminarán incrementando los costos laborales y los juicios.

¿Pero en qué consisten las propuestas? Algunas son modificaciones menores que podrían ser aprobadas rápidamente, como la prohibición para que menores de edad trabajen en minas o modificaciones a la ley de mutuales.

Sin embargo, las grandes polémicas aparecen cuando se habla de modificar la ley de Contrato de Trabajo: allí aparecen las discrepancias.

El gran foco de conflicto es la modificación de los artículos 71 y 72 de la ley 20.744, con media sanción de Diputados desde el 13 de abril. Ambos proyectos son de autoría del propio Recalde. La modificación del primero estipula que el trabajador debe estar informado de los sistemas de control dirigidos hacia él; la del 72 establece la obligación de la autoridad de aprobar los sistemas de control que se apliquen. “Los sistemas en todos los casos deberán tener la aprobación de la autoridad de aplicación, la que consultará a la asociación sindical firmante de la convención colectiva aplicable a la relación de trabajo”, observa la redacción del proyecto. “Todo esto desnaturaliza la facultad del empleador”, dijeron desde las cámaras empresarias y advirtieron que esto podría dar demasiado poder a los sindicatos.

Deshojando la margarita

Por ahora el Gobierno no se decide y, por ende, el oficialismo tampoco: apoyar al ala izquierda que promueve las modificaciones o al ala derecha que asegura que estos cambios traerán más inestabilidad para las empresas, especialmente las pequeñas.
Por otro lado, el temor es que Diputados siga aprobando estas leyes y que la avalancha se vuelva imparable.

Muchas de estas reformas son necesarias. El tema es lograr el equilibrio necesario para proteger los derechos de los trabajadores y de las pequeñas empresas.